Pasar del ruido a las instituciones

El pacto en Cataluña para que pueda gobernar el PSC ha convertido en obligatorio, por el compromiso adquirido por los socialistas, el debate de la actualización del sistema de financiación autonómica en España, largamente postergado al cajón de las grandes reformas institucionales pendientes que nunca se concretan por su enorme complejidad política: necesita de la implicación de todas las administraciones y de todos los partidos. La última reforma del sistema se produjo en 2009, con el compromiso de actualizarlo pasados cinco años. El PP no lo hizo ni con mayoría absoluta. Técnicamente, debería ser un debate bienvenido. Políticamente, amenaza con capitalizar toda la acción de gobierno del segundo año de legislatura de Pedro Sánchez, como la necesidad de cumplir con la ley de amnistía que protagonizó el primero.

Así parece indicarlo la primera semana de tanteo del nuevo curso político. El acuerdo PSC-ERC apenas contiene un enunciado: el Govern propondrá una “financiación singular” para Cataluña en la que la comunidad recaude y gestione todos los impuestos, con una “cuota de solidaridad”. Ese modelo tiene parecidos con los sistemas del País Vasco y Navarra, con una diferencia sustancial, según el Gobierno: la solidaridad. Pero la mera mención del concepto no es suficiente; necesita ser explícito. Con los socialistas centrados en hacer president a Salvador Illa, ERC ha subrayado la idea de concierto económico, una idea que la cúpula del PSOE rechazaba hace un mes y que provoca preocupación entre muchos de los barones y figuras del partido como Josep Borrell. Los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha han expresado su oposición. Los socialistas de Aragón se han sumado al rechazo esta semana.

Esa convulsión interna en el PSOE es la primera que tiene que resolver el Gobierno, que lleva todo agosto eludiendo dar detalles de su posición y enredado en un extraño debate terminológico sobre si es o no un concierto, palabra que no figura en el acuerdo PSC-ERC. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la “financiación singular” de Cataluña no es incompatible con extender ese principio a las demás comunidades. Ese será uno de los nudos gordianos del debate, que ha empezado con el grado de tensión propia de un asunto directamente vinculado con la configuración del modelo territorial.

El curso empieza para el Gobierno con la necesidad urgente de comenzar a desbrozar esta tensión. Montero ha sido citada el próximo miércoles en el Senado, donde el PP busca repetir el cruce de declaraciones de estos días. El presidente, Pedro Sánchez, ha convocado un Comité Federal del PSOE para el próximo sábado, 7 de septiembre.

No menos contradicciones tiene que empezar a resolver el PP: sin el principal partido de la oposición es impensable reformar el sistema. Los populares han intentado, en vano, dar una imagen de unidad contra el Gobierno, pero han sido incapaces de presentar una propuesta: gobierna tanto comunidades ricas claramente infrafinanciadas como otras que necesitan una solidaridad fiable, y las diferencias entre las necesidades de esas autonomías dificultan dicha propuesta. Tiene razón el presidente valenciano, Carlos Mazón, quien apunta que la financiación “está por encima del PP y de los barones”.

Reformar la financiación autonómica es lo más parecido a un pacto de Estado. Hace falta poner más dinero sobre la mesa y, sobre todo, buscar consensos sobre una serie de principios que ahora mismo no están claros. El sistema no lo van a imponer ni ERC ni el PP: tendrá que ser un acuerdo entre instituciones, por encima de los partidos, con el límite obvio de la Constitución. Es necesario afrontarlo, y Cataluña ha puesto una propuesta sobre la mesa. El primer gesto de lealtad institucional es escucharla. No se puede repetir el boicoteo obsceno del Estatut. Poco a poco, el ruido de estos primeros días debería dejar paso a un debate real, en el que los partidos dejen hablar a las instituciones con la seriedad, la ambición y los matices que el asunto requiere.