El Gobierno incrementa las prestaciones a 750.000 personas dependientes

El Gobierno ha aprobado este martes una serie de medidas que favorecerán a 750.000 personas en situación de dependencia, como la mejora de las prestaciones económicas, el establecimiento de cuantías mínimas y la recuperación de la intensidad horaria de la atención a domicilio, entre otras. Según ha desarrollado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las prestaciones de cuidados a las personas dependientes en el entorno familiar se incrementarán en un 17,6% y las que tienen que ver con asistencia personal subirán un 4,5%. También se aumentarán las horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio y se pondrá “un suelo mínimo” a todas las prestaciones. Esta reforma del Real Decreto 1051/2013 acaba definitivamente con los recortes que sufrió el sistema de atención a la dependencia en 2012, durante la legislatura de Mariano Rajoy. “El decreto que aprobamos hoy es la reforma de ese decreto que se aprobó entonces”, confirman fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

“En estos años el Gobierno de coalición ha hecho una inversión histórica en dependencia. Llevamos tres años alcanzando una financiación récord y, solo en 2023, estamos destinando más de 4.600 millones de euros, más del doble de lo que había invertido cualquier Gobierno anterior hasta nuestra llegada”, ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en unas declaraciones difundidas a través de las redes sociales del ministerio. “Este aumento de la inversión ha ido acompañado de un Plan de Choque que hemos acordado con los agentes sociales y las comunidades autónomas y que ha implicado compromisos para reducir las listas de espera, mejorar las condiciones de las trabajadoras y mejorar las prestaciones”, ha añadido.

Según ha destacado el departamento en nota de prensa, estos avances en materia de dependencia durante la legislatura han producido “una reducción sustancial, tanto en las listas de espera, como en los tiempos de gestión de las prestaciones y servicios”. Desde enero de 2021, el número total de personas atendidas por el sistema se ha incrementado en 256.065 (un 23,6% más) hasta un total de 1.340.272. Por otro lado, la lista de espera se ha reducido en 89.069 personas (un 28,6% menos). Así, se ha conseguido que las personas esperando a ser atendidas supongan apenas un 10,8% respecto a las atendidas.

El ministerio destaca en su nota que durante la legislatura el tiempo total medio de tramitación de una prestación por parte del sistema de atención a la dependencia se ha reducido en 129 días (un 28,2%), pasando a estar ya en 328 días, por debajo del año, una cifra que varía mucho en función de la comunidad autónoma de la que se trate. Aun así, con fechas de finales de junio, cerca de 184.000 personas se encuentran en lista de espera para recibir una prestación o servicio, y más de 141.000 aguardan para ser valoradas y saber si tienen derecho a ello.

Gracias a esta reforma, ha subrayado el ministerio liderado por Belarra, “se recuperan y mejoran los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia que existen en nuestro país: las de cuidados en el entorno familiar, las vinculadas al servicio y las de asistencia personal”. Las primeras se incrementan en un 17,6%, por lo que se absorbe y supera el recorte del 14,9% de 2012, medida que afecta a 540.000 personas que verán incrementadas sus prestaciones. Así, para el grado I, la cuantía máxima mensual aumenta de 153 euros a 180; para el grado II, de 268,79 a 315,9, y para el grado III, de 387,64 a 455,4. Las segundas y las terceras, suben en un 4,5%, afectando a casi 200.000 y casi 10.000 personas, respectivamente.

Para José Manuel Ramírez Navarro, Presidente del Observatorio Estatal de Dependencia, “es un avance, pero hay que seguir avanzando”. “Lo más importante es que el Gobierno, si algo ha hecho en el Sistema de Atención a la Dependencia, ha sido aumentar mucho el presupuesto. Han sido 4.600 millones de euros los que se han aportado, y esto ha revertido los recortes que hubo en el año 2012. Sin embargo, no es tanto dinero. Ahora, a una cuidadora en el entorno familiar se le pagarán en prestaciones entre 180 y 455 euros por cuidar a una persona en situación de dependencia 24 horas al día, 365 días al año. Está bien, pero no es suficiente”, resume.

Esta reforma también establece cuantías mínimas que hasta ahora no estaban contempladas en la normativa estatal. Esto suponía que, al aplicar las reducciones previstas en la normativa de cada comunidad autónoma a las cuantías máximas, la cuantía resultante para la prestación económica puede ser muy reducida, incluso cercana a cero euros. Hay más de 60.000 personas con prestación económica que reciben menos de 100 euros al mes y de estas, cerca de la mitad recibe menos de 50 euros al mes. Por ello, a partir de ahora, se propone establecer las siguientes cuantías mínimas: 100 euros para grado I, 150 euros para grado II y 200 euros para grado III.

Además, se recuperará también la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, puesto que en la actualidad las intensidades en muchos casos no ofrecen una respuesta suficiente a las personas en situación de dependencia. En concreto, para el grado I, se pasará del máximo de 20 horas a entre 20 y 37 horas; en grado II, hasta ahora podían recibir entre 21 y 45 horas y ahora podrán tener entre 38 y 64 horas, y en el grado III, antes podían acceder a entre 46 y 70 horas y ahora, a entre 65 y 94. Esta medida se aplicará de manera progresiva, de forma que las nuevas intensidades horarias serán de aplicación a los casos que entren en el sistema don Programa Individual de Atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (PIA de SAD) a partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto. Se estima que esta medida afectaría a unas 30.000 personas al finalizar 2023.