Once autonomías recortaron el gasto en dependencia el año pasado respecto a 2020

El año pasado, 11 comunidades autónomas disminuyeron su partida para dependencia respecto a 2020, según los datos publicados este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En un informe en el que analiza las últimas cifras oficiales, publicadas por el Imserso, acusa a los gobiernos regionales de “hacer caja” con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado, “aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas en situación de dependencia”. En 2021, la aportación del Ministerio de Derechos Sociales subió un 44%, hasta alcanzar los 1.992 millones de euros. La financiación de las comunidades se elevó en un 0,57%, hasta los 7.566 millones (las que subieron su financiación compensaron a las que la bajaron). La situación en Cataluña (con 55,1 millones menos) y en Canarias (con 43,6 millones menos), las dos autonomías con mayor lista de espera, es “especialmente sangrante”, según la asociación. En términos absolutos, son las que más disminuyeron el gasto, según el informe.

El grueso de la financiación de la dependencia reposa año a año sobre los hombros de las comunidades autónomas, pese a que la ley establece que estas deben aportar al menos tanto como la Administración General del Estado. En 2021, según los datos publicados por la asociación, las autonomías sufragaron el 79,2% de la financiación pública y el ministerio, el 20,8% restante, aunque hay variación por autonomías (en Galicia, la aportación autonómica es del 67% y en el País Vasco es del 88%).

El año pasado fue el primero del plan de choque aprobado por Derechos Sociales y las comunidades para relanzar el sistema de la dependencia, y por el que el Gobierno ha inyectado unos 1.800 millones de euros nuevos respecto a 2020, si se suman los presupuestos de 2021 y 2022.

Por ello, ante este incremento que consiguió revertir los recortes que lastraban la aplicación de la ley desde 2012, José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, critica que haya 11 autonomías que redujeran su presupuesto. No quiere decir que en esas autonomías disminuyera la partida total para dependencia, sino que, si se descuenta lo que aportó el ministerio, redujeron su propia aportación. Se trata de Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha, según el informe, aunque esta última apenas lo hace en un 0,02%. La horquilla es amplia, va del 24,56% de reducción en Canarias al 0,94% del País Vasco.

Dos comunidades autónomas, Canarias y Galicia, afirman que los datos oficiales, en los que se basa la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para realizar su informe, no son correctos. Canarias asegura que su intervención ha certificado un gasto total de 38,6 millones de euros más, de forma que el año pasado no dejaron de invertir 43,6 millones de euros, sino unos cinco millones. Galicia confirma que las cifras para 2021 son correctas, pero discrepa de las relativas a 2020. Si se atiende a los datos que aporta, el año pasado invirtió 60.056,44 euros más que en 2020. Sin embargo, ninguno de estos datos viene corroborado en la información oficial publicada en la web del Imserso, analizada por la asociación para elaborar su estudio.

“Se está abandonando sin atenciones” a las cerca de 397.000 personas que aguardaban a final del año pasado por algún trámite de la ley, se lee en la nota publicada por la asociación, “mientras el tiempo de espera medio es de 421 días”. En 2021, 43.600 personas murieron mientras esperaban por algún procedimiento de la ley. Según la asociación, el hecho de que estas 11 comunidades redujeran su aportación en 2021 ha “limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”.

De hecho, el año pasado quedaron sin gastar 75,78 millones de euros que estaban presupuestados en concepto de nivel mínimo garantizado de financiación, a través del cual el ministerio transfiere una cantidad a las comunidades autónomas a medida que estas van atendiendo a personas en situación de dependencia. No todas las comunidades avanzaron a igual ritmo. En 2021, el ministerio se había marcado el objetivo de reducir en 60.000 personas la lista de espera y se redujo finalmente en 38.807, recuerda la asociación. “Incluso siete comunidades la incrementaron”, se sostiene en la nota. Entre ellas, Cataluña, Canarias y La Rioja, las tres con mayor lista de espera, recuerda Ramírez.

El hecho de que 11 comunidades disminuyeran su aportación no quiere decir que se atendiera a menos personas. Desde 2015, la cifra de atendidos ha aumentado año a año. También el año pasado subieron. “Hay varias explicaciones para esto. Quiere decir que se ha atendido a más gente, pero con menos dinero autonómico. La cifra depende de la calidad, intensidad y cantidad de los servicios y prestaciones. Y de si se trata de una persona con dependencia leve o severa, que hace que se requiera más o menos dinero”, explica Ramírez.

Este es justamente otro de los aspectos que denuncia la asociación en su nota: la gran desigualdad territorial. El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.196 euros. La comunidad que destinó mayor cantidad fue el País Vasco, con 12.932 euros anuales, una cifra que duplica el gasto de Castilla y León, que con 6.599 euros anuales fue la que menos invirtió.

La asociación puntualiza en su nota que en los criterios para repartir parte del presupuesto de 2022, el ministerio prevé incluir nuevos criterios, como el número de personas atendidas, la agilidad administrativa y la inversión autonómica, entre otros, que benefician a algunas comunidades que han incrementado sus cuantías, como Aragón, Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid, y perjudica a las autonomías que “peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña, La Rioja”.

La asociación llama, para que no vuelva a quedar una parte del presupuesto sin ejecutar en 2022, a que se suban las cuantías que el ministerio aporta por cada persona en situación de dependencia con grado tres (el más grave), de tal manera que se priorice “a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste”.