Adiós a la cita previa obligatoria para hacer trámites con la Administración

“La atención presencial en las administraciones públicas para un colectivo de ciudadanos no tiene sustitutos; cuando alguien se quiere jubilar, lo que quiere es tener una conversación con un funcionario”. Con este ejemplo ha explicado este miércoles el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, la intención del Gobierno de cambiar la ley para prohibir expresamente que los organismos públicos puedan exigir a los ciudadanos una cita previa para ser atendidos por la Administración.

Así, el Ejecutivo pretende reformar la normativa que ahora tiene un vacío legal, que es el que ha permitido a muchos organismos públicos y administraciones imponer la obtención de una cita previa para hacer cualquier trámite administrativo. Esta práctica se extendió durante la pandemia para poder gestionar mejor lo que en muchas ocasiones suponía una verdadera avalancha de solicitudes de atención no presencial de ciudadanos, obligados por la crisis sanitaria. Pero superada esta urgencia, muchos de estos organismos han mantenido esta obligatoriedad de cita previa. “Veremos cómo trasladamos esta prohibición a la ley y la traemos al Parlamento lo antes posible”, ha dicho el ministro.

Esta es una de las medidas con las que se va a estrenar Escrivá en su nuevo cometido como máximo responsable de la función pública española, donde quiere llevar a cabo una profunda transformación tecnológica, estructural, de funcionamiento y personal. El ministro ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados para avanzar los planes de su departamento para esta legislatura, con la renovación y rejuvenecimiento de la plantilla de empleados públicos en el horizonte más inmediato, ya que en el 60% de los empleados estatales se jubilará en los próximos 10 años. Para ello, ha hecho otro anuncio: la eliminación, a partir de 2025, de la denominada tasa de reposición, un sistema que se impuso de forma generalizada entre 2012 y 2018 y que impedía reponer las bajas de empleo que se producían en las administraciones para controlar el gasto en personal. Esta tasa ya había sido eliminada en bastantes áreas, pero los sindicatos exigían su eliminación total, por lo que han aplaudido este anuncio.

“El punto de partida es una plantilla muy tensionada”, ha arrancado Escrivá, su intervención. Según ha señalado, el personal al servicio del Estado sigue estando un 10% por debajo del número de efectivos previos a la crisis financiera de 2008 y esto se ha producido “por un procedimiento muy cuestionado, como es la tasa de reposición, que propició un recorte de empleo muy grande; esto unido a una creciente tasa de jubilaciones ha dejado muy tocada la plantilla”, ha dicho el ministro. Con ese perfil de envejecimiento —ha añadido Escrivá— es fundamental una previsión estratégica de cuántos y qué tipo de empleados públicos serán necesarios en un horizonte plurianual y eso es muy difícil hacerlo con la tasa de reposición. Por ello, ha defendido que la Administración General del Estado y después el resto de administraciones, “tendrán que planificar sus plantillas un modelo totalmente distinto a la tasa de reposición y nos damos este año para construir un nuevo modelo para negociarlo (con los sindicatos) y recogerlo en los Presupuestos Generales del Estado de 2025″.

El hecho de que se vaya a recuperar la posibilidad de reponer todas las bajas no significa que todas y cada una de ellas se tengan que sustituir forzosamente. De hecho, desde el área de Función Pública no precisan cuántos empleados públicos harán falta para redimensionar la plantilla en los próximos años, porque en el diseño de estas necesidades de personal entra también en juego el impacto de la tecnología que podría mitigar la necesidad de crear nuevos puestos. Aunque sus planes no son que haya menos empleados públicos sino más, apuntan. En lo que se refiere a las plantillas, un primer análisis del sindicato de funcionarios CSIF, apunta a que las administraciones públicas en su conjunto requieren al menos 100.000 puestos de trabajo para sanidad, educación, justicia o Administración del Estado, entre otros.

Segunda carrera profesional para los veteranos del sector privado

Además, el ministro ha relatado que sus planes girarán en torno a cuatro ejes. El primero será la planificación estratégica, dando más autonomía a los organismos para que gestionen su cartera de servicios: “ahora hay un modelo muy arraigado de autorización previa de casi todo, incluso con decisiones muy menores”, que debe modificarse, según Escrivá.

En segundo lugar, este nuevo equipo quiere desplegar un plan de captación y retención del talento joven, pero también sénior. Se trataría, según fuentes del departamento, de “ofrecer una segunda carrera profesional a personas del sector privado que estén saliendo de sus organizaciones” en una edad más avanzada. El tercer eje persigue cambiar la evaluación del desempeño y la carrera profesional. Para ello pretenden negociar con los sindicatos, a lo largo de este año, la identificación de las áreas funcionales de cada servicio público y las competencias que se requerirán a los funcionarios que las lleven a cabo.

“Estas áreas funcionales son las que nos tienen que definir las carreras profesionales de los funcionarios y acompañarles; y eso hay que hacerlo dentro de la actual estructura funcional de cuerpos y escalas. Pero hay que añadir una capa funcional de competencias, porque los países con mejor funcionamiento del servicio público se organizan por competencias”, ha indicado Escrivá. En este punto, entre los planes del Ejecutivo está también la creación de una Unidad Transversal Operativa, que será una especie de reserva de empleados públicos, formados polivalentemente, que puedan reaccionar rápidamente en caso de un shock externo, como fue la pandemia. Este grupo se podrá nutrir “de muchos funcionarios que hemos conocido todos en nuestro paso por la Administración que están, a veces, desubicados, pero que son muy valiosos”, según el ministro.

El último eje supondrá el desarrollo de la figura del “directivo público profesional”, cuya creación ya está prevista en la ley, pero solo llega al nivel de subdirección, y la intención del Ejecutivo es elevarla a niveles superiores (director general), con la creación de un Estatuto propio del directivo público. Para desplegar estos cuatro ejes, el equipo de Escrivá está hablando ya con los representantes sindicales de la función pública, con los que quiere negociar los cambios a lo largo de todo 2024.

Acabar con la jerga administrativa

En toda esta reforma, Escrivá también quiere hacer más sencillo y legible el lenguaje con el que la Administración se relaciona con los ciudadanos. “Existe una brecha del lenguaje”, ha reconocido. “Muchas veces nos llega información en un lenguaje administrativo que a veces es absolutamente necesario por cuestiones jurídicas, pero eso no es óbice para que, al mismo tiempo que se citen las normas necesarias, [los ciudadanos] entiendan qué se está pidiendo”.

Para lograr este objetivo, el ministro ha avanzado que los técnicos de su departamento están trabajando en el desarrollo y despliegue de dos herramientas, que se implementarán primero en la Administración General del Estado. La primera consiste en un software del que harán uso los funcionarios que redacten notificaciones y requerimientos a los ciudadanos y que les avise si están abusando de la jerga administrativa, al tiempo que les sugiera otra forma más comprensible de escribirlo. Y, en segundo lugar, preparan “modelos de inteligencia artificial entrenados en conversaciones entre funcionarios y ciudadanos, que ayuden a acabar con ese teléfono roto entre las dos partes”. Se trataría de poner al servicio de los funcionarios una especie de “copiloto de interacción” que les ayude a relacionarse con las demandas ciudadanas.

La nueva figura del “evaluador”

Pero toda esta transformación de las administraciones debe ir acompañada, según ha insistido el propio Escrivá, por un nuevo sistema de evaluación de las políticas públicas. Llegados a este punto, ha efectuado otro anuncio: la creación de una nueva Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que realice el análisis ex ante, esto es, el diseño previo de la cartera de servicios y su prestación antes de ponerla en marcha. En el despliegue de las labores de esta agencia se debe incluir la figura del “evaluador”. Se trataría, ha explicado Escrivá, de “funcionarios dedicados a testar el funcionamiento de los servicios públicos. Estos empleados apenas existen por lo que será necesario que reciban la formación adecuada y que sirvan de interlocutores de cada ministerio u organismo con la futura agencia”.

Según ha concluído, está previsto que esta nueva agencia dependa de la Secretaría de Estado de Función Pública, aunque en opinión del ministro debería encuadrarse dentro del Ministerio de Economía, para vincularla a las decisiones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y a la elaboración de las memorias de análisis de impacto normativo. “Esto también lo opina el responsable del ministerio de Economía, Carlos Cuerpo”, ha asegurado Escrivá.

Junto a esta evaluación previa, Escrivá ha apuntado también a la creación de una “nueva división” en este caso ex post (tras la implantación de la política pública) y que debería seguir llevando a cabo, como en la actualidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En concreto, ha señalado asimismo que su departamento fijará con la Airef “un calendario de legislatura” para estas evaluaciones, con el objetivo de que este organismo independiente “priorice el análisis de los ámbitos de la función pública que tienen más necesidad de ser transformados”.

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