Los derechos de los dependientes

La historia de María Soledad Domínguez, de 79 años, y Desiderio Hernández, de 83, que este jueves llevaba este periódico a su portada, supera el drama personal. Matrimonio de Plasencia (Cáceres), casados hace casi 60 años, ambos padecen una demencia que avanza con rapidez. Él está valorado con un grado dos de dependencia (sobre tres), lo que le da derecho a una plaza en una residencia; ella, de grado uno, no lo tiene. Separarlos arruinaría la vida que les quede, por lo que uno de sus hijos, su cuidador principal, reclama que se cambie la forma de valorar la dependencia para tener en cuenta casos como este.

Cualquier derecho reconocido en una norma legal, por relevante que sea, pierde algo de sentido si no atiende a las situaciones reales de los ciudadanos a los que pretende cubrir. España dio un enorme salto cuando consagró por ley en 2006 la atención a las personas dependientes, pero su desarrollo ha quedado lastrado a veces por la burocracia, los desequilibrios entre autonomías —que tienen las competencias en asistencia social— y años de recortes económicos.

En 2013, en medio de la austeridad impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, se reguló que los dependientes moderados, como María Soledad, no tengan derecho a una plaza en una residencia pública, situación que se mantiene a fecha de hoy. Los casi 4.000 millones de financiación del plan de choque de 2021 no se han traducido aún en una mejora sustancial de los servicios de atención a la dependencia, como lamenta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales: el tiempo medio para tramitar un expediente asciende a 324 días (cuando no debería superar los seis meses), y más de 296.000 personas estaban a finales de 2023 en lista de espera, entre quienes aguardan su prestación y las pendientes de valorar. En el primer semestre de este año, cada 15 minutos moría una persona esperando aquello a lo que tiene derecho.

Hacer buena política pasa por saber adelantarse a las necesidades y a las trabas futuras. El problema ya está aquí y el horizonte abunda en la misma dirección: los mayores de 65 años serán el 30% de la población española en 2047; y los mayores de 80, el 27% en 2065, según el INE. Todo ello en un contexto de caída de la natalidad y de familias más pequeñas, lo que incidirá en un modelo de cuidados cuya columna vertebral sigue siendo la atención en el ámbito familiar.

Con ese desafío demográfico en frente, el Gobierno presentó en junio la primera estrategia para un nuevo modelo de cuidados, uno de cuyos objetivos es ser más respetuoso con la voluntad de las personas. La historia de María Soledad y Desiderio refleja la relevancia de ese respeto. Y de cierta flexibilidad, ya que ni ellos ni su familia pueden pagar lo que cuesta mensualmente una residencia privada: unos 2.000 euros de media, en un país donde solo el 14% de estos centros son de titularidad y gestión públicas.

La ley de dependencia cumplirá 18 años el 1 de enero próximo, una mayoría de edad suficiente para ofrecer todo lo que se espera de ella. Lamentablemente, aún no es así. A pesar, no obstante, de que ya hay miles de personas cuya situación es sin duda mucho mejor gracias a esa norma.