Pablo Bustinduy: “España debe acabar con la anomalía de no tener una prestación universal por crianza”

El profesor universitario Pablo Bustinduy (Madrid, 40 años) se estrena en esta legislatura como nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Atiende a EL PAÍS en su despacho en una jornada intensa, el martes, justo después de presentar dos leyes ante el Consejo de Ministros, la de atención a la clientela y la de familias, ambas heredadas de la legislatura pasada. La primera se quedó a las puertas de ser aprobada y el ministro destaca que “acorta a la mitad los plazos de los que disponen las empresas para resolver las reclamaciones (de un mes a 15 días) y establece el objetivo ambicioso de que cualquier reclamación telefónica sea atendida en menos de tres minutos”. En cuanto a la segunda, en la que aún se introducirán mejoras en el Congreso, afirma: “Me atrevería a pensar que prácticamente todas las familias van a verse de una forma o de otra recogidas en este marco de políticas públicas”.

Pregunta. Ha dicho que quiere ampliar los permisos de maternidad y paternidad, que se retribuyan los permisos parentales de cuidados y mejorar la prestación por crianza. ¿Cómo va la negociación?

Respuesta. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado está en curso y hay que guardar discreción. Pero sí quiero reiterar que en el acuerdo de gobierno figura esa extensión a 20 semanas del permiso por nacimiento y la retribución gradual de los permisos parentales hasta alcanzar al menos cuatro de las ocho semanas. Hay dos vías abiertas. Una es la negociación de los Presupuestos; por el impacto presupuestario, es evidente que esa negociación es muy importante, también para la extensión hasta los seis años de la ayuda de prestación a la crianza, que no está en el acuerdo de gobierno, pero que es una de las medidas que hemos puesto sobre la mesa. Y la otra vía será la tramitación parlamentaria de la ley de familias, que sería una buena pista de aterrizaje para algunos de estos desarrollos.

P. En la legislatura anterior no se consiguió acordar una prestación universal por crianza. ¿La vamos a ver esta legislatura?

R. La prestación universal no está en el acuerdo de gobierno. En cada una de mis intervenciones hago hincapié en que España debe adoptar una prestación universal y acabar con la anomalía que supone que la cuarta economía de la zona euro, un país rico con una democracia avanzada, no disponga de una prestación de este tipo. Los datos de pobreza infantil inciden en la parte más acuciante del problema. Pero no se trata solo de paliar la pobreza infantil. Se trata de que los poderes públicos, de que la democracia acompañe a las familias en las labores de crianza. ¿Por qué? Porque en ausencia de esas prestaciones son las familias quienes deben asumir unas responsabilidades en un contexto extraordinariamente difícil. Son específicamente las mujeres quienes deben hacerlo. Y esas dificultades de conciliación, esas dificultades económicas, son un impedimento a la libertad. Hemos logrado una cobertura casi universal entre los cero y los tres años, vamos a pelear la extensión hasta los seis años, sería un primer paso insuficiente, pero de mucho calado para ir paliando ese déficit.

P. La Autoridad Fiscal (Airef) cifra en el 76% las familias que, pudiendo percibir el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, no lo solicitan. ¿Cómo se combaten estas cifras?

R. Varios estudios inciden en una fase necesaria: la de evaluación del desarrollo y despliegue del ingreso mínimo vital, que supuso un hito en la política social en España. Pero es evidente que su potencial es mucho mayor y que ha supuesto una cantidad de dificultades y complejidades, sobre todo burocráticas, pero en algunos elementos también vinculados a su diseño, que serían fácilmente mejorables. Debe actualizarse para que llegue con más celeridad, para que sirva para poder atajar las situaciones de pobreza sobrevenida y para que esa prestación cumpla con el propósito con el que nació, que es suponer un antes y un después para la capacidad de las políticas públicas de atajar las situaciones de pobreza en nuestro país, inaceptablemente altas.

P. El ministerio se ha propuesto llegar al 50% de financiación del gasto en dependencia al final de la legislatura. ¿Qué objetivos se marca en este ámbito?

R. El objetivo de continuar con la senda de aumento histórico del gasto en dependencia de la legislatura pasada, en la que la Administración General del Estado aumentó en un 130% su contribución a las políticas de dependencia, es un compromiso firme de este Gobierno. Vamos a mantener ese ritmo de incremento e incluso a multiplicarlo para alcanzar al final de la legislatura ese objetivo del 50% [a cargo del Ejecutivo]-50% [a cargo de las comunidades autónomas]. Esto va aparejado a una estrategia de transformación del modelo de cuidados que tiene que suponer una revolución en la manera en la que concebimos la dependencia en España. Una pata fundamental de esta estrategia tendrá que ver con la aprobación de la estrategia de desinstitucionalización, que va a intentar establecer el marco de ese cambio en el modelo de dependencia.

¿En qué consiste? Pues en un principio muy básico, pero que es de sentido común y que es un consenso transversal en la sociedad española: que las personas deben poder permanecer en su domicilio todo el tiempo que deseen y que, por tanto, la atención por parte de los poderes públicos debe darse en torno a las necesidades de la persona en su entorno sociocomunitario. Esto quiere decir potenciar la teleasistencia, la ayuda a domicilio, establecer un ecosistema de prácticas que permita no seguir construyendo grandes macrorresidencias, sino generar el entorno en el que las personas puedan permanecer en su domicilio y con la mayor calidad de vida posible durante todo el tiempo que deseen.

P. ¿Cómo se asegurarán de que las comunidades no aprovechen este aumento de la financiación para poner menos dinero?

R. La financiación va vinculada a esos objetivos y en ningún caso el aumento de la contribución por parte de la Administración General del Estado es compatible con que las comunidades detraigan fondos. Así se estableció en la legislatura pasada. La contribución del Gobierno central irá vinculada al mantenimiento de los niveles de inversión de las comunidades, así como a la orientación de estos nuevos recursos hacia la transformación del modelo de cuidados.

P. Se tarda una media de 327 días en resolver las prestaciones de dependencia, y el acuerdo de gobierno prevé reducirlo a 30 días. ¿Cómo?

R. Las listas de espera también se redujeron sustantivamente en la legislatura pasada. Lo que no es sorprendente, porque va vinculado a la disponibilidad de recursos y a los niveles de financiación. Estas listas de espera son una herencia de las políticas de austeridad y de los recortes en materia de política social y de dependencia de los gobiernos del PP. Hubo una reducción sustancial de las listas de espera generalizada, pero estos niveles todavía no son aceptables. Espero que el incremento de la financiación y la reorientación de las políticas públicas también sirvan para que podamos acabar consiguiendo esos objetivos. En la transición del modelo de cuidados, quiero enfatizar la palabra transición. Es evidente que no se puede decretar de un día para otro y que mover el aparato de las políticas públicas en una dirección que además es innovadora y ambiciosa requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de una cooperación entre todas las administraciones públicas. Pero creo que el camino está marcado y que va en la dirección correcta. Hay que reducir las listas de espera y agilizar la carga burocrática que enfrentan los ciudadanos y las ciudadanas cuando solicitan este tipo de prestaciones.

P. ¿Cómo está siendo el trabajo del ministerio para comprobar que las comunidades aplican el acuerdo que fija un nuevo modelo de residencias y otros servicios de dependencia?

R. Quiero poner en valor el inmenso esfuerzo que se hizo para generar consensos en las comunidades autónomas, porque la transformación del modelo de cuidados solo será posible si parte de un acuerdo de país, que tiene que ser necesariamente transversal, política e ideológicamente. Creo que hay elementos suficientes para confiar en que esto sea así. Para el país supone un reto el cambio demográfico en el que estamos inmersos, la evolución que se prevé no solo en España, sino en todo Europa, pues cada vez vivimos más años, vivimos en familias más pequeñas, las necesidades de cuidados aumentan y esto requiere de estrategias a medio y largo plazo que todos los actores políticos, independientemente de su orientación ideológica, reconocen como comunes. Es verdad que costó conseguir el acuerdo de acreditación, pero al final, solo tres comunidades autónomas se quedaron fuera de él e incluso alguna de ellas está evolucionando en una dirección que camina hacia allá. ¿Cómo se puede verificar su cumplimiento? Hay financiación vinculada a la orientación de las intervenciones de políticas públicas en el sentido que marcan esos acuerdos. Pero repito, la parte importante aquí es la dinámica de cooperación, es que la definición de los objetivos sea común. Creo que es la única manera de que nos aseguremos no solo que se van cumpliendo objetivos en el corto plazo, sino que esa transformación de las políticas públicas se haga irreversible, es decir, que no dependa de la coyuntura política inmediata, que no dependa de un cambio de Gobierno, como ha sucedido en el pasado.

P. Consumo ha perdido un ministerio específico, ¿ya no es importante?

R. La construcción de este ministerio se basa en una convicción firme de que los derechos de las personas consumidoras, especialmente las vulnerables, y el desarrollo de un modelo de consumo sostenible entran dentro del marco de los derechos sociales.

P. ¿Por qué la ley de atención a la clientela no incluye una compensación si las empresas no responden a tiempo?

R. La ley es bastante ambiciosa: es de aplicación horizontal a todos los sectores de la actividad económica e incorpora un sistema de auditorías con un régimen sancionador. Soy consciente de algunas organizaciones querrían incluir este derecho de compensación, pero para ello hay que encontrar mayorías parlamentarias suficientes.

P. ¿Qué ocurrirá si en esas auditorías sale que los clientes no están contentos?

R. Las administraciones públicas pueden actuar sobre la base de esos informes de auditoría anuales y se prevé un régimen sancionador con multas que pueden ir hasta los 100.000 euros para las infracciones más graves.

P. ¿Cómo se va a garantizar que las empresas atiendan correctamente a estos consumidores vulnerables?

R. La ley establece la necesidad de desarrollar sistemas de prestación de atención personalizada, teniendo en cuenta factores como la edad, como la situación administrativa o como que la persona que interponga una reclamación sea una persona con discapacidad o mayor.

P. ¿Sancionará a los influencers que realizan publicidad encubierta?

R. Este ministerio no tendrá reparos en utilizar sus capacidades para sancionar prácticas fraudulentas y para proteger los derechos de las personas consumidoras, especialmente de las más vulnerables. En el caso de los influencers, la publicidad encubierta es una práctica que afecta especialmente a niños y niñas.

P. ¿Va a retomar el decreto para regular la publicidad de alimentos insanos para niños?

R. Vamos a plantear esa iniciativa como una prioridad. Es evidente que las prácticas publicitarias dirigidas al público infantil de alimentos poco saludables inciden en la formación de los malos hábitos alimentarios. Es obligación de los poderes públicos proteger a los niños en un momento crítico para el desarrollo de sus hábitos saludables. Vamos a partir de escuchar lo que tienen que decir los expertos y las organizaciones de defensa de la infancia desde la sociedad civil. Y a partir de ahí nos encargaremos de su traslación política.