La Selectividad única para toda España: un mensaje político eficaz y un gran lío educativo

La Selectividad única suena bien en un momento de altísima competencia para entrar en ciertas carreras. Pero es más fácil de enunciar que de aplicar. Implantar un mismo examen de acceso a la Universidad en toda España, en vez de uno distinto en cada comunidad autónoma, ha sido uno de los principales planteamientos educativos del PP ―que ya lo anunció y acabó renunciando a él hace una década― a lo largo de la legislatura. El argumento principal es que reforzaría la igualdad de oportunidades en una prueba decisiva para miles alumnos. Un mensaje sencillo frente a un Gobierno embarcado en una reforma educativa (como todas) compleja. Una decena de expertos consultados por este periódico consideran, sin embargo, que se trata de un objetivo inviable o alcanzable solo a costa de un gran conflicto educativo y político que podría no servir para nada: en 2012, el Tribunal Constitucional ya rechazó un intento mucho más limitado del Ejecutivo de regular el contenido concreto de la prueba. El 60% de la nota de acceso a la Universidad (el porcentaje fue fijado en su día por los populares) procede, además, del expediente del Bachillerato, es decir, de la suma de las calificaciones de miles exámenes y tareas distintos, recuerda Manuel Fernández Navas, profesor de Educación de la Universidad de Málaga. Y sin eliminar o reducir drásticamente el peso del Bachillerato, algo que nadie parece dispuesto a hacer, la guerra educativa, política y muy probablemente judicial que desencadenaría un examen único aún tendría menos sentido.

Casi todas las fuentes consultadas consideran necesario, al mismo tiempo, avanzar hacia una mayor homogeneización de unas pruebas que dan acceso a un distrito universitario único. Esto es, que permiten a un estudiante solicitar matricularse en cualquier facultad pública española con la nota de Selectividad, independientemente de dónde se haya examinado. “Se está generando una sensación cada vez mayor de agravio en parte de los estudiantes y sus familias. Y la idea de dejarlo como está, creo que no es planteable”, afirma Ismael Sanz, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y ex director general de Innovación Educativa de la Comunidad de Madrid con el PP.

Los especialistas proponen diversas alternativas para que la prueba sea más homogénea, como incluir algunas preguntas comunes en los ejercicios de toda España. El Ministerio de Educación ya había consensuado, de hecho, con la mayor parte de las comunidades autónomas una gran armonización de la prueba, que tenía previsto implantar junto al nuevo formato de Selectividad, finalmente congelado tras la convocatoria de las elecciones del 23-J. Dicho acuerdo abarcaba el diseño de los exámenes, con concreciones sobre el tipo de tareas a incluir en las pruebas o el número de palabras que deberían redactar los alumnos en la pregunta abierta del examen de Historia de España; el grado de optatividad en los ejercicios; las herramientas de que podrían disponer los alumnos ―como la calculadora o las fórmulas matemáticas― y los criterios de evaluación que se aplicarían, desde la penalización por faltas de ortografía, a la expresión escrita y el uso del vocabulario técnico a través de una rúbrica (el documento que se utiliza para intentar estandarizar la evaluación) común.

Competencias compartidas

El examen único es un mensaje políticamente más contundente que el de mejorar la homogeneidad de la prueba por la vía del consenso. Pero llevarlo a la práctica implicaría muchos problemas. El primero es al mismo tiempo de carácter político, territorial y jurídico. Hace 11 años el Constitucional zanjó un conflicto parecido entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña señalando que el Ejecutivo tiene competencias para regular la prueba de acceso a la Universidad, pero limitada “al contenido básico de la misma”. En ningún caso, seguía la sentencia, “implica ni ha implicado nunca identidad absoluta de los contenidos concretos del examen a superar”, ya que la Generalitat también ostenta una “competencia compartida”.

Basándose en el artículo 149 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, los magistrados declararon que varias de las previsiones de un decreto del Gobierno que delimitaba el contenido de la prueba vulneraban las competencias de la Generalitat al ser “excesivamente detalladas” y “pormenorizadas”. El tribunal no anuló los artículos porque el decreto ya no estaba en vigor en el momento del fallo. Pero dejó claro su criterio ante una regulación mucho menos invasiva de lo que supondría un examen único para toda España. El Gobierno puede decidir, por ejemplo, cuánto duran los exámenes, pero no que el alumno debe plasmar un análisis de texto “mediante la elaboración de un resumen”, resolvieron los jueces.

Empobrecer el currículo

El examen único también plantea un problema educativo, relacionado con el modelo parcialmente descentralizado del sistema de enseñanza. Y es que los contenidos (el currículo) del Bachillerato no son iguales en toda España. El Gobierno establece la mitad y cada autonomía, la otra mitad, según la distribución en vigor que, con pequeñas variaciones porcentuales, es la que ha funcionado durante la mayor parte del periodo democrático. La lógica indica que una Selectividad única exigiría un currículo único. Pero esta última opción no parece jurídicamente viable a la vista del reparto de competencias fijado por la Constitución y los estatutos de autonomía, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (que, en principio, contará con mayoría progresista bastantes años).

Francisco López Rupérez, que fue presidente del Consejo Escolar del Estado con el PP, sí cree que la prueba única podría implantarse, y que hacerlo supondría “ganar en justicia a la hora de ordenar el acceso a la Universidad”. Pero al mismo tiempo, admite las dificultades, relacionadas sobre todo con el hecho de la competencia compartida entre Gobierno y autonomías para fijar los programas. Una solución, apunta, sería que la EVAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) se realizara solo sobre la parte de los contenidos que fija el Gobierno. Pero ello, advierte Alejandro Tiana, ex secretario de Estado de Educación con los socialistas, “implicaría un empobrecimiento del currículo del Bachillerato por la vía de la prueba”. La Selectividad tiene tanta trascendencia que condiciona lo que se estudia en los dos años anteriores. De modo que, si la EVAU solo examina de la mitad del currículo, los centros educativos se enfocarían de forma natural y casi inevitable a dicha parte, afirma Tiana.

Buena parte de las polémicas que cada año surgen en torno a la EVAU no tienen, por otra parte, escala autonómica, sino más pequeña: responden con frecuencia a la forma de corregir de un determinado tribunal. Y afrontar el gran conflicto de implantar un mismo examen en toda España con el argumento de la uniformidad, manteniendo al mismo tiempo una fuente de diferencias de tal envergadura como ese no parece tener mucho sentido. Pero las posibles soluciones a esto último también plantean problemas educativos. La forma más segura de asegurar la objetividad sería utilizar una prueba tipo test, similar a la que se utiliza en el examen MIR para la formación de especialistas médicos. Pero una prueba así dejaría sin evaluar competencias centrales del bachillerato, como la expresión escrita.

Propuestas realistas

Casi todos los expertos consultados se muestran partidarios de introducir no un examen único, sino mejoras “posibilistas”, como las descritas hace unos días por Lucía Cobreros, Lucas Gortázar y Juan Manuel Moreno en un informe de EsadeEcPol, para lograr unas pruebas más comparables entre universidades. Moreno, catedrático de Educación en la UNED, menciona varias, como “fijar algunas pruebas o preguntas comunes” para todos los territorios, o añadir al examen de cada comunidad una parte de test a modo de “termómetro”. Dicho test complementario, coincide Ismael Sanz, “serviría para igualar un poco la nota final y para contrastar si hay muchas diferencias en los resultados de unas comunidades y otras”. El propio Rupérez plantea que la Selectividad podría tener una parte común y otra diseñada por cada comunidad autónoma “de menor cuantía”.

El examen único supondría, además, un gran reto logístico. “Si ya es muy difícil realizar la misma prueba a la vez en un territorio como Andalucía, imagina en toda España”, dice Manuel Fernández Navas, profesor de Educación de la Universidad de Málaga, que ha organizado la Selectividad en Andalucía. El docente ve tantos obstáculos para una ganancia potencial tan limitada por factores como el peso que tiene el expediente del Bachillerato en la nota final que duda que vaya en serio. “No creo que sea una propuesta real, sino una forma de activar a sus bases políticas”.

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