El PP constata que no puede hacer la misma Selectividad en las comunidades donde gobierna

Después de años reclamando una “Selectividad única” ―rebautizada recientemente como “común”―, y de meses prometiendo que los estudiantes de las 12 comunidades autónomas donde gobierna la estrenarían el próximo mes de junio, el Partido Popular ha admitido esta semana que su propuesta resulta de momento inviable. El argumento que ha esgrimido el PP es que los currículos de segundo de bachillerato ―simplificando, los temarios que se estudian en dicho curso― son distintos entre unos territorios y otros y, por tanto, no puede ponerse el mismo examen. Se trata del mismo argumento con el que venían contestando a su propuesta el Ministerio de Educación, ejecutivos autonómicos en manos de otros partidos y diversos responsables universitarios ―e, incluso, de forma diplomática, el Gobierno canario, del que los populares forman parte y en el que ostentan la cartera de Educación―, que han defendido, en cambio, avanzar en una armonización que este año ha dado un paso importante en cuestiones como la reducción de la optatividad (habrá un solo modelo de ejercicio por cada materia) y la limitación del alcance del nuevo enfoque competencial (solo tendrán este planteamiento más aplicado entre un 20% y un 25% de las preguntas), como adelantó EL PAÍS.

Hacer la misma Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), incluso limitada a aquellas comunidades autónomas comprometidas con la causa (es decir, lo que ha intentado ahora el PP), requiere cambios normativos que llevarían años. Imponerla en todos los territorios, sean o no partidarios de dicha unificación (que es el objetivo político manifestado por el PP y Vox), exigiría una reforma todavía más larga y profunda, que debería empezar por la ley orgánica de educación, y de resultado dudoso, ya que la justicia, como hizo en 2012 el Tribunal Constitucional, podría considerarlo una invasión de las competencias educativas de las comunidades autónomas, que comparten dicha parcela con el Gobierno. El ruido que todo ello generaría no beneficiaría a los más de 300.000 estudiantes que anualmente se presentan a una prueba que, ya de por sí, crispa los nervios de muchos de quienes se presentan. Especialmente este curso, en el que va a inaugurarse la Selectividad adaptada a la Lomloe, y las comunidades autónomas van muy retrasadas a la hora de aprobar su normativa autonómica y publicar ejemplos de cómo serán los nuevos exámenes, lo que desembocó el viernes en una jornada de huelga en secundaria y manifestaciones que sacaron a la calle a miles de estudiantes en medio centenar de ciudades españolas.

La materia de Historia de España es la más simbólica para el PP. Pero resulta también, según han acabado reconociendo los populares esta semana en un mensaje remitido a los medios, “una de las asignaturas más difíciles de homogeneizar”, ya que una parte de las comunidades autónomas incluyen “en su currículo el estudio de toda la Historia y otras solo de la contemporánea, los siglos XIX y XX”.

El partido añadió que ha empezado a trabajar con la Real Academia de la Historia en la definición de unos nuevos currículos de la asignatura. Pero, por rápido que pretendan ir, las comunidades autónomas no podrán aplicar nuevos contenidos de dicha materia en la Selectividad hasta dentro de varios años. Y parece además complicado que el resultado sea que haya temarios idénticos en todos los territorios donde gobierna el PP. La ley de educación establece que el Ministerio de Educación fija la mitad del currículo y las autonomías, la otra mitad, en cada asignatura. Y cuesta imaginar que comunidades como Andalucía, Canarias, Galicia, Aragón y Cantabria, por citar solo cinco donde gobierna el Partido Popular, vayan a renunciar a incluir en sus currículos capítulos dedicados a la historia específica de sus territorios.

El PP se halla, además, de cara a la Selectividad de este curso, ante un dilema. Y es que la única manera de hacer exámenes con contenidos más o menos parecidos en territorios que tienen currículos distintos consiste en centrar las preguntas en aquellos temas que todos tienen en común. El partido, a la vista del comunicado que difundió esta semana, parece apostar por ello a través de la llamada figura de las “matrices”. El problema es que dicha solución envía a los institutos el mensaje de que aquello que no está incluido en las matrices no será preguntado y, por tanto, no es necesario estudiarlo. Y ello choca no solo con otro de los mantras educativos más repetidos en los últimos años por el Partido Popular, consistente en acusar al Ministerio de Educación de regalar aprobados y bajar el nivel de exigencia, sino con el real decreto de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, aprobado en junio por el Gobierno, y con el acuerdo alcanzado hace unos días por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que establece que los exámenes deben estar diseñados de tal manera que para obtener la mejor calificación sea necesario haber estudiado casi todo el temario ―los coordinadores autonómicos de la Selectividad lo fijaron entre el 75% y el 80%―.

Cuadrar horarios

Quedan opciones intermedias, como que todas las comunidades del PP incluyan algunas preguntas iguales en los exámenes, por lo demás distintos, de cada asignatura. Pero ese objetivo también está resultando complicado, según admite una fuente del PP, por la dificultad de cuadrar los horarios de inicio de los ejercicios ―en segundo de Bachillerato hay 42 ejercicios― en las 12 comunidades donde gobiernan. Una decisión organizativa en la que tienen mucho que decir las universidades públicas de cada territorio, que son en la práctica las que llevan a cabo la prueba. Si los exámenes de cada asignatura no empiezan a la misma hora, resulta arriesgado poner preguntas iguales. Basta con que un alumno salga pronto del aula y cuente en cualquier red social qué incluía el examen para que miles de estudiantes de otras comunidades donde el ejercicio empiece más tarde cuenten con ventaja, con el consecuente escándalo. El acuerdo parece muy difícil, aunque según la misma fuente las comunidades no han renunciado a cuadrarlos. Lo único seguro es que, en línea con lo acordado con las universidades, las pruebas serán el 3, 4 y 5 de junio.

El PP también ha hecho hincapié esta semana en que el terrorismo será “uno de los contenidos evaluables” que tienen previsto incluir en las “matrices” del examen de Historia de España. Fuentes del Ministerio de Educación, recuerdan, sin embargo, que el terrorismo ya es una materia evaluable en la PAU en toda España, porque figura en la parte del currículo de la asignatura que fija el Gobierno. El tema La Transición y la Constitución de 1978, incluye el capítulo La normalización democrática y la amenaza del terrorismo. Y en el tema Memoria democrática figura el capítulo Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del terrorismo en España.