La credibilidad de Junts

Por quererlo todo, Junts se arriesga a quedarse sin nada. Si ya era difícil esquivar los escollos para incluir a Carles Puigdemont en la ley de amnistía tras las sinuosas e improvisadas actuaciones del juez García-Castellón, ahora se suma otra investigación resucitada, esta vez por el magistrado Joaquín Aguirre sobre la presunta trama rusa del procés. Ese blindaje en respuesta a los movimientos judiciales es el que perseguía la formación independentista con sus enmiendas de última hora, rechazadas este martes en el Congreso por el PSOE, y lo que ha conducido a sus siete diputados a coincidir con Vox y el PP en el voto en contra de la amnistía. Tras plantarse este martes los socialistas —”la ley entró constitucional y así saldrá de esta Cámara”, dijo el ministro Bolaños—, Junts pretende seguir negociando para intentar torcer el brazo al Gobierno en la comisión parlamentaria de Justicia. Quedan al menos 15 días de tramitación.

El PSOE y sus socios, excepto Junts, han llegado todo lo lejos que era razonable para abarcar en la medida de gracia a cuantos más implicados en la intentona independentista de 2017 sea posible. Muchas líneas rojas han tenido que traspasar los responsables socialistas para satisfacer las demandas de sus socios de investidura.

A pesar del déficit crónico de pedagogía del Ejecutivo de Pedro Sánchez, está dentro de lo razonable que la ley englobe unos desórdenes públicos claramente diferenciables del terrorismo. La gravedad de los actos de Tsunami Democràtic es evidente, pero hace falta forzar mucho la interpretación de las leyes para encajarlos en este tipo de delito, tal como pretende García-Castellón, sin muchas garantías de prosperar en posteriores instancias judiciales. El PSOE y Sumar ya han señalado que no se moverán de la actual redacción de la norma. Esquerra les apoya, porque considera que es, tras los indultos, otro paso en la buena dirección para devolver al territorio de la política el pesado fardo penal resultante de la crisis catalana de hace siete años.

Tanto Puigdemont como el resto de los dirigentes de Junts han repetido una y otra vez que su propósito no es garantizar la gobernabilidad de España ni la estabilidad del Gobierno de coalición, pero su voto negativo deja momentáneamente fuera de la cobertura de la ley de amnistía a cientos de implicados en los hechos que condujeron a la declaración ilegal de independencia: desde directores de centros escolares usados como colegios electorales a ciudadanos que ocultaron las urnas pasando por cargos intermedios de las formaciones independentistas.

Junts se ha acostumbrado a apurar todos los plazos para obtener las más variadas contrapartidas. Las diferentes enmiendas a la ley respondían a actuaciones judiciales que, a su vez, eran una reacción a los movimientos del poder legislativo durante su tramitación. La sensación de que la norma se redactaba a la carta para incluir inexcusablemente a Puigdemont quedó corroborada ayer por los diputados de su partido, cuyo voto negativo sembró la duda sobre su supuesto interés en la normalización de Cataluña.

Lejos de conseguirla, Junts fuerza los límites en busca de su propio beneficio y sin contar con el resentimiento social que el boicot a la ley de amnistía podría despertar entre quienes habrán visto frustradas sus expectativas por esos siete votos. De momento se ha encontrado con la negativa del Ejecutivo a cesiones adicionales. Eso tiene al menos dos consecuencias. A la corta, el argumento del PP de que el Gobierno cede a todo se emborrona. Pero con la mirada puesta en la legislatura, son evidentes los costurones en la mayoría que sustenta al Gobierno de coalición.