Airbnb advierte al Gobierno que el decreto para regular el alquiler en pisos turísticos no solucionará la crisis de vivienda

Airbnb, la mayor plataforma de alquiler de pisos turísticos en el mundo con más de ocho millones de anuncios, ha arremetido esta mañana con dureza contra el decreto que prepara el Ministerio de Vivienda para acabar con la oferta ilegal de pisos turísticos y alerta del efecto negativo que tendrá tanto en el precio del alquiler como en los ingresos de aquellos particulares que obtienen parte de sus ingresos a través del alquiler de sus casas. “Los casos de Portugal, Nueva York y Escocia ofrecen ejemplos significativos del impacto negativo y de la falta de eficacia que pueden tener las regulaciones cuando no contemplan la realidad local o se utilizan como la única solución para abordar la crisis de la vivienda. Un año después de prohibir los alquileres de corta duración, la ciudad de Nueva York sigue experimentando un aumento en los precios de la vivienda y los viajeros están pagando precios de hoteles en máximos históricos, mientras que en Escocia la introducción de normas restrictivas ha tenido un impacto perjudicial en la industria del turismo y en la economía en general”, recalca en la respuesta a la consulta pública abierta por el Ministerio de Vivienda.

La plataforma traslada esos ejemplos a España, con el caso de Barcelona, donde existe una moratoria absoluta para la obtención de licencias para viviendas de uso turísticos desde 2014. “Los precios del alquiler han aumentado un 70% en 10 años. Imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda”. Asimismo se alinea con los argumentos de los propietarios de pisos turísticos, al defender que estos, por su reducido número, no están detrás de la falta de vivienda en alquiler. Airbnb alega, con datos del INE, que los pisos turísticos suman 340.000 unidades en toda España, “lo que supone apenas un 1% del total de viviendas”, mientras que en España hay 4,7 millones de casas vacías, lo que representa el 14% del total del parque de casas”.

En último lugar critica la propuesta del Gobierno ya que, a su juicio, se desvía “de manera significativa” del propósito original de la Unión Europa, “que busca la elaboración de normas locales específicas y proporcionadas, gracias al intercambio de datos entre gobiernos y plataformas”. Así denuncia que lejos de crear un registro único, el decreto propuesto introduce nuevos requisitos que generan confusión y cargas administrativas adicionales: mantiene tres niveles de registro (estatal, autonómico y municipal), obliga a los caseros a tener dos números de registro nacional (uno con fines turísticos y otro con fines no turísticos) y establece la obligación de renovar anualmente el registro nacional. “Airbnb aboga por una regulación equilibrada y proporcionada, y mantiene su compromiso de colaborar con las autoridades españolas para asegurar la adopción de una normativa local armonizada con la regulación europea. Esto facilitará el intercambio de datos entre plataformas y autoridades para mejorar la regulación, simplificará los procesos para los anfitriones y pondrá en valor el hospedaje como un motor económico para España, especialmente en áreas rurales donde no hay hoteles”, apunta Sara Rodríguez, portavoz de Airbnb Marketing Services para España y Portugal.