Feijóo asegura que las autonomías en manos del PP celebrarán una EBAU con contenidos comunes
Las pruebas de acceso a la universidad se celebrarían al mismo tiempo y se corregirían con los mismos criterios en 2025. El ministerio considera el anuncio “una frivolidad”
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha avanzado este miércoles en León que las comunidades gobernadas por los populares van a celebrar unas pruebas de acceso a la universidad ―antes conocida como selectividad y ahora como EBAU― con unos contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración comunes. El examen se pondrá en marcha en 2025 y harán llegar el modelo al Ministerio de Educación. “Si no lo copian, ellos se lo pierden”, ha señalado. La prueba única, una “frivolidad” a ojos del Ministerio de Educación, era una de las promesas electorales del PP, al igual que Vox. La decisión afectaría al 70% de quienes se presentan a este selectivo.
Los consejeros de Educación de las 11 comunidades gobernadas por el PP (en Canarias las competencias educativas son de Coalición Canaria) se reunieron el martes en Génova para hablar de su propuesta conjunta en busca de la “igualdad y la excelencia”. La idea de una selectividad común ha sido una bandera de Ciudadanos durante años y a ella se ha terminado sumando el PP, que cuando ha estado en el Ejecutivo no ha tomado medidas en ese sentido. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y cada una de ellas diseña y corrige sus propias pruebas que se adaptan a los contenidos que se estudian en su región (no coinciden todos) y las celebra cuando decide.
El anuncio de Feijóo no ha gustado al Ejecutivo. Fuentes del Ministerio de Educación argumenta que “el PP en lugar de defender una prueba única, opta por poner en marcha una prueba solo para las comunidades de su partido, creando división y fomentando desigualdades”. El 60% del currículum de bachillerato lo decreta el ministerio en las comunidades no bilingües, el 50% donde tienen idioma propio.
La selectividad única es objeto de un gran debate político, pero el expediente del centro educativo ―en ocasiones inflado de forma artificial―, pesa más en la nota final que las pruebas comunes a toda la comunidad autónoma. Los centros privados puntúan con la máxima nota (sobresaliente) al 30,2% de los alumnos, frente al 21% de la pública.
La disparidad de fechas de la EBAU supone un lío burocrático a la hora de ingresar en una facultad. Esa nota sirve luego para cualquier autonomía, pues el sistema de acceso a la universidad es común a todo el Estado. “No tiene sentido que haya 17 pruebas de acceso a la universidad para acceder al mismo sistema universitario”, ha afirmado Feijóo.
La consejería de Educación de la Comunidad Valenciana es más ambiciosa que Feijóo y propone, según recoge Europa Press, que el Ministerio de Educación coordine con los gobiernos autonómicos una prueba que se base en los currículos básicos que son comunes en toda España (50% o 40%, según la lengua) y se recogen en el decreto de bachillerato publicado en 2022. Discrepa Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras: “Con los curriculums diferentes que se desarrollan en las comunidades autónomas, hacer una prueba única nos parece francamente poco viable”.
“CRUE [la conferencia de rectores] no tiene constancia de esta propuesta, pero en estos momentos una prueba única es imposible cuando no hay un bachillerato único en todas las comunidades”, ha insistido Eva Alcón, su presidenta y rectora de la Universidad Jaume I sin distanciarse un ápice de la posición que mantiene la entidad de siempre. Mientras, el sindicato de funcionarios CSIF, que reivindica desde hace años una prueba única, reclama “un pacto de Estado que unifique todas las pruebas” en las 17 comunidades, no solo las gestionadas por los populares. También lo reclama Concapa, que representa a familias de escuelas religiosas: “La medida es buena, pero no vemos claro que se ponga en práctica. Pedimos que sea una EBAU única para todo el territorio”.
Acto en León
Feijóo ha hecho coincidir este anuncio con el Día Internacional de la Educación y un viaje a León para reivindicar los buenos resultados de Castilla y León en las pruebas de diagnóstico PISA, que se sitúa tradicionalmente primera. Han asistido al acto sobre educación alumnos con excelente expediente académico de la comunidad y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que esta semana mostró sus discrepancias sobre esta prueba a la ministra Pilar Alegría en una reunión privada. No es casual que sea en esta región, pues históricamente todos los consejeros de educación ―y en ocasiones sus presidentes autonómicos― lamentan que en sus aulas de grados con enorme demanda, en especial Medicina, se sientan muchos alumnos de otras comunidades que según PISA tienen peor sistema educativo. La crítica va especialmente dirigida a los alumnos de Extremadura, ahora gobernada por el PP, y Canarias, donde su partido cogobierna desde esta legislatura.
El Ministerio de Educación llegó a consensuar con la mayor parte de las comunidades autónomas hace más de un año una gran armonización de la prueba, que tenía previsto implantar junto al nuevo formato de Selectividad. Muchos especialistas proponen diversas alternativas para que la prueba sea más homogénea, como incluir algunas preguntas comunes en los ejercicios de toda España. Pero desde el Ejecutivo no se puede imponer una selectividad única. El Tribunal Constitucional ya hace 12 años determinó que el Gobierno central tiene competencias para regular la prueba de acceso a la Universidad, pero limitada solo “al contenido básico de la misma”. En ningún caso, seguía la sentencia del TC, “implica ni ha implicado nunca identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar”, ya que la Generalitat, con quien tenía el litigio, ostentaba una “competencia compartida”.
El acuerdo del ministerio abarcaba el diseño de los exámenes, con concreciones sobre el tipo de tareas a incluir en las pruebas o el número de palabras que deberían redactar los alumnos en la pregunta abierta del examen de Historia de España; el grado de optatividad en los ejercicios; las herramientas de que podrían disponer los alumnos ―como la calculadora o las fórmulas matemáticas―; y los criterios de evaluación. Es decir, por ejemplo, cómo se penalizan las faltas de ortografía.
La sincronía de fechas forzará también a cuadrar un calendario escolar común de las 11 comunidades, pues en la actualidad los cursos no empiezan y acaban al mismo tiempo y las pruebas se celebran en un lapso largo de tiempo amplio. Por ejemplo, este curso en Cantabria la EBAU ordinaria empezó el 5 de junio y en Andalucía el 13; y la convocatoria extraordinaria, el 5 de julio en la primera y el 11 de julio en la segunda. Además, en las autonomías con lengua cooficial, hay un examen de EBAU más.
La ministra del ramo, Pilar Alegría, no se ha pronunciado acerca de la propuesta del PP. Probablemente, lo haga este jueves cuando acuda junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la reunión del Consejo Escolar del Estado, en el que ambos detallarán en qué consiste el plan de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas para niños de primaria y ESO.
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