Ayudas públicas sin papeleo

El Ingreso Mínimo Vital solo lo percibe el 35% de los 800.000 hogares que podrían beneficiarse, según la AIReF, y la cobertura es aún peor en el colectivo donde este ingreso no debería fallar: solo llega al 5% de las personas sin hogar que tienen derecho a cobrarlo, según un estudio de Nuria Badenes. Lo mismo sucede con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y los bonos sociales eléctrico y térmico. La ayuda de 200 euros incluida en uno de los paquetes del escudo anti-inflación solo alcanzó a un tercio de sus potenciales beneficiarios. Claramente hay un grave problema para hacer llegar a sus destinatarios las ayudas públicas de emergencia o las dirigidas a las personas más vulnerables.

Éste es uno de los fallos del sistema de protección social en España, que la OCDE califica recurrentemente de insuficiente. Los trabajos de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó apuntan a que las carencias se deben también a falta de recursos, problemas de diseño y vacíos de cobertura, pues no se suele considerar que la desprotección va más allá de los pobres y alcanza también a una clase media baja que se extiende sobre gran parte de la distribución de la renta. Esta clase media baja es resultado los magros salarios y el elevado paro y subempleo. La mitad de los asalariados cobra un salario inferior a los 1.500 euros brutos mensuales y el salario más común es de 1.300 euros, muy próximo al SMI 1.080 euros.

Una pendiente reforma fiscal debe proporcionar los recursos necesarios para alcanzar un nivel de protección social suficiente, pero incluso con los fondos adecuados estos no llegarán a quienes los necesitan si no se mejora el diseño de las ayudas y la manera en cómo se accede a las mismas. Es necesario un cambio en la forma en cómo la Administración hace efectivo el ingreso de estas prestaciones. Hay que transitar a un modelo sin solicitud o papeleo, donde las ayudas se concedan a partir de la información que obra en manos del sector público y donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no imponiendo una carga administrativa imposible sobre los hombros de personas y hogares vulnerables. Estos ya tienen bastantes problemas como para además añadirles el de un papeleo administrativo innecesario que les obliga a aportar una información que ya tienen las Administraciones Públicas.

Este no es un cambio novedoso. Simplemente se trata de extender el modelo de aquellas prestaciones públicas que sí llegan a todos sus potenciales beneficiarios. Es el caso de las pensiones y las prestaciones por desempleo contributivas y asistenciales, donde la comprobación de requisitos, su concesión e ingreso corre a cargo del Instituto Nacional de Seguridad Social y el SEPE. En el siglo del big data, la AEAT y el resto de organismos públicos disponen de suficiente información para hacer llegar ayudas permanentes o de emergencia a los ciudadanos sin necesidad de que estos las soliciten. Precisamente ahora que se acaba la fase de respuesta expansiva a la crisis de pérdida de poder de compra y se recuperan los límites fiscales a la iniciativa pública, es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos.

Carlos Martín Urriza es portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar y presidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

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