Ortega y Murillo destierran al obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua

Criticó desde el púlpito a un alcalde sandinista y dos días después el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo desterró a Ciudad de Guatemala. El obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, se convierte así en el tercer prelado del país centroamericano en ser expulsado. El “pecado” del obispo, según los testimonios de laicos de la localidad, fue quejarse de una actividad bulliciosa de la alcaldía sandinista de ese municipio, que interrumpió la misa que él daba el domingo 10 de noviembre. “Pidamos al Señor perdón por nuestras faltas y también por aquellos que no respetan el culto, verdad, pidiéndole porque este es un sacrilegio que está cometiendo el alcalde y todas las autoridades municipales, y vayan a decírselo porque saben la hora de la misa”, sostuvo el religioso en referencia al regidor, Leonidas Centeno. La persecución contra la Iglesia católica arrecia en Nicaragua y un grupo de expertos de Naciones Unidas ha dicho que el Gobierno incurre en crímenes de lesa humanidad.

Fuentes de la Iglesia confirmaron a EL PAÍS el destierro de Herrera trass mantener una reunión en la Conferencia Episcopal en Managua. Luego, fue trasladado al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde lo embarcaron en un vuelo con destino final a Ciudad de Guatemala. Hasta la publicación de este artículo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua no ha emitido comentarios sobre el destierro de su tercer obispo; tampoco lo ha hecho el Vaticano. La expulsión de Herrera ha sido confirmado a EL PAÍS también por un laico cercano a la Diócesis de Jinotega y sacerdotes en el exilio. En Ciudad de Guatemala, el obispo fue recibido en la Casa Provincial de los Frailes Franciscanos, la orden religiosa a la cual pertenece.

Antes de monseñor Herrera, fueron desterrados el obispo Rolando Álvarez –quien fue preso político– y monseñor Silvio Mora, titular de la diócesis de Siuna.

Un súper alcalde sancionado

Leonidas Centeno es considerado uno de los “super alcaldes” del régimen de Ortega y Murillo, es decir uno de los ediles con más influencia dentro del aparato sandinista. En el norte del país son un trío edilicio clave para el funcionamiento del régimen: Sadrachach Zeledón en Matagalpa, Francisco Valenzuela en Estelí, y Centeno, quien en noviembre de 2021 fue sancionado por Estados Unidos por “haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007″.

“Centeno está vinculado de manera directa con instancias de represión ocurridas en Jinotega durante las manifestaciones de 2018. En particular, los ataques con armas pesadas que llevaron a cabo paramilitares provocaron la muerte de cuatro personas, y hubo personal de la alcaldía de Centeno que participó en la represión de los manifestantes”, argumentó el Departamento del Tesoro estadounidense.

A pesar de que la persecución religiosa ha tenido ha amainado levemente después de la expulsión de Álvarez y Mora, el espionaje y el acoso en las iglesias de Nicaragua se mantiene. La persecución religiosa incluye amenazas, agresiones físicas y verbales, criminalización, desnacionalización, restricciones para ejercer la fe y tradiciones religiosas, campañas de desprestigio, así como la vigilancia y profanaciones de templos. Eso ha sido calificado por los expertos de Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua.

De acuerdo con el informe, la persecución estatal que mantiene el régimen de Ortega y Murillo contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos se debe a su capacidad autónoma de generar movilización social o congregar personas. Según el Grupo de Experto de Naciones Unidas, la capacidad de movilización social autónoma de las instituciones religiosas hizo que fuesen consideradas como una potencial amenaza al control total que pretende tener el Gobierno sobre todos los sectores de la sociedad nicaragüense.

Entre abril de 2018 y marzo de 2024, los expertos del Grupo de Naciones documentaron 73 casos de detenciones arbitrarias contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que hay detenciones que no son denunciadas.

Según el Grupo de Naciones Unidas, las acusaciones penales fueron “infundadas, desproporcionadas y basadas en pruebas falsas”. Las víctimas fueron acusadas de los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, amenazas, violación sexual y terrorismo.

En 19 casos fueron acusadas de lavado de dinero y 13 casos fueron acusadas de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Al cierre del informe, 36 de las 73 personas encarceladas tienen condenas por los supuestos delitos. Cabe destacar que a las personas detenidas se les privó de su derecho al debido proceso y a un juicio justo. Estas personas condenadas incluyen 11 religiosos y 10 laicos católicos, así como 2 pastores y 13 miembros de la Iglesia evangélica.