El año de frenar la pesadilla del alquiler

El efecto en el mercado del alquiler de las casi 400.000 viviendas turísticas que, según el INE, hay en las ciudades españolas, es evidente pero difícil de precisar. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Málaga ha logrado cuantificar el punto de inflexión (un 10% del parque de viviendas) a partir del cual estos alojamientos alteran de forma significativa al alza los precios de los alquileres. El estudio calcula que los pisos turísticos son directamente responsables del 31% del alza de los precios en Málaga y del 33% del alza en Sevilla. En el barrio malagueño de La Merced, donde más viviendas turísticas hay en la ciudad, el precio del metro cuadrado alquilado se ha más que duplicado en solo ocho años, una cifra inasumible para la clase media asalariada española y que se replica en todas las grandes ciudades.

Según el portal inmobiliario Idealista, que solo tiene en cuenta precios de oferta, en 2024 el precio de los alquileres se incrementó en España un 11,5%. Según los expertos, volverán a crecer entre un 7% y un 10% en 2025, muy por encima de la inflación prevista.

La espiral descontrolada del mercado del alquiler está haciendo imposible la vida de los no propietarios, especialmente jóvenes, cerca de los centros económicos. Los factores de presión sobre los precios son múltiples, pero algunos, como los pisos turísticos, están perfectamente identificados y hay que saludar cualquier iniciativa para combatirlos. La UE ha impuesto un registro unificado que exige el registro de estos inmuebles en una base de datos centralizada. A partir del 1 de julio, solo las viviendas inscritas podrán ser alquiladas. El objetivo es sacar del mercado turístico (o, por lo menos, regularizar) las viviendas no registradas; en Madrid se calcula que son el 90% del total.

Este miércoles ha entrado en vigor también el nuevo índice de referencia de arrendamientos previsto en la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno. Impone un límite de subida del 2,2% a la revisión de los contratos en enero, en lugar de hacerlo al IPC. Su efecto será inicialmente limitado porque solo se aplica a los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023. El nuevo índice se suma al sistema nacional de precios de referencia del alquiler para empujar a los caseros a pedir por sus propiedades precios razonables. Pero las administraciones que pueden tener un impacto más directo y rápido son la local y la autonómica, y ahí el ciudadano está al albur de la ideología o los intereses de turno, cuando el estrangulamiento de los inquilinos es una emergencia social y económica.

Los datos son cada vez más elocuentes. Hay que insistir cuanto sea necesario en que la vivienda no es un producto de inversión como otro cualquiera: el acceso a una vivienda digna es un requisito constitucional. Los poderes públicos pueden y deben intervenir en el mercado para asegurarlo. La ciudadanía lo está exigiendo, y de forma cada vez más ruidosa.