Pactar las reformas fiscales

España lleva 15 años con un activismo reformista que le ha permitido corregir algunas de las principales debilidades de su economía, en particular la relativa al mercado laboral. En el tintero siempre quedó por hacer una reforma fundamental: la fiscal. La presión fiscal española (la proporción de ingresos sobre el PIB) es endémicamente inferior a la media europea: eso explica las elevadas tasas de desigualdad, las carencias del Estado de bienestar y la falta de músculo estatal cuando llega una crisis.

Ni los gobiernos del PP, por razones ideológicas, ni los progresistas, han podido acometer esa reforma con garantías. Llega la hora de hacerlo. En primer lugar, porque lo exige Bruselas para que sigan llegando los fondos europeos. Pero, sobre todo, porque el país lo necesita: para generar colchones fiscales y poder gastar cuando asome la próxima crisis —tarde o temprano siempre llega una— y para reducir dos de las métricas que más preocupan en todas las instituciones multilaterales: la abultada deuda pública (claramente por encima del 100% del PIB) y el déficit estructural (alrededor del 4% del PIB).

La Comisión presiona a España para que apruebe esa reforma fiscal completa pendiente desde hace años. El Gobierno, por su parte, defiende que las medidas impositivas que ya ha tomado suplen en buena parte esa necesidad. Ambos tienen sus razones y es posible armonizarlas mediante un calendario vinculante por fases. Las razones de Bruselas son poderosas. Por una parte, España debe acercar más su presión fiscal a la media europea: un mayor volumen de ingresos facilitaría la reducción de la deuda pública, obligada por la reintroducción del Pacto de Estabilidad. No debe fiarse la superación de la brecha con el promedio de la Unión solo al mayor crecimiento del PIB y de la recaudación, porque irán menguando.

Los motivos del Gobierno también son de peso. El principal es que el anterior abismo fiscal de ingresos en relación con el PIB ya se ha ido reduciendo, algo que la Comisión avala —al menos en parte— al reconocer que se han corregido dos de los cinco puntos de PIB que separaban a España de la media de la UE.

A falta de una reforma integral, se ha registrado ya una serie de medidas parciales: en el IRPF se han subido los mínimos exentos, se han reducido los tipos para las rentas más bajas, se han activado impuestos “verdes” y se han cancelado algunas de las deducciones en Sociedades, amén de activarse gravámenes especiales a bancos o energéticas. Otras reformas, como la laboral, han supuesto además una excepcional creación de empleo, con sus consiguientes réditos recaudatorios.

No obstante, Bruselas quiere que España aborde también cambios en los impuestos indirectos, sobre todo en el IVA, donde las numerosas deducciones, los tipos reducidos y diversos regímenes especiales hacen bajar considerablemente la recaudación. Igualmente, defiende reformas en los impuestos que favorecen el cambio del modelo energético, como subidas en el gravamen sobre los combustibles.

Solo una reforma relacionada con la de la fiscalidad general parece enquistada —y parece que lo estará mientras no se supere la actual polarización política—: la de la financiación autonómica. Ese bloqueo no es, sin embargo, algo que suceda con todo el universo impositivo, aunque la coalición gubernamental y la oposición discrepen. El Ejecutivo defiende una mayor recaudación posibilista, en sintonía con las intenciones de la Comisión. El PP propugna una rebaja general tributaria, ya experimentada en algunas de las autonomías que gobiernan con resultados adversos para los ingresos. El Gobierno, no obstante, puede todavía explorar una secuencia de reformas precisas, pactadas y por fases, creíbles y predecibles. Es decir, capaces de establecer un compromiso con Bruselas.