Google es un monopolio ilegal. Ahora qué pasa

Desde que fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos en 1890, la ley Sherman tiene dos secciones. Una prohíbe cualquier actividad diseñada para obstaculizar el libre comercio, como fijar precios, manipular licitaciones o dividir mercados. La otra prohíbe usar el poder de un monopolio para mantener o aumentar el monopolio de forma artificial. Un juez federal del Distrito de Columbia concluyó el lunes que Google ha cometido faltas contra la segunda. El gigante de Mountain View es, oficialmente, un monopolio ilegal.

En EE UU no es ilegal ser el único buscador del mercado, siempre y cuando sea por sus méritos. El monopolio ilegal implica haber incurrido en prácticas que alteran el curso natural del juego. El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a Google de manipular los resultados de búsqueda para favorecer sus propios servicios y productos en detrimento de sus competidores y de usar datos extraídos de unos servicios para mejorar otros. Por ejemplo, usar los datos del navegador Chrome para mejorar los resultados de su buscador, un secreto a voces ratificado por la última filtración. También lo ha acusado de imponer restricciones a los anunciantes para mantener su dominio sobre el mercado de la publicidad online. Lo que ha convencido al juez, sin embargo, es que Google haya pagado miles de millones de dólares anuales a Apple para que sea el buscador por defecto en sus dispositivos y sistemas operativos. Apple es su principal competencia. Es un caso de manual.

Ahora, ¿qué significa que Google sea un monopolio ilegal? En los últimos años, la Comisión Europea le ha impuesto más de 8.000 millones de euros en multas por prácticas anticompetencia relacionadas con su motor de búsqueda, su sistema operativo Android y su negocio publicitario, pero es la primera vez que se enfrenta a un correctivo importante en su propio país. De momento, lo único seguro es que van a pasar tres cosas. Por un lado, el tribunal empezará la “fase de remedios”, donde ambas partes —acusado y demandante— propondrán medidas para corregir la falta y restaurar la competencia en el mercado (los “remedios”, en la jerga). Por otro, Google ya ha dicho que presentará su recurso. Finalmente, estos procesos no son mutuamente excluyentes, pero se van a enrocar.

El menú de los “remedios” es más o menos estándar. El juez puede imponer sanciones y cambios en las prácticas comerciales de Google para corregir las partes anticompetitivas. Por ejemplo, más transparencia y compartir datos con otros jugadores y menos acuerdos exclusivos para aparcar en sistemas operativos que no son suyos. También puede designar a un supervisor independiente para asegurar que se cumplen las medidas en plazo, con un calendario de sanciones. El remedio más drástico sería disolver el poder del monopolio dividiendo la empresa en otras muchas más pequeñas: Google Search, Google Ads, Google Maps, YouTube, Android, Google Cloud, etcétera. El caso más famoso es el de Standard Oil, que el Tribunal Supremo estadounidense dividió en 34 compañías independientes en 1911. De ahí salieron ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips o BP.

Si el juez acaba antes que el tribunal de apelaciones, este podría suspender temporalmente la implementación de los “remedios”. Google no tendría que pagar multas ni cumplir medidas mientras se revisa el fallo. Si dicho tribunal termina antes y determina que el fallo original es injusto, entonces la fase de “remedios” quedaría cancelada y Google ya no sería un monopolio ilegal. Si lo considera excesivo, entonces las medidas serían renegociadas por las partes, con el juez mediante. Si considera que el fallo original es justo, entonces las medidas correctivas serán puestas en práctica. Si cualquiera de las partes queda insatisfecha, puede recurrir al Tribunal Supremo.

Es el Problema de los Abogados Infinitos (PAI): Google tiene dinero, tiempo y abogados para estirar este proceso infinitamente, mientras que el Gobierno es pobre y tiene otras cosas importantes que hacer. El antecedente más directo es Microsoft. En 1999, el juez Thomas Penfield Jackson declaró que Microsoft era un monopolio ilegal por usar su dominio del mercado de sistemas operativos para imponer su navegador Internet Explorer. Microsoft ofrecía descuentos en sus licencias de Windows a los fabricantes de ordenadores personales para que aceptaran exclusividades en el software, echando de la carrera a rivales como Netscape Navigator en plena expansión de la web.

El juez adoptó todos los remedios antes mencionados, incluyendo la separación de Microsoft en dos empresas: una para el sistema operativo y otra para aplicaciones como Explorer. Microsoft apeló el fallo, y el tribunal de apelaciones modificó el veredicto en 2001, no por injusto sino por excesivo. Para entonces, la demanda que había puesto en marcha la Administración de Bill Clinton había sido heredada por la de George W. Bush, que resolvió el caso con un golpe en los nudillos. Microsoft prometió no volver a comprar o castigar a los fabricantes de PC por incluir software de la competencia y compartir sus interfaces de programación de aplicaciones con otras empresas para garantizar la interoperabilidad. Cualquiera que haya seguido el apagón azul del pasado julio sabe lo en serio que se lo tomó.

El caso contra Google fue iniciado por la Administración de Donald Trump y ejecutado por la de Joe Biden. Washington tiene al menos otros cuatro casos abiertos contra Amazon, Apple, Facebook y Microsoft. No sabemos quién ocupará la Casa Blanca el próximo enero, pero es de prever que tendrán más suerte con Kamala Harris que con Trump.