De “yihad” contra el turismo a la “expulsión” de los vecinos: el agujero negro de la vivienda en Málaga

La escasez de vivienda ha metido a Málaga en una espiral de la que no sabe cómo salir. El tema protagoniza desde hace la conversación en la calle y la bipolaridad es evidente. No solo en opiniones, también en datos. A un lado, Idealista revela que el precio del metro cuadrado anunciado para venta se ha duplicado solo en una década en la ciudad —ha pasado de 1.515 euros en julio de 2014 a 3.016 euros en junio de 2024— y que el del alquiler ha crecido un 113% en ese periodo, exigiendo ya un 42% de los ingresos a los inquilinos para pagar la renta. Al otro, la economía muestra que la provincia está a la cola del país en renta media por habitante y PIB por persona. Ahora los responsables políticos se han enfrascado en un cruce de declaraciones, a cuál más ocurrente, que hablan de “yihad” contra el turismo, la importancia “relativa” de tener que abandonar la ciudad para vivir en otras localidades ante la imposibilidad de encontrar casa o el papel de sumisión de la población hacia el turismo.

La hemeroteca más reciente echa chispas. Sobre todo desde el pasado 29 de junio, cuando más de 15.000 personas salieron a la calle para protestar por la escasez de vivienda y las consecuencias del turismo masivo. La convocatoria partió del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, cuya intención era “evidenciar el problema”, según explicó su portavoz, Curro Machuca. “Creo que la presión ciudadana va a activar las instituciones para empezar a poner soluciones”, añadía con optimismo. Más que medidas, eso sí, las administraciones han iniciado una batalla dialéctica. “Una gran parte de las opiniones carecen de información suficiente o directamente banalizan y no dan importancia al problema”, sostiene Pedro Marín Cots, director del Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS), que ha trabajado 40 años para el municipio sobre vivienda y urbanismo. “La situación actual es acojonante, catastrófica”, remacha.

Uno de los primeros en calentar el ambiente fue el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, del gobernante Partido Popular. Lo hizo días antes de que se celebrara la marcha reivindicativa. Entonces criticó la existencia de una “yihad o guerra santa” contra el turismo. Y aseguró que la movilización respondía a “propaganda del régimen, propaganda roja” cuyo plan era perseguir turistas, aunque la llamada a salir a la calle partiese del sindicato y no de un partido político. Nadie, ni los propios convocantes, esperaba la masiva respuesta de la ciudadanía, que desbordó las previsiones de asistencia durante todo el recorrido por el centro de la ciudad. “Más pitufo, menos brunch” decía una de las pancartas con ironía. También tiraba de ella el concejal de Turismo, Jacobo Florido. “Espero que todos los que hayáis venido de fuera, en la manifestación del 29J hayáis, al menos, disfrutado de la mejor gastronomía”, escribió aquel día en X.

Días después, la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, dejaba claro el modelo de ciudad que impulsa el equipo de gobierno. “Si no tienes propiedad nadie te está expulsando de Málaga: simplemente los mercados han cambiado”, sostenía, para luego aclarar: “Necesitamos los centros de las ciudades para que haya empresas”, certificó. Después, Pomares volvió a elevar el nivel. “En la manifestación lo que vi fueron señales de etnocentrismo y racismo”, afirmó. Luego aseveró que “el turista no tiene la culpa”, algo en lo que —quizá, sin querer— coincide con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que apunta más bien a las políticas públicas (o su inexistencia) que han permitido la masificación y la multiplicación de viviendas turísticas, que ya superan las 12.000 solo en la capital malagueña.

“No expulsamos a nadie”

El Gobierno entró en el debate con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que llegó a Málaga el viernes de la semana pasada para participar en un foro organizado por la Cadena SER. Sus manifestaciones dejaron con el gesto torcido a parte de la audiencia. Con el paso de los días, sus palabras suenan aún peor: “Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir: ¿Quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto?”. La exministra Irene Montero le respondía en redes: “Amiga, date cuenta. Las personas deben tener una vivienda digna porque la vivienda es un derecho. Las casas son para vivir, no para sobrevivir y ser mano de obra barata o siervos o esclavos del turismo o el sistema neoliberal”.

En su intervención, Rodríguez pidió que el ayuntamiento declarase a la ciudad zona tensionada —el Consistorio se ha negado a hacerlo— para rebajar la presión de los alquileres. “Alcalde, el trámite es muy fácil”, señalaba. El regidor, Francisco de la Torre, que prácticamente se había mantenido al margen del combate dialéctico, saltó a la palestra el pasado domingo en una entrevista en diario SUR cuyo titular resumía su modo de pensar: “No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa”. El regidor sostenía desconocer el número de vecinos que han salido de la ciudad en los últimos años, pero los datos los tiene un organismo municipal, la Oficina de Medio Ambiente Urbano (OMAU), que reflejan que entre 2015 y 2020 abandonaron la capital 36.687 personas entre 25 y 40 años y de 0 a 10 años. “Se trata de un proceso de gentrificación a gran escala y características brutales”, recalca Marín Cots, que dirigió la institución durante dos décadas.

El 60% de las salidas fue al área metropolitana, justo el destino que señalaba De la Torre. Mencionaba a municipios como Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre o Cártama, pero también iba más allá: a Villanueva del Rosario (3.400 habitantes), a 45 kilómetros de distancia. “Sus palabras han tenido mucha repercusión”, sostiene el regidor del municipio, Ignacio Ramos (PP). Un vistazo a Idealista refleja, eso sí, que la oferta es ya escasa debido a la mayor demanda y, también, al traslado de una colonia de artistas al pueblo. “Ahora mismo no hay oferta de alquiler”, aclara Ramos, que señala que para venta sí hay, pero la mayoría son a reformar. “Son más grandes y a mejor precio que en Málaga”, destaca quien también vende las bondades de su pueblo: entorno natural, autovía a tres kilómetros y la capital a 25 minutos en coche. También hay cuatro autobuses diarios que realizan el trayecto en alrededor de una hora.

“El problema es poliédrico”

El lunes, en rueda de prensa, De la Torre insistió en el mismo mensaje subrayando una condición: “Siempre y cuando la movilidad sea buena y haya un transporte público eficaz y suficiente”. “No animamos a nadie a que se vaya”, aclaraba, al tiempo que achacaba a la falta de hoteles el gran crecimiento de las viviendas turísticas. “Han sido un factor de subida del precio del alquiler de larga temporada”, reconocía, un mes después de ponerles freno por primera vez, ya que las nuevas licencias solo se otorgarán a las que tengan entrada independiente.

“Lo que queda claro es que el problema es poliédrico”, afirma Enrique Navarro, director del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo en su sede malagueña. “A veces las palabras son desafortunadas, pero también demuestran lo que hay, lo que defiende cada uno. Las administraciones siempre están echando balones fuera y culpándose unas a otras, cuando todas, ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno, tienen su parte de responsabilidad y podrían tomar más medidas” La institución que dirige Navarro realiza un estudio sobre en qué grado influyen las viviendas turísticas en el precio del alquiler. Aún sin terminar, los primeros datos muestran que lo aumentan entre un 20% y un 40%. “Es el momento de abrir canales de comunicación con la ciudadanía y reformar las políticas públicas, innovar, ser más atrevidos”, concluye Navarro, que recuerda que el problema de la vivienda y el turismo es global: “Málaga suena mucho, pero también ocurre en otras muchas ciudades y países”.