Bochorno institucional

La reciente investidura del presidente del Gobierno de España, y la constitución del mismo, están dado lugar a un muy duro enfrentamiento de los partidos de la oposición de derechas, a los que se han unido no solo ciudadanos en la calle —algo propio de las sociedades democráticas, aunque repudiable cuando se transforma en expresiones violentas—, sino, lo que es sorprendente e inaceptable, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, dirigido por un grupo de vocales con el mandato caducado desde hace cinco años que corresponde a la mayoría parlamentaria de entonces. Esto ha dado pie a que órganos de gobierno de tribunales y altos funcionarios del Estado actúen también críticamente contra el Gobierno y los partidos políticos, no desde su posición de ciudadanos libres, sino amparándose y haciendo gala del escudo de los cuerpos e instituciones a los que pertenecen.

Vergüenza ajena y bochorno institucional producen esos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, conscientes de su situación precaria, están prestos a actuar en la vida política como actores privilegiados, permitiéndose adoptar decisiones, emitir informes improcedentes y no solicitados sobre proposiciones de ley aún no estudiadas ni debatidas, para convertirse en actores políticos decididos a derribar al Gobierno, dañando gravemente a las instituciones y a las personas que en ese momento las representan.

Estas actitudes del CGPJ han alentado comportamientos insólitos de órganos de gobierno de tribunales que, a través de salas de gobierno o de juntas de jueces, se han manifestado públicamente interviniendo en la actuación del Legislativo con referencia a leyes aún no tramitadas. Y también muy grave es la presencia de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de élite de la Administración del Estado encargados de ejercer el poder judicial, permitiéndose manifestar su disconformidad con el Gobierno y con el poder legislativo, con censuras a las puertas de los palacios de justicia, revestidos pomposamente con las togas y las puñetas de lo que consideran “su poder”, con la capacidad de opinar sobre una futura ley que, como establece la Constitución, solo está sujeta a la revisión de constitucionalidad que le corresponde al Tribunal Constitucional una vez promulgada.

Desde una perspectiva democrática, causa vergüenza ajena ver las imágenes en las que la pomposidad y la exhibición de “poder” descalifican a sus portadores. O leer los comunicados de algunos órganos de gobierno de tribunales. Todo ello pone en grave riesgo ante los ciudadanos la percepción de imparcialidad debida en el ejercicio de sus actos.

Porque el “poder” de que hacen gala solo lo tienen unos al ejercer la jurisdicción firmando las resoluciones y solo en ese momento; otros, ejerciendo la acción pública y los otros con el poder de la fe pública judicial, porque les ha sido delegado. Este poder no les pertenece. Pertenece al pueblo que se lo delega, ese pueblo que ha votado en las elecciones, ha designado a los representantes para elaborar las leyes con las que ellos han de resolver los conflictos sociales, pero que utilizan, con un punto de soberbia como en este caso, para enmendar una proposición antes de que nazca, pretendiendo estar por encima del pueblo y de sus legítimos representantes, frente a las instituciones del Estado democrático.

Tal vez pase desapercibida la gravedad del hecho de que estos altos funcionarios del Estado se apropien de lo que es la esencia de la democracia y utilicen su privilegiada posición para atacar al poder legislativo y al Ejecutivo, simplemente porque parece no gustarles su legítimo ejercicio. Naturalmente que tienen libertad de expresión y crítica, pero en la calle como el resto de los ciudadanos o a través de las organizaciones profesionales, pero nunca revestidos de sus togas, en la puerta de sus sedes o en el seno de las instituciones que son de todos, en claro desafío corporativo, apropiándose de lo que no les corresponde.

Y en el marco de esta situación de acoso político hay que añadir otra actuación más de esos miembros del CGPJ con el mandato caducado, esta vez con motivo de la renovación para el cargo de fiscal general del Estado a propuesta del Gobierno. En efecto, los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial regulan el trámite de audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento de fiscal general. Y, aunque en este caso no se trata de nombramiento, sino de renovación, la ley establece los requisitos, que no son otros que tratarse de un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Sin duda, ambos requisitos los cumple sobradamente el candidato. Además, estos mismos requisitos ya habían sido valorados y, en consecuencia, el candidato fue declarado idóneo, por este mismo Consejo General del Poder Judicial hace algo más de un año cuando fue nombrado para el cargo. Es decir, manteniendo exactamente los mismos requisitos del momento de su nombramiento ahora, al ser renovado, ese grupo de vocales, abusando de una mayoría caducada, se pronuncian para argumentar lo contrario, que parece ser coincidente con los intereses de la oposición política. Algo incomprensible, pero que se admite como si fuese normal en esta batalla contra el Gobierno legalmente constituido y en el ejercicio de sus funciones.

Y en este punto no se puede obviar el factor humano, el de las personas que al frente de las instituciones sufren el ataque personal, profesional e institucional derivado de tales comportamientos.

Desde el CGPJ se ataca la propuesta y se ataca a la persona que propone el Gobierno. Parece ser que, además de servir a objetivos políticos inmediatos, con este ataque lo que se pretende es que en el Ministerio Fiscal no quepa una interpretación progresista del interés público y del interés social a que viene obligado constitucionalmente. Esta ha sido una batalla interna que han tenido que soportar los dos últimos fiscales generales propuestos por el Gobierno de izquierdas: Dolores Delgado y ahora Álvaro García Ortiz. Ambos han sufrido y sufren toda clase de ataques y descalificaciones, incluso desde sectores conservadores de dentro de la propia carrera fiscal, como nunca ha sufrido ningún otro fiscal general. Y todo ello porque su manera de dirigir la institución no es satisfactoria para algunos y porque la interpretación del interés público y el interés social que consideran que debe defender el Ministerio Fiscal sin duda pugna con los intereses políticos, de clase, económicos o simplemente de concepción del derecho positivo que sostienen quienes les atacan con finalidad política. Una situación lamentable que no debe pasar desapercibida para entender determinadas actitudes.

Por eso, creemos que esta sociedad, y especialmente en este momento, no debe descuidar el respeto, y singularmente deben ser cuidadosos aquellos que ocupan altas responsabilidades. Respeto a la democracia y a sus instituciones, respeto al adversario político y, sobre todo, respeto a y entre las personas que componemos el universo social base de la convivencia de un país.