Una nueva Selectividad

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el real decreto que regula la nueva Selectividad —la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)—, que estrenarán en 2025 los alumnos que inicien este otoño segundo de bachillerato. La reforma, necesaria para adecuar las pruebas a la nueva ley educativa (la Lomloe, en vigor desde enero de 2021) y su paso de un modelo en exceso memorístico a otro de aprendizaje por competencias, resulta bastante menos ambiciosa de lo que el Gobierno pretendió en un inicio. La apuesta por una prueba de madurez chocó con la falta de programas de formación del profesorado y reticencias autonómicas, académicas y del mundo educativo. El adelanto de las elecciones del 23-J y el largo proceso de formación del nuevo Ejecutivo habían ido retrasando la aprobación de un decreto imprescindible para el trabajo y las expectativas de los casi 300.000 bachilleres que cada año afrontan el examen, sus profesores y sus familias.

Pese a mantener en lo fundamental la estructura clásica de un sistema de acceso a la Universidad que el año próximo cumplirá medio siglo, esta PAU avanza en un enfoque competencial para que los alumnos puedan demostrar que saben aplicar a su vida cotidiana y a los problemas que esta les plantea los conocimientos que han ido adquiriendo. El principal desafío actual de la educación pasa exactamente por reforzar esas capacidades de razonamiento y de adaptación en un mundo en constante cambio. Era necesario acomodar a dicha necesidad también un examen tan trascendental para el futuro de los estudiantes como la Selectividad. Es positivo también el intento de homogeneizar el formato de los ejercicios en toda España, respetando las competencias autonómicas, por primera vez con unos criterios objetivos de corrección y calificación previamente aprobados —por ejemplo, sobre las faltas de ortografía— que limiten la disparidad entre tribunales al evaluar una misma materia.

Pocos ámbitos de la vida de España, un país que ha aprobado desde 1980 ocho leyes sobre esta materia, requieren tanto como la educación de un mínimo consenso entre los partidos y de una política verdaderamente de Estado. Inquieta por ello que el PP, un partido que gobierna en 11 de las 17 comunidades autónomas, las administraciones que habrán de gestionar la nueva PAU, y cuyos representantes participaron durante meses en su elaboración, se oponga ahora a ella. Su presidente anunció en enero una Selectividad común en sus autonomías, que resultó ser una propuesta propagandística de la que el partido no tardó en dar marcha atrás por su inviabilidad. Es necesario que, si se opone, aclare cuál es su modelo. Debe ser un objetivo común sacar la lucha partidista de la educación, y centrar el debate en la mejor formación de los estudiantes.