El reparto del dinero del bienestar

En el reparto de las tareas corresponde a las comunidades autónomas la prestación de importantes servicios del Estado de bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y vivienda). En cuatro décadas el desarrollo constitucional ha sido extraordinario y se ha pasado de un Estado absolutamente centralista a un modelo federal en que los gobiernos regionales disponen del 24% de los ingresos, frente al 26% Estados Unidos y el 40% de Alemania. En lugar de financiación autonómica sería mejor hablar de financiación del Estado de bienestar.

La transformación no ha sido un camino de rosas. Entre 1980 y 2009 se han acordado seis modelos de financiación, pero desde 2014 no ha sido posible su renovación, en manifiesto incumplimiento de la ley. La consecuencia ha sido una falta de recursos que es una de las causas del sobreendeudamiento de las autonomías.

Estas deficiencias financieras alimentaron buena parte de la “desafección” de Cataluña, como en su día señaló el presidente Montilla. Bajo los Gobiernos del PP la crisis se agravó con un fuerte aumento del independentismo y empeoró con el encarcelamiento y exilio de los dirigentes independentistas. El clima experimentó una mejora sustancial con los indultos, amnistías y diálogo del Gobierno de coalición.

Es en este contexto que hay que situar la propuesta de Finançament singular planteada por la Generalitat de Catalunya, presidida por Pere Aragonés (Esquerra Republicana de Catalunya) que ha optado por dialogar y gobernar. La iniciativa se plantea en un momento de estancamiento del desarrollo autonómico. La falta de renovación ha supuesto 111.727 millones de euros menos para las autonomías entre 2012 y 2022.

La propuesta de la Generalitat catalana supone un cambio sustancial. Cataluña recaudará y legislará sobre la totalidad de todos los impuestos y su vez realizará una doble aportación al Estado: una, para compensar los servicios que el Estado presta en Cataluña y dos, mediante un fondo de reequilibrio territorial contribuirá a financiar los servicios de las comunidades con menos capacidad fiscal.

Lo novedoso no son las cifras sino los criterios: “No tiene que comportar ningún privilegio para Catalunya” y ser “compatible con el Estatut, la Constitución Española y el derecho a la Unión Europea”. Los objetivos son “aumentar la autonomía tributaria y la responsabilidad fiscal, la suficiencia financiera y la transparencia”. Destaca la defensa de los principios de lealtad y solidaridad, palabra que aparece 40 veces, y “la prohibición de privilegios económicos y sociales y la garantía de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles”.

Hay que reconocer el esfuerzo, pero por coherencia la consejera de Economía Natalia Mas debería defender la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Mejor hablar de valores que de balanzas fiscales (cuánto aporta y cuánto recibe cada comunidad) que hay que desacralizar. Las diferencias entre los distintos cálculos de las balanzas son enormes y no sirven para aproximar posiciones. Con las cifras por delante no se hubiera construido nunca Europa. Es más útil estudiar las experiencias internacionales positivas y admitir que los buenos resultados no se consiguen en un acto sino tras sucesivos acuerdos.

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