Los presidentes autonómicos del Partido Popular plasmarán este lunes en un manifiesto su oposición frontal a la financiación singular de Cataluña pactada entre PSC y ERC. Sus duras críticas ya han sido expresadas en público por los barones durante los últimos días y desde que se firmara el acuerdo para investir president a Salvador Illa. Pero el PP las pone ahora por escrito en un documento suscrito por Génova y sus barones. El texto pretende mostrar que “no hay ninguna fisura” en la “defensa de la igualdad de los españoles” entre los presidentes territoriales, como ha explicado el portavoz de la formación, Borja Sémper, en rueda de prensa. Sobre ese frente común de los populares contra de la futura Agencia Tributaria Catalana no existen sospechas. La duda que sigue en el aire es si Alberto Núñez Feijóo podrá aunar las reclamaciones de sus 11 presidentes autonómicos, con exigencias dispares debido a las distintas idiosincrasias de los territorios, para configurar una propuesta conjunta de reforma del modelo de financiación autonómica. “Es un frente común a favor de la igualdad. Sienta las bases de nuestra posición. Un documento coordinado y que fija la posición general”, ha respondido Sémper a la pregunta sobre si el manifiesto anunciado incluye o no el diseño de un plan unitario para renovar la ley de financiación autonómica (Lofca).

El portavoz del PP ha comparecido este lunes tras la primera reunión del comité de dirección, en la sede del partido y presidido por Feijóo, tras el parón por las vacaciones. En el encuentro se ha marcado como asunto central de la estrategia de oposición del PP, ante el inicio del curso político, la financiación autonómica después de que PSC y ERC alcanzaran un pacto durante el verano. “Ante la independencia fiscal pactada [en Cataluña], los presidentes han firmado un manifiesto común contra este desafío, que pretende dejar claro la unidad de criterio y de posición de todo el Partido Popular”, ha reiterado Sémper. Sin embargo, el problema entre los territorios del PP no ha sido en ningún caso la unidad de acción contra el pacto sobre el Govern, sino las disensiones entre comunidades autónomas del PP para la reforma del modelo.

La complejidad estriba en cómo diseñar una propuesta que contente a todos los presidentes autonómicos, pues los Ejecutivos territoriales se mantienen firmes en sus reclamaciones propias. Aunque dicen mostrarse proclives a buscar un entendimiento. Del otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende abordar la reforma de la ley de financiación autonómica (Lofca), con un sistema configurado en 2009 y caducado desde 2014, cuando el PP tenga lista esa posición unitaria. Desde el Ministerio de Hacienda sostienen que los populares, al liderar la mayoría de gobiernos autonómicos, han de ponerse de acuerdo. En frente, Génova pide a la ministra convocar la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y conformar un comité de expertos integrado por representantes de todos los territorios para negociar una reforma del sistema. “Este Gobierno es un cachondeo”, ha aseverado Sémper sobre la acción de La Moncloa en este y otros asuntos.

Feijóo reúne en Madrid el próximo 6 de septiembre a todos sus barones, pero de momento no estará en el orden del día el diseño de dicha propuesta. Sí se establecerá en ese cónclave un “plan de trabajo” que desarrolle ese frente común que los presidentes escenificarán en el manifiesto conjunto. “Estamos convencidos de que el acuerdo, tal como lo hemos conocido por escrito, rompe los principios de solidaridad, igualdad y multilateralidad. Por un interés particular se están generando ciudadanos de primera y de segunda. Lo que se da de más a unos se quita al resto”, ha remachado Sémper. El PP también pretende presentar mociones en los Ayuntamientos y comunidades donde gobierna contra el acuerdo, como ya hizo antes de la aprobación de la ley de amnistía. No hay anunciadas hasta el momento manifestaciones en contra, como sí se hizo en numerosas ocasiones contra la medida de gracia a los encausados por el procés.

Condonación de la deuda

Otro dilema para el PP es cómo afrontar el ofrecimiento de la ministra de Hacienda a mantener reuniones bilaterales para negociar a distintas bandas la quita de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Montero prometió extender la condonación de la deduda, después de pactar con ERC el perdón de 15.000 millones de euros, al resto de territorios que lo soliciten. El Estado está dispuesto a asumir de 50.000 a 72.000 millones de deuda para extender la quita prometida a Cataluña a otras comunidades. Sobre si existe posibilidad de que sus presidentes autonómicos negocien directamente con Montero bilateralmente, Sémper ha pasado de puntillas y ha sentenciado. “Nosotros no mercadeamos, en eso están nuestros presidentes autonómicos”.