Nicaragua, dictadura por ley

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acelera su deriva autoritaria en Nicaragua. La pareja presidencial, que en enero cumplirá 18 años al frente del Gobierno, acaba de blindar su permanencia en el poder con una reforma constitucional que formaliza el cargo de “copresidenta”, elimina la separación de poderes y consolida el control del caudillo sandinista sobre el Ejército y la Policía. Se trata de la consagración de una dictadura en toda regla, que ya venía ejerciendo en la práctica un dominio omnímodo en cada espacio de la vida pública. La oposición ha sido aniquilada y el país centroamericano es, de facto, un sistema de partido único. Y a eso se añade la despiadada represión de todas las voces críticas, dentro y fuera del país.

La lista de las víctimas perseguidas por Ortega y Murillo es enorme porque el régimen no acepta el más mínimo resquicio de disidencia. Entre ellas figuran los comandantes y militantes sandinistas que rechazan la traición a los ideales de la revolución, dirigentes opositores, religiosos y prelados de la Iglesia católica, periodistas y, más en general, cualquier demócrata. El goteo de liberaciones de presos políticos que de vez en cuando anuncian las autoridades solo es una estratagema para lograr un balón de oxígeno ante la presión internacional. La contrapartida es el destierro y el despojamiento de la nacionalidad, como ha ocurrido con el premio Cervantes Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli o el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Con estas premisas, el panorama que tienen ante sí los nicaragüenses es más desolador que nunca. No solo no existen cauces legales para expresar el descontento —la violencia policial reprime todo conato de protesta, y Ortega llegó a prohibir incluso las manifestaciones de carácter religioso—, sino que la pareja presidencial ha rechazado cualquier intento de mediación al considerarlo una injerencia extranjera.

El presidente de EE UU, Joe Biden, ha decidido, antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero, poner en marcha una investigación que puede dejar en la estacada la economía del país latinoamericano. La Administración demócrata revisará las violaciones de derechos humanos y laborales de Nicaragua, lo que abre la puerta a una suspensión de Managua del tratado de libre comercio. Las consecuencias pueden ser demoledoras para la estabilidad del régimen, que sigue teniendo en Washington, destino del 55% de las exportaciones, su principal socio comercial. Por eso, Ortega ya busca estrechar relaciones con China, a la que en noviembre ofreció el proyecto de un corredor interoceánico parecido al canal de Panamá. Habrá que ver cuáles serán los pasos de Donald Trump, que ya ha abierto más de un frente en la región. Mientras tanto, Ortega y Murillo solo tienen una opción democrática, que es abrir un proceso de transición. De lo contrario, serán recordados como dignos sucesores del dictador Anastasio Somoza.