Málaga mueve ficha frente a los pisos turísticos: los prohibirá en 43 barrios

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a mover ficha para frenar el crecimiento de pisos turísticos en la ciudad. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha anunciado la prohibición de registrar nuevos alojamientos vacacionales en 43 barrios de la capital malagueña. Son las zonas en las que, como mínimo, ocho de cada cien viviendas están dedicadas a alojar turistas, según un estudio encargado por el propio consistorio. Es el segundo movimiento municipal después de que en junio estableciera los requisitos que limitaban la concesión de nuevas licencias. Se prevé que la nueva medida entre en vigor en noviembre después de pasar por el pleno municipal. “Este no es el final, es el principio”, ha subrayado Casero, que no ha descartado futuros pasos para seguir restringiendo el sector. “Seguiremos haciendo cosas”, ha insistido. Según el registro de la Junta de Andalucía, la ciudad de Málaga cuenta en la actualidad con más de 12.800 viviendas turísticas.

La norma se basa en un estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga y realizado por la consultora Espacio Común, con el objetivo de conocer al detalle la situación de los alojamientos vacacionales en la ciudad. Los 417 barrios de la ciudad han sido radiografiados a partir de numerosos aspectos, desde las plazas de alojamiento al incremento de licencias turísticas o demandantes de vivienda protegida. El resultado ha indicado que la capital cuenta con una media del 4,5% de pisos turísticos en su parque residencial, pero también que hay 43 barriadas donde superan el 8%. “Más allá de lo deseable” según las variables del estudio, que no ha sido hecho público. “En ellos no permitiremos ni una vivienda más”, ha destacado Casero. El resto de la capital será analizado de manera periódica para vigilar que no pase de la cifra establecida como límite. “La cirugía de la geografía municipal es muy importante porque hay que tomar decisiones que son diferenciadas”, ha señalado la edil, que también ha apuntado la construcción de unas 3.000 viviendas de protección oficial. Mil en marcha, mil en licitación y otras mil más adelante.

La concejala ha explicado que para la implantación de esta nueva prohibición ha sido fundamental el decreto publicado a principios de año por la Junta de Andalucía que daba competencia a los ayuntamientos de la comunidad para limitar o prohibir la instalación de pisos turísticos. A raíz de ese documento el Área de Urbanismo tomó una primera decisión, la de restringir las nuevas licencias a inmuebles que cuenten con acceso independiente y aquellos incluidos en bloques residenciales dedicados en exclusiva al turismo. La norma fue anunciada en junio, pero con efecto retroactivo hasta día de la publicación del decreto autonómico, ya entrado febrero. Desde entonces, el Ayuntamiento ha solicitado a la Administración autonómica que cancele unas 1.500 licencias —según datos municipales—, justo las que se han tramitado desde entonces sin cumplir las nuevas exigencias.

La segunda decisión, la anunciada hoy, entrará en vigor en los primeros días de noviembre, una vez pase por el Pleno Municipal del próximo miércoles 30 de octubre. Ahí será aprobada —el PP de Francisco de la Torre tiene mayoría— y será enviada para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. “Hemos ido lo más rápido posible teniendo en cuenta que el decreto de la Junta es de febrero”, ha subrayado Casero, que ha hecho hincapié en que las primeras medidas para contener las viviendas turísticas llegaron en junio. “No sé si algún ayuntamiento actuó antes. Sevilla aprobó las limitaciones en dos barrios y fue la semana pasada”, ha apuntado en referencia a la prohibición municipal a nuevas licencias en la mayoría de los barrios del centro histórico y Triana y la fijación de un máximo del 10% de alojamientos turísticos respecto a los residenciales. “¿Se podía haber hecho antes? Tenían que haberlo preguntado a los partidos que gobernaban en la Junta”, ha dicho Casero. Desde enero de 2019 lo hace su partido, el PP, en mayoría absoluta desde 2022.

“Daño gravísimo a la economía”

“Nuestra impresión es que se actúa apresuradamente. No han escuchado, que sepamos, a nadie del sector sobre cómo sería una mejor regulación. Creemos que no va a causar el efecto que ellos esperan respecto al precio de los alquileres, pero sí puede hacer un daño gravísimo a la economía y es un ataque a la libertad de las personas”, ha subrayado Juan Cubo, presidente Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, en la Cope. “Es una sorpresa”, ha subrayado. “Volvemos a poner a los ciudadanos al frente de solucionar problemas que han generado nuestros políticos, las administraciones, por una falta de planificación de vivienda durante décadas”, ha subrayado.

Como ocurre en buena parte del país —la reciente manifestación de Valencia es ejemplo de ello—, la vivienda es el principal tema de debate en Málaga desde hace años y se ha acelerado tras la pandemia. Los informes sobre el acelerado crecimiento del precio de alquiler o compra de los inmuebles se suceden y, por ejemplo, el precio del metro cuadrado se ha duplicado en solo una década, según Idealista. La vivienda es ya la primera preocupación de los malagueños, según reflejaban los datos de la última Encuesta Social Malagueña impulsada por la universidad y que sostenía también que el 72% de la población considera que el turismo ha impactado de forma “negativa” o “muy negativa” en la disponibilidad de viviendas asequibles. El pasado mes de junio unas 15.000 personas salieron a la calle bajo el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir. La manifestación fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas, que ha vuelto a convocar una nueva propuesta para el próximo 9 de noviembre.