Una de cada tres viviendas del centro de Málaga tiene uso turístico

La Plaza de la Merced es uno de los lugares de referencia del centro de Málaga. Está cerca de la alcazaba y el teatro romano, acoge la Casa Natal de Picasso y en sus bajos hay numerosos bares y establecimientos de ocio. Es, además, algo cada vez más parecido a un decorado. De las 1.216 viviendas registradas en el catastro en todo el barrio que lleva su nombre, hasta 654 tienen uso turístico. Nadie vive en ellas de manera regular, y suponen el 53,7% del total. Es el extremo de un casco histórico, donde el 36% de sus pisos están orientados al turismo. Son los datos que ha sacado a la luz el informe Impacto de la vivienda turística encargado por el Ayuntamiento de Málaga y sobre el que el Área de Urbanismo ha basado su decisión —anunciada esta semana— de prohibir nuevas licencias en los 43 barrios de toda la capital donde se supera el 8% de viviendas de uso turístico frente al total registradas. A mayor porcentaje, explica el documento, menor calidad de vida de los residentes y más dificultades de acceso a la vivienda porque los precios de compra y alquiler crecen con rapidez. Por eso, también, son los que más vecinos pierden.

La manifestación celebrada el pasado 29 de junio dejó de manifiesto que el acceso a la vivienda es una de las mayores inquietudes de la sociedad malagueña. Hasta 15.000 personas salieron a la calle bajo el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir convocadas por el Sindicato de Inquilinas local, que ante la persistencia del problema ha anunciado una nueva marcha el próximo 9 de noviembre. Un estudio de la Universidad de Málaga presentado a principios de año también reflejaba que la vivienda es la primera preocupación en la capital. Y miembros de entidades como la Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga llevan años dando la cara para denunciar la pérdida de vecinos y las dificultades de convivir rodeados de pisos turísticos, que, según el Registro de la Junta de Andalucía, ya superan los 12.800 en toda la ciudad, aunque unas 1.500 están todavía en tramitación. A fecha de febrero —el dato que maneja el informe— suponían casi el 74% de las plazas de alojamiento de la ciudad, casi 30.000. Del resto, el 18% pertenecen al sector hotelero y el restante 8% es para los apartamentos turísticos.

Desde que comenzó el runrún sobre los efectivos negativos de estos alojamientos, el Ayuntamiento ha afrontado la situación de forma tibia. El alcalde, Francisco de la Torre, echaba balones fuera hasta que poco a poco fue cambiando de opinión. Aquella protesta ciudadana fue un antes y un después al demostrar la relevancia social del problema. Días antes de que se celebrara anunció su primera gran medida para establecer límites. Añadía un nuevo requisito para las nuevas licencias: que las viviendas tuvieran un acceso independiente o que estuvieran en bloques donde todos los inmuebles se dedicaran a alojamiento turístico. De la Torre, aseguró entonces que el movimiento había llegado cuando tuvo las herramientas adecuadas. Aludía al decreto que la Junta de Andalucía, publicado en febrero, que otorgaba competencias a los ayuntamientos para establecer límites o prohibiciones al sector. Entonces también encargaron un estudio para ver el peso real de los pisos turísticos en el término municipal y analizar si había argumentos para poner en marcha otras medidas y decidir cuáles.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha analizado distintas variables y ha utilizado datos públicos y concertados —desde el callejero al Registro de Turismo de la Junta de Andalucía, el catastro o el Instituto Nacional de Estadística (INE)— para sacar conclusiones. La principal, que en los vecindarios donde hay más de un 8% de viviendas de uso turístico respecto al parque residencial total existe una “relación directa” con distintos problemas de convivencia. Enumera varios: de la menor calidad de vida de los residentes a su expulsión, además de una mayor dificultad del acceso a la vivienda ante la subida de los precios. Idealista, de hecho, refleja que en el último año éstos han subido un 18% para la venta y un 13% para el alquiler. Todo ello “representa un nuevo riesgo sobre la cobertura del derecho a la vivienda de la población residente”, apunta el documento. “No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa”, llegó a decir De la Torre hace unas semanas.

“Razones de interés general”

De los 316 barrios residenciales que hay en Málaga, 43 están por encima de ese umbral del 8%. Hay casos donde la presión es extrema. Si en La Merced una de cada dos viviendas es turística, La Goleta es una de cada tres o y La Victoria o Pedregalejo una de cada cuatro. El fenómeno, de hecho, va por zonas. El documento recoge que el crecimiento de las viviendas de uso turístico desde 2016, cuando se regularon por primera vez en Andalucía, ha sido muy intenso especialmente en los lugares más atractivos para el turismo, como el casco histórico y sus alrededores o las áreas más cercanas a la playa de barriadas como El Palo, Pedragalejo o Huelin. “Si no se establecen límites a este desarrollo”, dice el informe, el crecimiento “acaba teniendo una incidencia desmesurada en esos barrios”.

El estudio cree que más allá de las molestias de los vecinos en el día a día, existen “razones de interés general” para establecer limitaciones en esas zonas áreas. De ahí la decisión municipal. “En todos los barrios que tengan más del 8% de viviendas de uso turístico no permitiremos ni una más”, anunció el miércoles la concejal de Urbanismo, Carmen Casero. Hay otras zonas, las que están entre el 4,5% y el 8%, donde existirá una vigilancia intensiva para que el número de licencias no supere la frontera. Un tercer grupo engloba las áreas donde la incidencia turística es mínima. La media de la ciudad es de 4,5%.

Las razones que argumenta la publicación no justifican, para la patronal, las nuevas restricciones al sector en la ciudad. “Carmen Casero improvisa de nuevo porque tiene una manifestación por delante. Y pone en marcha una medida limitativa del derecho de uso que tenemos los propietarios sobre nuestra vivienda”, subraya Juan Cubo, presidente de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, quien denuncia “el ataque constante” al sector. “Nos sentimos muy injustamente maltratados”, asegura quien cree también que la limitación impulsada por Málaga no afectará al mercado del alquiler local: “La mayoría de quienes dan uso turístico a sus viviendas lo hacen porque quieren utilizarlo ellos mismos durante varias temporadas del año y de la otra manera no podrán”. En su opinión, también ocurre porque esos posibles arrendadores “tienen miedo” y sienten “inseguridad” ante un posible impago de una larga estancia “ante la desprotección legal del propietario”, de ahí que —desde su punto de vista— esos propietarios no van a traspasar sus viviendas al mercado convencional.