Las exigencias de la Selectividad

Más de 300.000 estudiantes de 2º de Bachillerato estrenarán en junio los exámenes de la nueva Selectividad, el mayor cambio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en medio siglo. En tres días se jugarán años de enseñanza y buena parte de su futuro profesional. Pero la gran mayoría de ellos y de sus profesores desconocen aún, más de un mes después del inicio de curso, los detalles de los ejercicios a los que deberán enfrentarse. Este intolerable retraso desembocó el viernes en una huelga de alumnos con protestas en medio centenar de ciudades.

La PAU se desarrollará más de cuatro años después de la entrada en vigor de la nueva ley educativa (la Lomloe) y debe adaptar las pruebas al paso de un modelo memorístico a otro centrado en las competencias y en su aplicación real, en línea con los cambios desarrollados las últimas décadas en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, hasta el pasado 11 de junio el Gobierno no publicó el decreto a partir del cual las comunidades autónomas, en coordinación con sus universidades públicas, deben publicar las instrucciones específicas para realizar los ejercicios.

En el retraso del Gobierno, que en el verano de 2022 ya trabajaba en la nueva PAU, influyó el adelanto electoral del 23-J y el largo proceso de formación del nuevo Ejecutivo. Pero también que Educación decidiese rebajar sus intenciones iniciales, en especial en lo relativo a la muy criticada prueba de madurez. A esa tardanza inicial se suma la achacable a las propias autonomías y a las universidades. Salvo excepciones como Galicia, aún no han aprobado los modelos de exámenes y los ejemplos que puedan servir de referencia a estudiantes y profesores. Así, alumnos y docentes llevan semanas de clase sumidos en el desconcierto y sin saber cómo adaptarse a esas pruebas más competenciales.

Los ministerios de Educación y de Universidades y la Conferencia de Rectores se comprometieron ayer con el Sindicato de Estudiantes, convocante de las protestas, a que antes del día 26 estén publicadas en todas las comunidades las orientaciones y modelos de exámenes y los criterios de corrección. Aunque ese compromiso se cumpla en toda España —Andalucía lo hizo ayer mismo—, el hecho es que los bachilleres habrán perdido casi dos meses de un curso trascendental.

Si el PP quiere mejorar la Selectividad, en lugar de dedicar casi un año a empecinarse en proponer una prueba común en toda España para terminar concluyendo lo que desde el principio era evidente —su inviabilidad—, tiene en manos de su amplio poder autonómico trabajar eficazmente para beneficiar a los alumnos. Hay que ser exigentes con los estudiantes, pero esta vez los que no han hecho sus deberes son los representantes políticos.