Ortega aprueba una nueva Ley de Telecomunicaciones para endurecer la represión y el espionaje digital en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada en su totalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó esta semana la llamada Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que faculta al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) exigir licencias para operar a los canales locales y creadores de contenido por internet. La normativa ha sido de inmediato rechazada por opositores y periodistas ya que, coinciden, busca intensificar el espionaje y la desinformación dirigida desde el oficialismo.

La ley establece un control directo de Telcor sobre los contenidos que se difundan en la televisión y en internet, el último reducto de la libertad de expresión y prensa que los Ortega-Murillo no han podido desarticular en Nicaragua. Después de la confiscación de redacciones y el apresamiento de periodistas, la web se ha convertido en el bastión del periodismo exiliado. Nicaragua es el único país del hemisferio occidental que no tiene un periódico impreso, todos los canales de televisión son controlados por el Gobierno, al igual que las radios. Las televisoras y emisoras que no están bajo el dominio sandinista se limitan a emitir contenido de entretenimiento.

En el apartado 10 del artículo 5 de la nueva ley se establece como contenido “toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión, que pueda ser distribuida por cualquier medio electrónico”. Sin embargo, no se especifica qué tipo de contenido regulará Telcor. Queda total discrecionalidad. Pero los opositores consideran que, si se toma en cuenta el historial de Telcor, las regulaciones están destinadas contra el contenido crítico del régimen Ortega-Murillo.

La normativa regulará los canales locales que operan en los departamentos y comunidades, pero también a los proveedores de servicios de comunicación audiovisual. Eso incluye la televisión abierta, la radio y “cualquier otro servicio de difusión audiovisual utilizado, cualquier tecnología o medio de transmisión, incluyendo el internet”.

“Telcor, incluso antes de la aprobación de esta ley, ha funcionado como un centro de espionaje contra la población nicaragüense. Este organismo ha sido instrumental en la intervención de llamadas y grabaciones ilícitas, utilizando infraestructura para espiar a ciudadanos y disidentes”, asegura Félix Maradiaga, exprecandidato presidencial en el destierro. “Además, Telcor ha servido de infraestructura para el lanzamiento de campañas de desinformación en redes sociales, estableciendo granjas de cuentas falsas que han buscado manipular la opinión pública en beneficio del régimen. Estas actividades fueron evidenciadas cuando empresas como Meta [Facebook] detectaron y cerraron masivamente cuentas falsas creadas y operadas desde Nicaragua, todas vinculadas a una red digital controlada por el régimen”, recuerda el opositor, basado en una investigación del medio de comunicación Divergentes y Nicaragua Actual.

Según Maradiaga, estas operaciones de espionaje y desinformación no se han llevado a cabo de manera aislada. “Hay indicios claros de que regímenes extranjeros con avanzada capacidad tecnológica, particularmente China y Rusia, han proporcionado apoyo técnico para estas actividades. Rusia, por ejemplo, mantiene una base en Managua, desde donde podría estar asistiendo al régimen sandinista en el uso de tecnología de vigilancia y control digital”, agrega.

El artículo 5 de la ley es ambiguo en cuanto a la definición de proveedores y creadores de contenidos. No deja claro a quiénes va a regular: si a quien emite o produce el contenido. “Cuando una ley tiene conceptos que le permite al funcionario utilizar uno u otro en dependencia de las circunstancias o de la persona a la que se va a aplicar. No existe seguridad jurídica, lo que hay es arbitrariedad”, dijo Eliseo Núñez, jurista y exdiputado exiliado en Costa Rica.

La licencia y las multas

De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, los proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales deberán solicitar una licencia a Telcor, la cual tendrá una vigencia de 10 años. Por ella, quienes la obtengan deberán pagar a Telcor un monto por el “derecho recurrente mensual por el uso”. Sin embargo, en la normativa, no se especifica ese monto.

Telcor también podrá exigir judicial o extrajudicialmente la cancelación de pagos pendientes o atrasados de cargos administrativos, multas o cualquier otra obligación. Pero tampoco se detallan en el texto y se espera que eso sea establecido con la publicación de un reglamento de la ley.

Aparte de esta característica recaudatoria, Maradiaga lo que resalta es el control autoritario sobre las telecomunicaciones en Nicaragua. Algo que no es nuevo: “La censura y la represión contra medios independientes han sido constantes en la historia reciente del país. Un ejemplo emblemático fue el ataque contra las torres de Radio Corporación, destruidas en varias ocasiones por actos de terrorismo estatal para silenciar una de las pocas voces independientes que quedaban en el país. Sin embargo, con la evolución de las tecnologías y el incremento de la conectividad digital, el régimen ha encontrado necesario ajustar su estrategia y recurrir a herramientas más sofisticadas, como esta nueva ley, para extender su control al espacio digital”.

Nicaragua recibió una calificación baja en libertad en la red en un reciente informe de Freedom House. Es decir que no figura entre los países más represivos del mundo en este ámbito. Esto se debe, resalta Maradiaga, en gran parte a que la actividad digital en Nicaragua es sorprendentemente vibrante, pero con una característica particular: “La mayor parte de la participación proviene de nicaragüenses en el exilio. Este fenómeno refleja que el espacio digital nicaragüense es activo y diverso no gracias a una libertad interna, sino debido al compromiso de la diáspora y el exilio nicaragüense que, desde el exterior, continúa alzando la voz y generando contenido crítico contra el régimen”.

“Esta ley y el uso que se le ha dado a Telcor evidencian el objetivo último del régimen: cerrar todos los espacios de disidencia y debate, incluso en el ámbito digital, donde el control del espectro radioeléctrico se vuelve más desafiante debido a la tecnología moderna. La intención del régimen es clara: restringir cualquier forma de expresión libre, ya sea en medios tradicionales, redes sociales o cualquier otro canal de comunicación, para garantizar su permanencia en el poder sin voces de oposición”, insiste el opositor despojado de su nacionalidad.