Impuestos al poder económico

Los beneficios obtenidos por los cinco grandes bancos españoles alcanzaron en 2023 los 26.088 millones de euros, el 26% más que en el ejercicio anterior. Es una cosecha extraordinaria, favorable para el sector. Y para España si su desglose se somete a una distribución sensata y no extractiva: dividendos, remuneraciones, impuestos, innovación, reservas. La citada cuantía ha reiniciado el debate sobre el impuesto especial a la banca, pero conviene ampliar el foco. Es toda la carga fiscal sobre las personas físicas y jurídicas que tienen mayor poder económico lo que requiere una visión de conjunto, o sea, el gravamen especial a financieras y eléctricas, la fiscalidad sobre el patrimonio y el impuesto de sociedades. Sobre esas figuras y sobre todo el sistema impositivo está pendiente una reforma con detenimiento que se intentó en la anterior legislatura sin éxito. Lo mismo cabe decir del sistema de financiación autonómica, cuya revisión está pendiente desde 2014.

Para evitar la improvisación y los arreglos de urgencia, convendría convocar unos Estados Generales de la situación fiscal, sus insuficiencias y sus soluciones, patrocinados no por el Gobierno ni por la oposición, sino por el Parlamento. De lo contrario, España seguirá abocada a la dialéctica de brocha gorda. Por un lado, la propuesta populista —de cuya inoperancia hay evidencias científicas— de rebaja de impuestos generalizada para crecer más. Por otro, una exacción recaudatoria justificada por la necesidad de gasto y la escasa presión fiscal en relación con la UE, pero que no traza cuál es el deseable horizonte de estabilidad.

Mientras, hay que reclamar planteamientos que no contradigan la realidad. Pese a que España va reduciendo la brecha fiscal con sus vecinos europeos, la recaudación por el impuesto de sociedades es la única que sigue desplomada de su máximo de 44.800 millones en 2007, mientras que las de los otros dos grandes impuestos, el IRPF y el IVA, han aumentado sensiblemente. La tributación por patrimonio también es tormentosa. Ante la carrera desfiscalizadora de la Comunidad de Madrid y de otras autonomías conservadoras —que redirigen así la presión recaudatoria bien hacia otras comunidades, bien hacia Hacienda—, el Gobierno impulsó un tributo sobre grandes fortunas. Quienes reivindican el principio de igualdad —por ejemplo, en la discusión sobre la ley de amnistía— deberían tener en cuenta que este es indivisible, y que un instrumento básico para reducir la desigualdad social que corroe a nuestras sociedades es la tributación sobre la riqueza, más todavía que sobre la renta, como acaba de subrayar la propuesta del Observatorio Fiscal de la UE de establecer una nueva tasa del 2% a los milmillonarios.

En cuanto al gravamen especial a la banca por los beneficios añadidos a causa de los aumentos de tipos de interés del BCE, que amplían sus márgenes, todo indica que esos tipos continuarán altos durante un cierto plazo. No conviene, además, olvidar que los bancos centrales subvencionan a la banca privada con un tipo específico, ahora del 4%, en favor de los depósitos que esta les encomienda: les brinda unos 140.000 millones de beneficios garantizados en toda la eurozona, de los cuales, hasta agosto de 2023, más de 9.000 recayeron en las entidades españolas. La expectativa es que este tipo específico detraiga liquidez al sistema productivo y reduzca la inflación, pero todo indica que esta ya está controlada. Así pues, las razones específicas para ese impuesto, mejorable en aspectos que podrían afinarse en una revisión general del sistema fiscal, siguen pareciendo sólidas.