Tres comunidades recortaron su aportación a la dependencia a pesar de la inyección récord de fondos del Estado

Entre 2021 y 2023, el sistema de atención a la dependencia recibió una inyección de dinero récord: unos 600 millones de euros adicionales que el Gobierno aportó anualmente. Fueron los años en los que se implantó el plan de choque aprobado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para reflotar un sistema que sufrió duros años de recortes durante el Ejecutivo del PP, tras la Gran Recesión. Así, la aportación estatal a la dependencia subió el año pasado un 138% respecto a 2020, frente al 9% de aumento de las comunidades, según el informe publicado este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que elabora a partir del análisis de los últimos datos oficiales. Pero este estudio arroja también otra lectura: tres autonomías disminuyeron su aportación a pesar de esa aportación récord del Estado. Según el comunicado de esta asociación, Castilla y León (con un 6,3% menos), Galicia (2,1%) y Aragón (1,6%) “hicieron caja” con la subida del presupuesto estatal, “aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”.

La financiación de la dependencia corre a cargo del ministerio y de las comunidades autónomas, que ostentan la competencia en la gestión. Lo cierto es que estas últimas han cargado con el mayor peso. Pero la aportación del Gobierno ha ido subiendo en los años del plan de choque y alcanzó el 29% en 2023, según los datos facilitados por la asociación, frente al 71% de las comunidades (aunque para autonomías como La Rioja y Galicia supera el 40%). La asociación destaca que la financiación pública del sistema alcanzó el año pasado los 11.522 millones de euros —de los cuales 8.230 corrieron a cargo de las comunidades y 3.292, del ministerio— y recalca que existe una “acusada desigualdad territorial” entre autonomías.

Todo, en un contexto en el que, pese a la reducción de la lista de espera en estos últimos años, sigue habiendo a día de hoy 292.792 personas que aguardan por algún trámite de la ley. En los seis primeros meses de este año, según la asociación, cada 15 minutos ha muerto una persona “en el laberinto burocrático de la ley”. Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, los fallecidos en estas circunstancias ascendieron a 40.447. Los recortes en la aportación autonómica, se explica en la nota de la asociación, “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”, cuyos objetivos eran reducir la lista de espera, mejorar los servicios y también las condiciones laborales de las trabajadoras del sector (en su mayoría son mujeres).

José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, lamenta que haya comunidades que “cuando reciben más financiación por parte de la Administración General del Estado dejen de financiar los servicios de atención a la dependencia para dedicar sus recursos propios a otras políticas”. Según la nota, Castilla y León invirtió el año pasado 34,7 millones de euros menos que en 2020, en Galicia fueron 6,4 menos y en Aragón, 3,2. En el comunicado se califica de “especialmente sangrantes” los recortes en Galicia, puesto que, explica Ramírez, “se trata ahora mismo de la comunidad donde menos personas se atienden sobre la población potencialmente dependiente”, un 16% frente al 23% de media nacional.

Ante los recortes en dependencia por parte de las autonomías al inicio del plan de choque, el Ministerio de Derechos Sociales incluyó una cláusula en el reparto de parte de la financiación estatal a las comunidades que establecía que, en caso de que su inversión fuera inferior al gasto promediado en los dos años anteriores, serían penalizadas. En el reparto de los fondos de 2023, primer año en que entró en vigor este apartado, seis autonomías fueron castigadas, como adelantó eldiario.es (Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia). En el reparto de la financiación correspondiente a 2024 ya no fue penalizada ninguna, según confirmó hace unos meses Derechos Sociales. Algo que corrobora Ramírez: “Ha habido un cambio de tendencia, el año pasado solo una autonomía redujo su presupuesto respecto al anterior, fue La Rioja, y creo que es debido a la penalización del ministerio”.

En cualquier caso, destaca la asociación, las diferencias entre autonomías son elevadas. El País Vasco invirtió el año pasado 428,5 euros por habitante en dependencia, frente a los 138,2 de Canarias (la media del país fue de 240,5). Las comunidades que mayor porcentaje de la financiación pública asumieron son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Las que menos y, por tanto, más financiadas por la Administración General del Estado están, son La Rioja (59%), Galicia (59,3%) y Andalucía (62,3%), según los datos de la asociación.

Ramírez destaca que el hecho de que 2024 no cuente con presupuestos, sino que se prorrogaran los de 2023, “va a suponer un estancamiento del sistema de atención a la dependencia, porque no se va a mantener el incremento que hubo durante tres años consecutivos”. Pero considera que, si se logran aprobar nuevas cuentas para 2025 y años sucesivos y se mantuviese el ritmo de subida presupuestaria, “en poco tiempo se alcanzaría ese 50% deseado”. Es una reclamación histórica por parte de las autonomías, que la ley se sufrague a partes iguales entre el Ejecutivo y las comunidades. Y algo que consta en el acuerdo de coalición del PSOE y de Sumar: continuar “la senda de crecimiento” de la financiación hasta que la aportación estatal alcance el 50% del total, “asegurando que las comunidades autónomas mantienen su inversión propia”.