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Opinión
Columna
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Retraso fiscal y atraso social

Existen fallos en nuestro sistema fiscal que evitan obtener los recursos necesarios para sostener el Estado de bienestar que se desea

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.FERNANDO VILLAR (EFE)
Andreu Missé

La prórroga presupuestaria es una mala noticia para afrontar los asuntos sociales pendientes. El aumento de recursos que se pensaba dedicar a vivienda, dependencia y becas tendrá que esperar hasta los Presupuestos de 2025. Es cierto que la prórroga no debe achacarse solo al Gobierno que contra viento y marea trata de racionalizar la diversidad de conflictos que acumula el país.

La cuestión de fondo es el retraso histórico de nuestro sistema fiscal para proporcionar los recursos necesarios para sostener el Estado de bienestar que queremos. Una deficiencia causada por la resistencia de los grandes contribuyentes. Una situación que se ve agravada por las dificultades para hacer efectivo el pacto fiscal global de la OCDE que persigue que las multinacionales contribuyan al sostenimiento del gasto público.

Para comprender este retraso resulta de gran utilidad el libro Los ricos no pagan IRPF, de Carlos Cruzado y José M. Mollinedo, técnicos del Ministerio de Hacienda, con una dilatada experiencia en la divulgación de los problemas fiscales a través de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). El libro tiene la virtud de explicar los fallos de nuestro sistema fiscal por unos expertos que lo conocen desde dentro.

La reforma fiscal que avaló los primeros pasos de la democracia quedó pronto descafeinada por la resistencia de los grandes contribuyentes. “El sistema tributario de la democracia”, señalan los autores, “siguió siendo regresivo, por el peso de la tributación indirecta (IVA e impuestos especiales) y porque la tributación directa siguió recayendo básicamente sobre los asalariados, básicamente por la sesgada facilidad del fraude fiscal”.

Las reformas posteriores, aunque han tratado de hacer efectivos los principios de generalidad, igualdad y progresividad, establecidos en la Constitución, no han tenido “el resultado más deseable”. Los buenos propósitos aparecen en numerosas normas, como en la Ley de Prevención del Fraude de 2021, que indica que “se deben concentrar esfuerzos en el control de los y las contribuyentes con grandes patrimonios, así como sus entornos societarios y familiares”.

No obstante, para los autores, los resultados organizativos no han sido suficientes. A su juicio, “es necesario el aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, para evitar que en la próxima década el 75% de las actuaciones se sigan centrando en el control del IRPF de particulares y autónomos para descubrir una deuda media inferior a los mil euros. Mientras el control de impuesto de sociedades sigue siendo un auténtico erial”. Recuerdan que su recaudación sigue siendo un 42% a la de 2007.

El texto pone al descubierto la necesidad de equiparar la presión fiscal y el gasto social. Nos faltan 38.000 millones de euros de ingresos fiscales para equipararnos a la media europea. El sistema ha permitido numerosos agujeros, desde “un aguinaldo a los banqueros” en 2008, la benevolencia del actual Código Penal, a relevantes pérdidas por la economía sumergida y los paraísos fiscales. La advertencia es clara. El retraso fiscal que padecemos provoca un atraso social.

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