Los dependientes esperan de media 324 días para ser atendidos: “Mi hermana necesita una residencia y no hay plaza”

Una persona en situación de dependencia tardó el año pasado en España, de media, 324 días en ser atendida. Son 133 menos que a final de 2020, pero siguen muy lejos de los 180 en los que, según la normativa, debería tramitarse un expediente. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca, en un informe que ha presentado este lunes, que 2023 cerró con 296.431 personas a la espera de algún procedimiento previsto en la ley. Y cada 13 minutos murió alguien en esta situación. Si bien el plan de choque que el Gobierno puso en marcha en los últimos tres años ha inyectado unos 3.800 millones de euros a un sistema que, de lo contrario, habría entrado en “colapso”, en palabras del presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, su efecto ha sido “menor de lo esperado”: “La burocracia y la desidia de algunas comunidades autónomas han impedido que haya impactado de manera palmaria en la reducción de la lista de espera y la mejora de las prestaciones y servicios”.

A final de 2023, había 117.187 personas esperando a ser valoradas para saber si tienen algún grado de dependencia. Otras 179.244 personas no percibían una prestación o servicio aun teniendo derecho a ello. Estas últimas constituyen lo que se conoce como lista de espera, que la asociación sitúa en el 11,4%, con 21.008 personas menos que en 2022. Esta organización destaca que el objetivo que se había marcado el Gobierno para 2021 de reducir la lista en 60.000 personas, hasta el 12,7%, “no se ha conseguido hasta dos años después”. Ramírez afirma además que, “de no haber sido por el ajuste estadístico que realizó Cataluña, que en noviembre depuró sus datos y eliminó 25.296 expedientes de las estadísticas, incluso se habría incrementado”.

El mapa de la dependencia dibuja, una vez más, “enormes desigualdades” en el territorio. La asociación analiza 18 indicadores —como el tiempo medio de espera, la variación del presupuesto o la intensidad de horas de ayuda a domicilio— y puntúa a las autonomías, que son las competentes en la gestión de este sistema, llamado a atender a quienes necesitan apoyos en su vida diaria. Más de un millón y medio de personas tienen derecho a ello. La nota media del país es de 4,94, baja respecto al 5,06 de 2022. Lideran el ranking Castilla y León y Castilla-La Mancha, con un 8,3. Murcia y Cataluña están a la cola, con un 1,7. “La brecha es cada vez mayor porque las comunidades que peor desarrollo tienen del sistema son las que más empeoran”, lamenta Ramírez.

Detrás de cada una de estas cifras hay una historia. Como la de Fátima Martín, que tiene 47 años y el grado tres de dependencia, el máximo. Desde que a mediados del año pasado murieron sus dos padres, vive sola en casa, en un pueblo del centro de Gran Canaria, atendida por sus dos hermanos con ayuda de los vecinos. “Tiene el síndrome de Turner, no tiene tono muscular. Ya no se levanta, no camina, con lo cual… todo es a base de grúa, a base de silla de ruedas. Está acostada y no es capaz de sentarse sola en la cama”, explica Carmelo, uno de sus dos hermanos. Fátima tiene alguna dificultad en el habla, así que él explica su caso.

Residen en Canarias, la comunidad autónoma con mayor lista de espera del país. De media, allí pasan 647 días hasta que se recibe la atención. Otras tres comunidades superan el año (Andalucía, Murcia y Galicia) y apenas cuatro y Ceuta están por debajo de los seis meses. “Hicimos los trámites para acogernos a la ley de dependencia desde que salió. Mi hermana estuvo yendo a un centro de día, pero ya no puede ir. Después de la pandemia, a medida que mis padres iban haciéndose mayores y tras una caída de mi hermana, pedimos una revisión. Hace aproximadamente un año y medio, determinaron que tiene derecho a una residencia para personas con discapacidad, pero no hay plaza. Nos dicen que en abril está previsto que finalicen las obras de una y ahí es posible que entre”, explica por teléfono este comercial, de 52 años. Mientras, a esperar. A turnarse por las tardes para poder atenderla, a apoyarse en los vecinos que les ayudan por las mañanas, mientras los hermanos trabajan. “Recibe dos horas y media de ayuda a domicilio un día a la semana a través de la ley, y otros tres días de ayuda a domicilio municipal”.

Plan de choque

El Gobierno ha aumentado en un 138% su inversión en dependencia respecto a 2020. Ya se han revertido los recortes a raíz de la Gran Recesión. En 2021, se aprobó un plan de choque hasta 2023 para reflotar un sistema que estaba ahogado. En estos tres años, “el principal logro”, según el informe, ha sido aumentar en 287.636 las personas atendidas, hasta superar los 1,4 millones. Han subido las solicitudes, las valoraciones, las resoluciones de grado y el número de atenciones. Según Ramírez, se han invertido más de 11.000 millones de euros en la financiación del sistema, de los cuales más de 10.400 han ido al pago directo de prestaciones y servicios. La aportación del Ejecutivo, que cofinancia junto a las autonomías el sistema, se ha elevado del 19,5% del gasto público en 2020 al 39,6% de 2023 (el 60,4% restante a cargo de las comunidades). Y el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar contempla llegar al 50% a final de la legislatura, lo cual requerirá seguir aumentando la inversión.

Sin embargo, la asociación destaca que aún queda mucho por recorrer respecto a los propios objetivos que se habían fijado en el plan de choque. Se han cumplido ocho de los 16 y uno (la reducción de la lista de espera) está “en proceso”; siete aún no se han alcanzado. “Se han conseguido los que tenían que ver con los incrementos presupuestarios y la aprobación de normativa, por ejemplo se alcanzó un acuerdo sobre las condiciones mínimas que deben cumplir los servicios de dependencia. Pero los relacionados con cuestiones tangibles para las personas beneficiarias no: por ejemplo, no se ha revisado el copago, ni se ha abordado la coordinación sociosanitaria”, explica Ramírez. Es especialmente crítico con la reducción de la lista de espera y la mejora de las prestaciones y servicios.

40.000 fallecidos mientras esperaban atención

Respecto a la lista de espera, destaca que de diciembre de 2022 a noviembre de 2023 murieron 40.447 personas esperando por algún procedimiento de la ley (4.913 menos que en el mismo periodo interanual anterior). Al ritmo de reducción actual, se tardarían ocho años en lograr la plena atención. La asociación achaca las cifras a la “complejidad de los procedimientos” desde que alguien solicita que se reconozca su situación de dependencia, unido a la “falta de voluntad política de algunos gobiernos autonómicos”. El año pasado, nueve autonomías redujeron su presupuesto, “haciendo caja” con el incremento de la financiación estatal. En 2023, el Ministerio de Derechos Sociales aprobó una cláusula en la que se establece que en el reparto de financiación en 2024 se tendrá en cuenta la aportación autonómica: si en 2023 su gasto en dependencia fue menor al promedio de 2021 y 2022, se les detraerá esa diferencia del dinero que deberían percibir.

Respecto a la mejora en las prestaciones y servicios, la asociación lamenta que no haya una mejora “sustancial” en las primeras y que los “servicios de bajo coste sigan siendo la tónica general”. El plan de choque establecía “que fuera un derecho subjetivo que toda persona con grado de dependencia reconocido que viviera en su domicilio” recibiera teleasistencia, y a final de 2023 este servicio solo cubría al 35,8% de la población en estas circunstancias. De media, una persona que necesitaba ayuda a domicilio recibió 33,8 horas mensuales, solo 0,3 más que en 2022 (oscilando de 15,8 horas para el grado uno a las 57,9 para el grado tres), que la asociación considera “claramente insuficientes”. Y la prestación que se percibe de promedio por cuidados familiares (el 73% de las veces a cargo de mujeres) es de 240,17 euros, una cifra que “apenas varía” respecto a 2022.

“En líneas generales, podemos afirmar” que, “más allá de la atención residencial o en centro de día”, la atención a la dependencia derivada de la ley “puede constituir actualmente un cierto apoyo para muchos casos, pero casi nunca una auténtica solución o una mejora para la vida de la gente”, se lee en el informe, que constata que “queda mucho recorrido” en mejora de los servicios y personalización de los cuidados. Si bien el verano pasado el Gobierno incrementó las prestaciones y aprobó una mejora de la ayuda a domicilio, “las comunidades autónomas aún no han implementado regulación para aplicarlo”, critica Ramírez, además de que “el decreto dejaba en manos de los usuarios que reclamaran el aumento de horas de ayuda a domicilio”. Por todo ello, la asociación pide al ministerio una simplificación de los procedimientos y reclama que sea exigente con las autonomías.