Los jóvenes sin piso no interesan en España

La tragedia del acceso a la vivienda se solucionará cuando haya verdadera voluntad política en España. Creen las malas lenguas que al Partido Popular y al PSOE en verdad no les interesa que bajen los precios: a fin de cuentas, muchas familias tienen invertidos todos sus ahorros en un piso en propiedad, o incluso, en una segunda residencia, esperando obtener una mayor rentabilidad a futuro, vendiéndolas o alquilándolas. Esa mentalidad es notable entre la generación del baby boom, pero aunque la teoría fuera alocada, los jóvenes tampoco deberían ser ignorados: la enorme desigualdad que la vivienda provoca a largo plazo amaga con dañar seriamente nuestra democracia.

La duda es si las medidas aplicadas hasta ahora han servido para algo. Por parte del Gobierno y sus socios, la Ley de Vivienda de 2023 quizás no dé los réditos deseados. El control de los alquileres en Cataluña ha contribuido a una reducción de un 5% de los precios en las zonas reguladas y sin embargo, la contrapartida es que se ha desplomado el número de contratos, avalando la teoría de la reducción de oferta. Se suscribieron alrededor de un 17,2% de alquileres menos, ya sea porque se han retirado pisos del mercado, se ha apostado por alquiler no regulado de temporada, o han prorrogado los contratos existentes. Por tanto, el problema de la gran demanda insatisfecha permanece, aunque unos pocos acceden a una vivienda algo más barata. Es más, aunque se apostara por la vía intervencionista forzando a los caseros a poner su inmueble en alquiler —como exigen algunos partidos a la izquierda del PSOE— quizás la escasez de techo persistiría.

El Banco de España calcula un déficit de 600.000 pisos hasta 2025 porque la población está creciendo a un ritmo más rápido que el número de viviendas —se construyen unas 90.000 al año—, y se sabe que muchos de los pisos hoy disponibles no están en las zonas donde hacen falta. En definitiva, de poco sirve culpar a la derecha por no limitar el precio de los alquileres en las comunidades donde gobierna, como hace el Ejecutivo, asumiendo que sería la solución a todos los males. Sí se podría reprochar al PP oponerse en el Congreso a otras cuestiones más específicas, como la Ley del Suelo que quiso impulsar el Gobierno para agilizar los planes urbanísticos. Es un consenso entre expertos, como el catedrático José García Montalvo, que necesitamos más oferta para que bajen los precios. Y son precisamente las comunidades –—hoy, en su mayoría bajo control de los populares— y los ayuntamientos quienes tienen competencias para construir vivienda pública. Aunque parece haberlo entendido el president Salvador Illa, las palabras deben materializarse: el expresident José Montilla también prometió 50.000 viviendas en su momento, incumplidas, y de los pisos anunciados por Pedro Sánchez aún no se sabe.

Así pues, si hay una cuestión de Estado donde PP y PSOE deberían cooperar es la vivienda por la cantidad de administraciones a las que implica: ningún partido podrá colgarse la medalla en solitario, y los resultados serán a largo plazo. Es más, dado que el bipartidismo se precia de ser el garante del sistema frente a sus extremos, nada podría ser más antisistema hoy que condenar a las siguientes generaciones al crecimiento de la desigualdad que implica no tener un techo asequible.

La situación actual causará desasosiego, pero lo peor está aún por llegar. Una parte de la generación joven presente todavía podrá heredar alguna vivienda, o recibir ayuda de sus padres, como elemento corrector de su precariedad. Ahora bien, para las siguientes generaciones el patrimonio familiar se acabará volviendo un factor aún más decisivo como perpetuador de las injusticias sociales. De un lado, habrá un grueso de ciudadanos que no reciban nada de sus parientes, dependiendo solo de su salario, atrapados así en un bucle de vulnerabilidad infinito: vivir en alquiler incrementa ya el riesgo de caer en la pobreza por la crisis de precios. Del otro, se irá creando un club de multipropietarios: entre 2002 y 2017 el grupo de hogares que más creció fue el que poseía tres o más propiedades, pasando del 9% al casi 20%, los que tenían dos hogares o más subieron del 29% al 42%; el porcentaje con cuatro propiedades o más en alquiler aumentó del 5% al 11%. Dinero llama a dinero, cabe imaginarse la fractura social si la concentración de riqueza se acaba multiplicando, mientras otros no poseen absolutamente nada.

En consecuencia, los riesgos democráticos son evidentes, sabido que la desigualdad es peligroso vector de polarización política. Se vio en la crisis de 2008: el empobrecimiento de la clase media detonó un auge de los populismos en Europa y de la ultraderecha, con heridas que todavía siguen supurando. Si la austeridad provocó entonces un desgarro social apabullante, asistiendo a diario cómo se desahuciaba a familias enteras de sus casas por la fuerza, el drama de que los jóvenes actuales no accedan a una vivienda, por silencioso, no será menos traumático. “Toda realidad ignorada prepara su venganza” avisa Ortega en La rebelión de las masas. Los jóvenes sin pisito realmente no interesan a la democracia en España.