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El mercado negro de las citas se extiende por la Administración

Las dificultades para hacer trámites y la inacción de los organismos públicos ante el fraude impulsan un negocio de miles de euros

Una usuaria consulta la página del INSS para solicitar una cita presencial en el servicio de la Seguridad Social.
Una usuaria consulta la página del INSS para solicitar una cita presencial en el servicio de la Seguridad Social.ÓSCAR CORRAL

Tratar con la Administración se ha convertido en un negocio. Las citas previas son desde hace años objeto de mercadeo, pero la inacción de los organismos públicos ha favorecido que el fraude se extienda a más de una decena de trámites, desde recoger la tarjeta de extranjero a renovar el carné de conducir. Sin huecos suficientes para atender a todos los que lo requieren, el mercado negro de citas tiene a miles de ciudadanos como potenciales clientes. El negocio está desatado con los trámites relacionados con Extranjería, pero también con la Seguridad Social. Conseguir que un funcionario te reciba para revisar la pensión se cotiza a 50 euros, lograr la cita para pedir asilo llega a 200 euros. Es un negocio clandestino a medias: la Administración sabe perfectamente que existe y cualquiera tiene acceso a los intermediarios a través de WhatsApp o Wallapop. Además de quien se aprovecha de las fallas del sistema para lucrarse, no sobran los que, además, estafan a los más necesitados. “Son mafias que se han dado cuenta de que si están todo el rato buscando citas y las cogen, después van a sacar un rendimiento económico muy alto porque la gente está desesperada”, alerta Irene Ramírez, abogada especializada en Extranjería.

Aunque ya no es exclusivo de ellos, quienes llevan más años lidiando con intermediarios que venden citas ilegalmente son los extranjeros. En España hay 5,5 millones de ciudadanos de países de fuera de la UE, según el INE, y todos ellos necesitan trámites y citas de forma recurrente para mantener en orden sus papeles. El sistema está corrompido hace tiempo, la Administración lo sabe, pero ni ofrece citas suficientes que hagan innecesario el negocio de las mafias, ni ha impuesto cortafuegos de forma generalizada que impidan la aparición de un mercado negro.

Los precios están ahora disparados, sobre todo en provincias como Madrid y Barcelona, donde hay más peticiones. En general, faltan recursos para atender la demanda creciente, pero hay periodos en los que la situación se agrava. Hace un par de años, por ejemplo, fue la pandemia, y, ahora, la guerra de Ucrania. La tramitación exprés de los documentos de casi 170.000 refugiados ha sido un hito del que España se enorgullece, pero al mismo tiempo ha supuesto dedicar a policías de las Brigadas de Extranjería exclusivamente a este trámite y relegar otros.

Conversaciones telefónicas con vendedores de citas para realizar trámites con la Administración.
Conversaciones telefónicas con vendedores de citas para realizar trámites con la Administración.Equipo de diseño EL PAÍS

La cita más preciada es para los que quieren pedir asilo en España. En Madrid, por ejemplo, se ofrecen unas 4.000 citas al mes para hacerlo, pero no resultan suficientes y se venden como churros por 200 euros. Anyelina, una colombiana de 30 años, está dispuesta a pagarlos para que su hermano pueda obtener la preciada cita. Hace un año ella también tuvo que pagar, aunque el coste no superaba los 60 euros. “Normalmente, casi todos llegamos desubicados y para nosotros el tiempo es oro”, explica. “Me pasaba el día en la página intentando conseguir una cita y era imposible. Al final pagué”. A Anyelina le enfada pagar ese dinero por un trámite que es gratis, pero ese paso es tan importante para poder trabajar o para abrir una cuenta bancaria que no hay muchas más opciones.

Anyelina está enfadada, lo considera un abuso. “Yo tengo que trabajar 12 horas, sin poder dormir, cuidando a una señora para ganarme 50 euros… Y estos pendejos se tardan tres minutos en sacar una cita y cobran 200 euros. No sé cómo lo hacen, pero son una mafia. ¿Se creen que la plata llueve del cielo?”. Y la lucha de Anyelina con la Administración no acaba ahí. Su novio, que necesita canjear su carné de conducir en la DGT, tampoco consigue cita. Lleva ya 80 euros invertidos en comprar la vez en la oficina de Tráfico. “En un año, la única cita que he conseguido sin pagar ha sido para empadronarme”, reclama.

El modus operandi se ha ido adaptando en los últimos años, pero, en esencia, es el mismo. Los compradores de turnos piden el número de identificación de extranjero, el nombre completo, la nacionalidad, un correo electrónico y la provincia en la que quiere hacerse el trámite. Cuando la página web libera las citas previas, ya hay un ejército de gestores, abogados, locutorios y aprovechadores en general dispuestos a acaparar el mayor número posible de turnos que ya les han encargado previamente. La cita se paga una vez que está confirmada, en persona, por transferencia, mediante ingreso bancario o por Bizum. “Garantizado 100%”, “si me recomiendan es por algo”, “entre más rápido me pases los datos, más rápido me pongo a ello”, anima un intermediario ante las dudas planteadas por EL PAÍS.

En el caso de la Seguridad Social, el servicio es algo diferente y se parece más a una subcontratación. Aquí los vendedores se ofrecen a permanecer el tiempo necesario frente al ordenador, refrescando las páginas en las que se publican las citas continuamente a cambio de dinero. Los precios son algo inferiores también: entre 15 y 50 euros. Una búsqueda rápida en la web oficial evidencia que las citas son escasas, pero que existen. Sin embargo, no siempre se localizan en las oficinas más cercanas al domicilio del demandante. Algo que supone un alivio y un problema al mismo tiempo. “Con la fórmula del distrito único que se ha implementado en Madrid —que permite obtener una cita en cualquier oficina de la provincia —, se extienden las posibilidades de que una persona encuentre un hueco disponible”, explica una fuente del departamento que dirige José Luis Escrivá.

La Seguridad Social registró 670.000 peticiones de citas previas en los primeros días de marzo, de las cuales el 1,12% fueron solicitadas a través de un software automatizado (robot), la única modalidad fraudulenta de la que se ha realizado un seguimiento. “Se están tomando medidas para intentar evitarlos o reducirlos a la mínima expresión, por ello son objeto de tratamiento y análisis por parte de los equipos de seguridad de la Seguridad Social”, señala una fuente ministerial. A pesar de esta realidad, “la posibilidad de reventa es muy reducida y su impacto ciertamente limitado”, defiende.

Control y organización

Durante la pandemia, las oficinas de empleo colapsaron con la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). No estaban preparadas para trabajar en remoto, y antes del cierre de los locales por el coronavirus, no existía el sistema de cita previa. “Ahora, en general, el sistema de citas funciona de manera adecuada en toda España en la actualidad”, señala una fuente del Ministerio de Trabajo, del que depende el SEPE. Además, asegura que la asignación de citas se ha centralizado “lo que permite un mejor control y organización”, y que la “presolicitud —un mecanismo con el que se puede solicitar cualquier prestación y subsidio e incluso hacer cualquier trámite sin necesidad de ir a la oficina—, descongestiona la cita previa, sobre todo en momentos puntuales de picos de demanda”. Sin embargo, en opinión de Manuel Galdeano, la falta de personal público sigue siendo un problema para hacer frente “a una mayor carga de trabajo”. En su informe anual, el Defensor del Pueblo señala el “elevado número de quejas” ante la dificultad para obtener cita en la mayoría de provincias.

El sistema de cita previa ya venía empleándose en la Agencia Tributaria, y que le ha permitido impermeabilizarse ante la aparición de este mercado alternativo. “Lo que hemos hecho es tratar de limpiar al máximo la interfaz del servicio de cita de la página web para poder ofrecer un servicio más rápido, que requiera de menos pasos y que sea más resolutivo”, indica una fuente de la Agencia. De hecho, en el organismo que depende del Ministerio de Hacienda no tienen constancia de que haya existido un bazar paralelo en el que se ofrezcan estos turnos.

La falta de citas y el mercado negro que se ha creado gracias a ello favorece también el engaño, más allá del fraude. Kevin Tafur, otro colombiano de 30 años, huyó de su país en agosto del año pasado. Después de un mes intentando sacar una cita sin resultado, acabó pagando 180 euros para pedir asilo en Madrid. “El hombre con el que contacté me escribió a las tres semanas me dijo que ya la tenía y me mandó una captura de pantalla. Le hice el envío del dinero y el día de la cita me presenté en la comisaría, pero mi nombre no estaba en ninguna parte. Cuando fui a mirar nuestro chat ya no estaba la captura, ni nuestros mensajes y su número no estaba operativo. Me había engañado. Me pasó por tonto, pero estaba pasando por una situación dura, estaba trabajando por días, no tenía por dónde quedarme, mi cabeza estaba colapsada…”.

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