Debemos preparar nuestras propias represalias comerciales

Han bastado unas pocas semanas para que la segunda irrupción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos haya puesto patas arriba muchas de las convenciones en las que se instalaba el mundo desde hacía décadas. Las medidas anunciadas en materia de comercio, política internacional o seguridad dan la puntilla a cualquier atisbo de orden multilateral y de un mundo con normas que pudiera quedar en pie. Con el frenesí de quien pretende noquear al contrario al inicio del primer asalto marcando infinidad de golpes que se superponen uno sobre otro, el primer efecto de la segunda era Trump es haber provocado un shock paralizante ante al que hay que reaccionar.

Algunas de las más preocupantes señales de esta “nueva era” se emiten en clave interna estadounidense. No es aventurado pronosticar que el establishment de poder coronado en torno a Trump avanzará en la conversión de EE UU en un régimen autoritario, difícilmente equiparable a una democracia liberal, y controlado por un Partido Republicano en manos de la extrema derecha trumpista. La hoja de ruta de este plan es el Proyecto 2025, elaborado por el think tank ultraconservador Fundación Heritage. En su implementación, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que dirige Elon Musk desempeña un papel principal con una cirugía de machete sobre la Administración Pública. El tiempo dirá si hablamos de recortes al uso, en la lógica del catecismo neoliberal, o de una estrategia coercitiva por parte de una Administración ejecutiva que va a deglutir la acción del resto de poderes del Estado.

Lo que está fuera de toda duda es que el orden político internacional, basado en las reglas, alianzas e instituciones multilaterales que surgieron de la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, atravesado por los cambios que impusieron primero la Guerra Fría y luego la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética, está derrumbándose.

Lo que más inmediatamente nos afecta como clases trabajadoras europeas es la política de aranceles recíprocos anunciada el 13 de febrero. Esta política supone una amenaza existencial para el sistema de comercio basado en reglas y un ataque a sectores productivos españoles y europeos. Hay que partir de la falsedad o insuficiencia del término. No es solo una estrategia de confrontación arancelaria estadounidense frente a la previsible respuesta europea. El Gobierno de EE UU los concibe también en represalia contra cualquier impuesto al consumo como el IVA y contra las regulaciones europeas que no gusten a la Administración de Trump (por ejemplo, las que puedan afectar a las grandes tecnológicas). Desde este punto de vista hablamos de un ataque sin precedentes a la soberanía de los Estados europeos y de la propia Unión.

Su objetivo económico es deteriorar los saldos exportadores de los países con los que EE UU tiene un mayor déficit comercial. Cuando tanto se habla de la falta de competitividad de las economías europeas, se olvida que el enorme déficit comercial de EE UU con la UE (235.571 millones de dólares en 2023) es síntoma más bien de lo contrario.

El efecto de estas medidas arancelarias sobre la economía y el empleo en España puede parecer limitado a los 16.000 millones de euros que exportamos a EE UU en 2024 en productos manufacturados, químicos, agrícolas, así como en metales, vidrios y cerámicas. El encarecimiento de estas exportaciones podría conllevar su reducción, lo que disminuiría la actividad y el empleo, cierto, pero el impacto sobre nuestra economía sería mucho mayor, ya que buena parte del comercio exterior español se realiza con otros países de la eurozona, que a su vez (sobre todo Alemania) son grandes exportadores a EE UU.

A la Unión Europea no le interesa desatar una guerra comercial basándose en decisiones de escalada arancelaria recíproca, pero no es seguro que podamos evitarla. Conviene tener al menos claras algunas cuestiones.

La estrategia de respuesta a la agresividad trumpista debiera concitar consensos. En primer lugar, dentro de la Unión y, en segundo lugar, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) junto con otros países afectados por las medidas de la Administración de Trump, lo que emitiría una señal inequívoca de que se está en disposición de unirse en la defensa de un comercio con normas.

La Comisión Europea, de forma paralela, debería preparar una lista de represalias comerciales que afectasen a los sectores económicos exportadores más sensibles de EE UU para anunciarlas en el momento en que se materialice cualquiera de las amenazas de aranceles, coordinando la respuesta con otros gobiernos de modo que se pueda maximizar el impacto de cualquier represalia.

Todas estas actuaciones deben incluir posicionamientos en la próxima cumbre del G-20, prevista en Sudáfrica, en la que se debe instar a dar un nuevo impulso a las instituciones multilaterales. Esto requiere de una intensa actividad diplomática previa.

Pero aquí aparece un problema fundamental. Es difícil generar esos consensos cuando el caballo de Troya del trumpismo anida ya en Europa. Estamos ante una disputa civilizatoria que cuestiona la democracia, hoy constituida en una forma de gobierno en retroceso. Los bárbaros ya están aquí. Me refiero obviamente a las opciones neoreaccionarias de extrema derecha, antieuropeas, y que son el principal problema para emprender una respuesta por la defensa de los intereses de las clases trabajadoras y populares europeas ante la amenaza exterior planteada. Hoy gobiernan importantes Estados europeos, condicionan la gobernabilidad de otros y han sido naturalizados por parte de otras expresiones políticas liberales y conservadoras, como sucede en el caso de España. Aislarlos es imprescindible. El apaciguamiento no sirve.

Un último elemento. Resulta imperiosa la necesidad de desplegar una política de inversión que refuerce la autonomía estratégica en la UE. La intención trumpista al repartirse Ucrania con Rusia y mandar a la UCI a la OTAN, desentendiéndose en apariencia de los compromisos atlantistas en materia de defensa, es forzar a las economías europeas a dotarse de suministros militares y energéticos de procedencia estadounidense. No es casualidad que desde el inicio de la invasión del territorio ucranio el incremento de las importaciones españolas desde EE UU esté ligado al petróleo y al gas. Es el momento de apostar con más intensidad por el despliegue de las energías renovables que refuercen el suministro energético de forma autónoma, y que para España pueden ser un factor de concurrencia en la economía global, de reindustrialización del país y de generación de empleo de calidad.

Esta estrategia de inversión requiere de medidas audaces en la UE. Von der Leyen va a proponer que se flexibilicen las normas fiscales y las exigencias de los planes fiscales y estructurales nacionales, para permitir que el aumento en los gastos de defensa no contabilice para el cómputo del déficit y la deuda pública. Esta medida por sí sola puede resultar contraproducente y desembocar en un incremento del gasto en compras de material armamentístico a EE UU, acentuando nuestra dependencia en ese terreno. Es necesario añadir el impulso de un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas para las inversiones adicionales esenciales de la transición verde y para la reducción de la brecha de inversiones con EE UU y China en tecnologías digitales avanzadas e inteligencia artificial. Habría que movilizar recursos y tener en cuenta todas las necesidades de inversión —tecnológicas, verdes, sociales, además de en seguridad y defensa— en su conjunto, de cara a la elaboración del Marco Financiero Plurianual posterior a 2027.

La disputa es de fondo. El sindicalismo europeo debe jugar un papel proactivo ante las instituciones comunitarias y en cada uno de nuestros países para encarar el reto que tenemos por delante en la defensa de la democracia y el Estado social de derecho.