Amnistía necesaria

Ha llegado el momento de la deliberación en el Parlamento sobre la ley de amnistía. Hay escasas esperanzas de que a partir de hoy sea el debate racional el que preceda a la votación de una proposición de ley orgánica que sus críticos rechazaban mucho antes de que se registrara en el Congreso, es decir, sin conocer sus motivos, artículos y disposiciones adicionales. Harían bien todos los partidos en evitar las descalificaciones para discutir el contenido de la norma y sus enmiendas.

Cuando la ley haya terminado tanto su recorrido parlamentario como, si prosperan los recursos anunciados, su paso por el Tribunal Constitucional, este tormentoso episodio debería quedar cerrado. Paradójicamente, quien cuestiona la legitimidad del poder Legislativo o no acepta el dictamen del Tribunal Constitucional se sitúa al lado de los independentistas, que no aceptaron la sentencia del Estatuto de Cataluña y se lanzaron irresponsablemente a proclamar la secesión.

El reto del Gobierno en este tramo decisivo del debate es revertir la consideración negativa que merece la amnistía en el conjunto de España, incluso entre sus propios votantes, tal como reflejan las encuestas. El apoyo mayoritario que recibe en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña no debería hacer olvidar el desasosiego que genera en muchos ciudadanos la mera relación de los delitos contenidos en el primer artículo de la ley: usurpación de funciones públicas, malversación, atentados contra la autoridad, prevaricación o desórdenes públicos. O las dudas jurídicas que alberga el tratamiento de los delitos de terrorismo tal y como se describen en el segundo. Por no hablar de que, al contrario de lo que sucedió con los indultos, algunos de los beneficiarios de la amnistía se encuentran huidos de la justicia española, empezando por Carles Puigdemont.

Los defensores de la medida tendrán que doblar el esfuerzo pedagógico, porque si algún déficit presenta esta proposición de ley es la aritmética parlamentaria de la que nace (los siete votos de Junts), la elección del procedimiento de urgencia para su tramitación y su escasa capacidad de consenso, derivada de la polarización asimétrica que empaña la vida política española desde la moción de censura de 2018. El hecho de que la proposición viniera precedida de un pacto entre PSOE y Junts que incluye un argumentario ayuno de rigor histórico tampoco ayuda, pero el preámbulo de la ley que hoy se debate defiende inequívocamente el marco legal de 1978.

Esgrimir como principal motivo para la amnistía la oportunidad de resolver el problema de “encaje” de Cataluña —reconocido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de que las críticas de los suyos le obligaran a desdecirse— es legítimo. Difícilmente podrá restaurarse la convivencia entre catalanes, y entre estos y el resto de los españoles, si una parte de sus dirigentes siguen incriminados por un conflicto de motivaciones políticas en el que, ciertamente, vulneraron la Constitución y dividieron a la sociedad.

Este es el argumento de mayor peso para una amnistía guiada por el interés general, con el propósito de resolver una situación excepcional, tal como recoge el preámbulo de la ley, aunque sea contestado por quienes —nacionalistas catalanes o españoles— consideran inexorable la repetición del proceso secesionista. Nada indica que el tándem PP-Vox vaya a dejar de explotar ese filón a pesar de los desastrosos resultados de una actitud que desconoce toda propuesta más allá de la negación del problema practicada ya por Mariano Rajoy. Es en parte ese inmovilismo estéril el que demuestra la necesidad de una medida de gracia que pretende pasar página de una década de deriva polarizadora.