Los nuevos pisos turísticos necesitarán contar con permiso de la comunidad de vecinos

Que los vecinos den el visto bueno a cada apartamento turístico. Esa es una de las ideas del Ejecutivo para frenar la proliferación de casas vacacionales en España, según una enmienda que el grupo socialista presentará en el Congreso. El texto modifica la Ley sobre propiedad horizontal para reforzar el papel de las comunidades de propietarios en este asunto e impone, en el caso de nuevos pisos que se vayan a dedicar a este fin, la necesidad de obtener un permiso del resto de vecinos. En caso de no tenerlo, advierte que el presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de los vecinos, podrá pedir el cese de la actividad “bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes”, según el texto que ha adelantado la Cadena SER y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La reforma se aprovechará para reforzar una facultad que ya tienen las comunidades de propietarios desde 2019: vetar los pisos turísticos en el edificio. Esto requiere el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos y ahora se especificará que debe hacerse por “acuerdo expreso” en el que se “apruebe, limite, condicione o prohíba” los pisos turísticos. Es decir, que incentiva a que el asunto tenga que tratarse en la reunión de escalera. Esos mismos términos son los que se aplican para el permiso individual que deben obtener los nuevos apartamentos. En el caso de que un piso se alquile sin ese permiso, como sucede con otras actividades consideradas nocivas o insalubres, o simplemente que no forman parte del uso residencial que a priori deberían tener las viviendas, la fórmula es que el presidente dé el aviso “a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes”. Es decir, que también un inquilino puede requerir ese paso, aunque la norma, con carácter general, establece que en el caso de tener que demandar judicialmente se requiere el acuerdo de la junta de propietarios, en la que no participan los arrendatarios.

En ninguno de los dos casos, como sucedía hasta ahora por una cuestión de seguridad jurídica, se aplican las nuevas reglas de manera retroactiva. Esto implica que los pisos que ya existen pueden seguir funcionando si respetan la normativa vigente en el momento en que empezaron a alquilarse a turistas. Esto no impide la posibilidad de extinguir los existentes por otras vías, como pretende hacer el Ayuntamiento de Barcelona basándose en normativa propia y de la Generalitat.

“El incremento de viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados”, justifica el texto legal, que deberá aprobar el Congreso. Entre las consecuencias detectadas, cita problemas “de convivencia y molestias”, pero también “la reducción de vivienda para el alquiler residencial, el incremento de precios de los arrendamientos para vivienda habitual y en muchas ocasiones una progresiva gentrificación de muchos barrios”.

Apoyo a ayuntamientos y comunidades

La enmienda señala que, con esta iniciativa, el Estado busca “contribuir a las medidas que se están adoptando por otras Administraciones locales y autonómicas”. En los últimos meses, bajo la batuta del Ministerio de Vivienda, el Gobierno se ha reunido con comunidades y ayuntamientos para abordar el asunto de los apartamentos turísticos, que considera, como muchos expertos, que está incidiendo sobre los precios de las casas porque limita la oferta residencial disponible en una situación de escasez general. Fruto de esas reuniones, el departamento que dirige Isabel Rodríguez anunció el adelanto de la nueva normativa europea para tener un registro único de casas que se alquilan a través de plataformas digitales por plazos inferiores a un año. El Ejecutivo ha prometido tener lista antes de acabar 2025 esa herramienta, que otorgará a cada casa una “matrícula única”. De esta manera, se ayudará a identificar la oferta ilegal, que es uno de los problemas que se han detectado.

El pasado diciembre se anunció la formación de un grupo interministerial, en el que han participado otros departamentos como el de Turismo, para estudiar otras medidas en las que el Gobierno tuviera competencias. Tocar la Ley sobre propiedad horizontal era una de las posibilidades que se barajaban desde el principio, junto con algunas iniciativas de tipo fiscal, que se siguen estudiando. El cambio que se lleva ahora al Congreso es uno de los primeros pasos en un asunto en el que la mayor capacidad de acción corresponde a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en turismo, y los ayuntamientos, que también pueden intervenir a través de las ordenanzas y la normativa urbanística.

Según los últimos datos que maneja el INE, el pasado febrero (la muestra se toma dos veces al año, en invierno y verano) España contaba con más de 350.000 apartamentos turísticos. Esas cifras reflejan la oferta que tienen activa plataformas digitales como Airbnb, que en ocasiones poco tiene que ver con las licencias concedidas. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, reconocía el año pasado menos de 300 pisos autorizados (aunque ha regularizado muchos a lo largo de este año) frente a los 16.000 que operaban en la ciudad en febrero según el instituto estadístico. Y ese descuadre entre oferta legal e ilegal (o en ocasiones alegal) se repite en muchas otras urbes frente a servicios de inspección que se ven desbordados. La nueva iniciativa presentada por los socialistas en el Congreso también busca ayudar a detectar y denunciar los apartamentos que funcionan sin licencia.

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