El Consejo de Ministros da luz verde a la ley de familias, que equipara los hogares monoparentales con dos hijos a los numerosos

La ley de familias, cuya aprobación decayó debido al adelanto electoral, vuelve a la casilla de salida. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley en segunda lectura, por lo que ahora se enviará al Congreso, donde se tramitará por vía urgente. La norma reconoce jurídicamente la diversidad de hogares en nuestro país e incorpora mejoras en su protección. Por ejemplo, permite adelantar el comienzo de la baja por nacimiento (de 16 semanas) en 10 días, con el fin de que el padre o la madre no gestante puedan cuidar a la madre biológica en ese tiempo. También crea un registro estatal de parejas de hecho y equipara a las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas, por lo que podrán acceder al mismo nivel de ayudas. El Ministerio de Derechos Sociales aspira a introducir mejoras “sustanciales” en la normativa a través de enmiendas durante su andadura parlamentaria, según fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar).

Esta ley es un compromiso con la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Debía estar aprobada a mitad del año pasado, pero el adelanto electoral trastocó el calendario. Con el objetivo de acortar al máximo los plazos, en vez de introducir medidas que Bustinduy ha defendido públicamente, y que requerirían que el texto volviera a recabar los informes consultivos —y dilataría los tiempos—, el ministerio ha optado por enviar al Consejo de Ministros el mismo texto que se acordó en la legislatura anterior. Así, Derechos Sociales está negociando con su socio de Gobierno (PSOE) con el fin de introducir, o bien en los Presupuestos para 2024 o, si no, a través de enmiendas a esta ley, puntos recogidos en el acuerdo de coalición, como la extensión del permiso por nacimiento de 16 a 20 semanas y la retribución de al menos cuatro semanas del recientemente creado permiso parental de cuidados (ocho semanas que se pueden disfrutar hasta que los menores cumplan ocho años), tal y como exige la directiva europea de conciliación. O la mejora de la ayuda de 100 euros al mes que pueden percibir las mujeres con hijos de hasta tres años, para que llegue hasta los seis (esto no consta en el acuerdo de coalición).

“Supondrá un hito en la política social de nuestro país”, ha dicho este martes Bustinduy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien ha destacado que la ley persigue, entre otros aspectos, “profundizar” en el derecho a la conciliación” de las familias. “Es una tarea democrática garantizar que estas carencias materiales y de tiempo no sean un escollo para que cada cual pueda garantizar plenamente su proyecto de vida”, ha añadido.

El proyecto recoge, por un lado, un marco de protección para todas las familias. En ámbitos como la salud, la educación o la vivienda. Por ejemplo, se insta a que en el plazo de un año tras la aprobación de la ley las administraciones aprueben una estrategia de apoyo en los mil primeros días de vida de los niños, y las comunidades autónomas deberán elaborar junto al ministerio un catálogo de referencia de prestaciones y servicios a las familias, común a todo el país. Se reconoce la diversidad familiar como principio del sistema educativo y se establece que los formularios y cuestionarios para el alumnado deben ser inclusivos. Las administraciones públicas deberán incrementar progresivamente las plazas públicas en educación infantil hasta los tres años, y los planes de vivienda deberán incluir medidas para facilitar acceso a necesidades habitacionales de familias con especiales dificultades, como las jóvenes o monoparentales, entre otras.

También se mejora el fondo de garantía del pago de alimentos, un anticipo que la Administración puede entregar, cuando hay una sentencia judicial, a quienes tienen la custodia de los niños y no reciben la pensión por parte del otro progenitor, si cuentan con bajos ingresos. Se suben los umbrales para que más hogares puedan beneficiarse y se elevan las cuantías máximas, que estaban fijadas hasta ahora en 100 euros al mes, hasta 500. Y se incluye la posibilidad de cobrarlo de manera indefinida, en vez de un máximo de 18 meses.

Pero, además, incorpora una decena de situaciones familiares que “necesitan medidas específicas porque ahora no tienen la protección adecuada”, según Derechos Sociales, y se desglosan medidas que deberán tenerse en cuenta para cada una de ellas. Se trata de la situación familiar de vulnerabilidad con menores a cargo; familias numerosas y supuestos equiparados; situaciones familiares con una sola persona progenitora; en las que existen personas con discapacidad o dependencia; en las que existen personas pertenecientes a los colectivos LGTBI; en las que se producen nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples; en las que hay hijos provenientes de uniones anteriores; aquellas que residen en el medio rural; en las que alguno de sus miembros procede de otro Estado o territorio, o de emigrantes retornados, y otros colectivos con necesidades singulares de apoyo, como las relaciones familiares de población institucionalizada.

El proyecto aprobado este martes es prácticamente igual que el que dejó preparado en su día el equipo de la anterior ministra (Ione Belarra), a excepción de los permisos laborales de cuidados que fueron aprobados en junio del año pasado vía real decreto ley y ya están en vigor: uno de cinco días por hospitalización de familiar o conviviente; otro de hasta cuatro días al año por urgencias familiares, y el permiso parental de ocho semanas, que es el único de los tres que nació sin remunerar. La directiva europea da a España hasta agosto de este año para que sea retribuido, al menos parcialmente.

La ley tiene tres objetivos: que el marco legal se adapte a la “realidad sociodemográfica”; mejorar la protección social que perciben todas las familias, además de incorporar medidas específicas para determinadas situaciones familiares, y luchar contra la pobreza infantil, con tasas “absolutamente inaceptables”, explican fuentes de Derechos Sociales. El año pasado, el 28,9% de los niños estaba en esta situación, a la cola de la Unión Europea. La Comisión ha reclamado reiteradamente a España que mejore su protección social en familia e infancia. El país destinó en 2021 a esta partida el 1,5% del PIB, frente al 2,4% de la media europea. Ese punto del PIB que suele separarnos de Estados de nuestro entorno equivale a unos 13.000 millones de euros, apuntan estas fuentes. La ley tiene un impacto presupuestario de unos 1.200 millones de euros. Si se incorporan medidas como la ampliación de permisos, este monto se elevará sustancialmente.

En España existe una alta fragmentación normativa en lo referente a las familias, hay autonomías con leyes o planes propios, otras sin ellos. Así que hay un nivel de protección desigual, explican las fuentes de Derechos Sociales. Además, la única norma a nivel estatal es la de familias numerosas, que dio lugar a un “desarrollo en la protección social [de estos hogares] en los ámbitos públicos y privados, en materia fiscal, de acceso a educación infantil, prioridad de acceso a la vivienda,...” y, según las fuentes del ministerio, esta normativa que inicia ahora su tramitación parlamentaria “puede suponer un hito similar” con las situaciones familiares que “necesitan medidas específicas porque ahora no tienen la protección adecuada”.

A efectos de esta ley, “se considera como familia la derivada del matrimonio o de la convivencia estable en pareja, o de la filiación y las familias formadas por un progenitor solo con sus descendientes”, se lee en el proyecto. Se especifica que las parejas que no se hayan inscrito en un registro, pero que convivan y tengan hijos, así como otros núcleos de convivencia no familiares se podrán beneficiar de “las prestaciones y medidas derivadas” de la ley cuando así “se prevea expresamente”.

Educación infantil gratis para familias monoparentales

Es la primera vez que se dota a las familias monoparentales de un marco de protección a nivel estatal, hasta ahora existían distintas regulaciones en las comunidades autónomas. Hay unos dos millones de hogares con un solo progenitor en España, y tendrán derecho a una “protección social, jurídica y económica que atienda a sus necesidades específicas”. Contarán con un título, que se denominará “título de familia monoparental”, que acreditará su situación ante cualquier Administración o entidad pública o privada, que será expedido por las comunidades autonómicas y tendrá validez en el conjunto del país. En esta categoría se incluyen las constituidas por un solo progenitor con uno o más descendientes o, si hay dos progenitores, cuando la guarda y custodia sea exclusiva de uno de ellos sin derecho a percibir pensión de alimentos, o cuando haya situaciones de violencia de género. Este título estará vigente, con carácter general, hasta que los hijos cumplan 21 años, o hasta los 26 si continúan sus estudios.

Las familias monoparentales deberán tener acceso a beneficios como ser “sector preferente” en la puntuación de los baremos para acceder a viviendas de protección oficial, también en becas y ayudas o transporte público. Y las comunidades autónomas deberán arbitrar medidas para garantizar que los niños de estas familias dispongan de acceso gratuito a centros de educación infantil durante al menos 16 semanas en los 24 primeros meses de vida o adopción o acogimiento. No se recoge, sin embargo, ni la equiparación de los permisos por nacimiento a los que tienen los hijos de familias con dos progenitores, ni tampoco que la equiparación a las familias numerosas se realice para todos los hogares monoparentales, desde un solo hijo, como pedía la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. El ministerio está abierto a incorporar ambas medidas en el trámite parlamentario, si recaba los apoyos necesarios del resto de grupos, algo que en la anterior legislatura no se consiguió. También se prevé una categoría especial (con dos o más hijos, bajos ingresos o algún descendiente o progenitor con discapacidad) y otra general, para los cuales las administraciones irán desarrollando ayudas específicas.

Familias numerosas y otros supuestos equiparados

Hay unas 800.000 familias numerosas en España. Pasan a incorporarse a una categoría más amplia, la de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza (de hecho, esa ley pasará a llamarse así, igual que el título que acredita a nivel estatal su condición), y además de recoger a los hogares con tres o más hijos, también englobará a otras familias, que pasarán a percibir los beneficios fiscales y otras ayudas que ello conlleva: con al menos dos hijos, cuando un hijo o un progenitor tengan discapacidad (en el caso del padre o la madre antes se exigía un 65%, ahora pasa al 33%) y los monoparentales con dos hijos (por cualquier razón, hasta ahora solo quedaba recogido en el caso de los viudos). En caso de separación y de que exista custodia compartida, los dos progenitores podrán tener un título, según detallan fuentes de Derechos Sociales, que además explican que se equipara a las parejas de hecho con los matrimonios a la hora de acceder al título, pues ahora solo uno de los dos miembros de la pareja puede acceder al título (y no conjuntamente, como los matrimonios).

Habrá dos categorías de familias con mayores necesidades de apoyo, como hasta ahora, y en función de en cuál se sitúen tendrán más o menos beneficios: especial y general. En la primera se recoge a quienes tienen cuatro o más hijos (frente a cinco actuales) o tres (frente a cuatro actuales) cuando al menos dos sean de parto múltiple o tengan bajos ingresos, y a las monoparentales con dos hijos. El resto estará en la categoría general.

Las asociaciones de familias numerosas han expresado duras críticas a la ley por el cambio de nombre y fuentes de Derechos Sociales apuntan que en el ministerio están abiertos a cambiarlo durante el trámite parlamentario, si así se logra un apoyo más transversal al texto.

Parejas de hecho

La ley crea un registro estatal de parejas de hecho, para poder centralizar la información ya recabada en los registros autonómicos. Según Bustinduy, así se “formaliza la equiparación en derechos” entre las 1,8 millones de parejas de hecho en España y los matrimonios. El Gobierno dispondrá de dos años para remitir un proyecto de ley en el que se regule esta cuestión. Aunque la equiparación de derechos respecto a los permisos de cuidados ya se aprobó en el real decreto ley de junio del año pasado (además de que les permitió acceder también a 15 días al año cuando constituyan su unión), este proyecto recoge cambios en la Ley General de la Seguridad Social para equiparar estas parejas a los matrimonios en distintos supuestos, por ejemplo, en el complementos de mínimos de las pensiones por cónyuge a cargo.

Defensa de una prestación universal

Bustinduy ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de que España disponga de una prestación universal por crianza, como sucede en la mayoría de países europeos. De hecho, en el programa de Sumar consta que la cantidad sería de 200 euros al mes hasta que los niños cumplan 18 años. Sin embargo, no consta en el acuerdo de coalición con el PSOE y tampoco lo logró la ministra Belarra en la anterior legislatura. El proyecto recoge que “las familias con personas menores de tres años de edad a cargo tienen derecho a una prestación”. Esta ley, en palabras de Bustinduy, “formaliza la existencia de una prestación de ayuda a la crianza” y “constituye un punto de partida para su eventual extensión en el futuro”.

Actualmente, esta ayuda puede llegar por dos vías, la deducción fiscal reembolsable para madres trabajadoras, cuyo diseño se mejoró en 2023 para que beneficiara a más mujeres, recogiendo también a quienes cobren una prestación por desempleo o hayan cotizado al menos 30 días a la Seguridad Social, entre otros supuestos. Son 100 euros al mes. O a través del complemento de infancia que perciben las familias vulnerables que solicitan el ingreso mínimo vital. Son 115 euros para los menores de tres años.

O se percibe una ayuda, o se percibe la otra. Derechos Sociales ha calculado que con ambas ayudas el índice de cobertura podría ser superior al 95% para los niños menores de tres años, pero aún no hay datos de su aplicación efectiva. El ministro ha defendido, como primer paso, extender la ayuda hasta los seis años, bien en los Presupuestos de 2024 o en esta ley. Aunque “el objetivo es que sea una prestación universal con la mayor simplicidad administrativa posible”, señalan las fuentes de Derechos Sociales.

Regular las relaciones de los hijos con las parejas de sus progenitores

El proyecto da dos años para que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley en el que se regule el “alcance de las relaciones” entre los menores y los cónyuges o parejas de hecho de sus progenitores. En todo caso, teniendo en cuenta los deseos de los niños. Actualmente, no hay una regulación específica que defina qué derechos existen en caso de ruptura de convivencia.

Atención temprana

Se reconoce el “derecho subjetivo” de los menores y sus familias a la atención temprana, algo que actualmente no está recogido de esta forma en la legislación y que permitirá acudir a los tribunales para reclamar el derecho. Se trata de unos servicios que se deben prestar lo antes posible (hasta los seis años) para paliar necesidades de los niños con trastornos de desarrollo, cuya competencia es autonómica y que presenta grandes diferencias territoriales.