Fin de la cita previa obligatoria

El Gobierno se ha propuesto abordar en esta legislatura la reforma de la Administración con el objetivo de hacerla evolucionar, a través de las nuevas tecnologías, hacia un sistema más accesible al público y adaptado a las necesidades de cada usuario, un cambio de modelo fundamental a su vez para conseguir una mayor eficacia. Uno de los puntos de la reforma pasa por la eliminación de la cita obligatoria, una imposición que llegó con la pandemia de la covid y que ha acabado convirtiéndose en una barrera en la relación de los ciudadanos con la Administración.

En la actualidad se exige tener cita con día y hora para realizar la inmensa mayoría de las gestiones administrativas, hasta el punto de que dicha exigencia ha terminado siendo muchas veces la única vía de acceso de atención, con el inconveniente que eso supone para, especialmente, las personas mayores.

Pasada la excepcionalidad de la emergencia sanitaria, se han multiplicado las quejas por esta obligación, que en ocasiones ha derivado en serias demoras en la prestación de servicios vitales para algunos ciudadanos, como la tramitación de una pensión o del padrón municipal o la solicitud de la tarjeta de residencia para extranjeros. Al mismo tiempo, se ha comprobado la aparición de un mercado negro de citas para reducir los plazos de espera en esos trámites.

La situación ha llegado a tal punto, especialmente en las grandes ciudades, que el Consejo Económico y Social —órgano consultivo del Gobierno en el que participan sindicatos, patronales y otras organizaciones sociales— llevaba tiempo advirtiendo de que la obligación de la cita provocaba una gran insatisfacción en los ciudadanos respecto a los servicios públicos. Se da la paradoja, además, de que el Gobierno impulsó la pasada legislatura medidas para obligar a los bancos a mantener en sus oficinas puntos específicos de atención personal para evitar que los usuarios se vieran penalizados por la brecha digital en el acceso a las prestaciones bancarias. Una obligación que, sin embargo, no se aplicaba a la propia Administración.

Ahora el Ejecutivo reformará la normativa que se aplica a los servicios públicos. La cita previa seguirá existiendo, pero como una opción, no como una exigencia. Según detalló el miércoles pasado en el Congreso el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, la reforma incluirá a su vez la figura del evaluador de los servicios y de las políticas públicas, un elemento fundamental para mejorar la eficiencia de la Administración, cuya obligación es adaptarse a la sociedad del momento sin dejar de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a sus servicios en igualdad de condiciones.