Dos asociaciones de fiscales presionan al Gobierno para que frene el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Dos de las tres asociaciones de fiscales con representación en el Consejo Fiscal han pedido al Gobierno que frene la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Delgado fue propuesta el pasado jueves para ocupar ese puesto por su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, y en contra del criterio de siete de los 12 fiscales de su principal órgano asesor, que se negaron a participar en la votación previa a la designación. Ahora, las asociaciones a las que pertenecen esos siete fiscales ―la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)― han dirigido escritos al Gobierno para tratar de parar el nombramiento al considerarlo nulo.

La primera en dirigirse al Ejecutivo ha sido la AF, la asociación mayoritaria y de tendencia conservadora. En una carta enviada este lunes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, le pide que no remita al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general o, en caso de haberlo hecho ya, le dé traslado del escrito de la asociación para que se frene el nombramiento. Fuentes del Gobierno señalan que la ley no prevé que la ministra de Justicia pueda dejar en suspenso una propuesta de nombramiento formulada por el fiscal general.

La AF, sin embargo, exige la intervención de Llop y explica que sus representantes en el Consejo Fiscal y el vocal de APIF intentaron que se aplazara la designación al entender que, con las elecciones convocadas para el 23 de julio y las Cortes disueltas, existían “razones de ética, estética y respeto institucional” para que no se llevara a cabo, pero su petición no fue atendida, lo que llevó a los miembros de esas dos asociaciones a no participar en el trámite de votación, preceptivo aunque no vinculante.

En su escrito, la AF argumenta que la actuación de sus vocales “no puede considerarse como un voto negativo o como una abstención, sino como la no emisión del preceptivo informe” exigido por el Estatuto del Ministerio Fiscal, por lo que acusa a García Ortiz de haber “incumplido” el trámite legal y sostiene que el nombramiento debe considerarse nulo. La asociación reprocha también que el fiscal general se negase a estudiar si existía una causa de incompatibilidad de Delgado para ejercer la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, como denuncian la AF y APIF, basándose en que su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, dirige Figbar, una fundación dedicada a proteger los derechos humanos.

“Situar en la cúspide de esa fiscalía especializada a Dolores Delgado con la función de coordinar y supervisar la actuación de la Fiscalía en materia de memoria democrática y derechos humanos, con la facultad de dictar circulares, instrucciones o dar órdenes para reforzar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal allí donde se produzca, desarrollando las oportunas investigaciones y en su caso ejercitando la acción penal, cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal fiscalía especializada resulta inadmisible”, recoge la carta enviada a Llop por la AF.

La Asociación Independiente de Fiscales ha remitido también un escrito al Gobierno, pero en este caso el texto va dirigido al ministro de la Presidencia y secretario del Consejo de Ministros, Félix Bolaños, para advertirle de “la incidencia” ocurrida durante el último Consejo Fiscal, en referencia a la decisión de siete vocales de no participar en la votación previa al nombramiento de Delgado. Los argumentos de esta asociación son muy similares a los que emplea la AF para intentar parar la designación. Tras dar cuenta del posible conflicto de intereses de Delgado con la Fiscalía que se le ha asignado, la APIF denuncia que García Ortiz decidiera unilateralmente que no había causa de incompatibilidad. “Decidía él lo que era competencia del Consejo Fiscal en Pleno”, advierte la asociación.