El presidente del Poder Judicial y cinco vocales progresistas consideran que el pleno se extralimitó al rechazar la renovación del fiscal general

El presidente y cinco vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que el pleno del órgano, que por primera vez ha votado en contra del candidato propuesto por el Gobierno como fiscal general del Estado, tenía que haberse limitado a evaluar si Álvaro García Ortiz reúne los requisitos legales para ocupar ese cargo, y no tener en consideración otros asuntos, como su política de nombramientos al frente de la Fiscalía General o la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado. Así lo señalan Guilarte y cinco de los seis consejeros progresistas en un voto particular difundido en el que explican por qué, en el pleno del pasado jueves, se pronunciaron a favor de respaldar la renovación de García Ortiz.

“El pleno del Consejo General del Poder Judicial debería haber informado en el sentido de que la persona propuesta por el Consejo de Ministros para el cargo de fiscal general del Estado reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado para el expresado cargo”, señala el texto presentado ante el Consejo este lunes, redactado por la vocal Roser Bach y al que se han adherido Guilarte y los vocales progresistas propuestos por el PSOE, Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. De los siete vocales que votaron a favor de avalar a García Ortiz solo ha rehusado suscribir este escrito el conservador Juan Martínez Moya. Los firmantes expresan los argumentos que ya esgrimieron en el pleno para explicar su aval a García Ortiz: que el fiscal general cumple con las condiciones que exige la ley para ocupar este cargo (ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión) y que, hasta ahora, el pleno siempre había limitado los informes sobre el fiscal general a estos requisitos.

Los vocales progresistas y el presidente recuerdan que desde llegaron al Consejo, hace diez años, han informado en seis ocasiones sobre propuestas realizadas por el Consejo de Ministros para el nombramiento de fiscal general del Estado (Consuelo Madrigal, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar, nombrados el Gobierno de Mariano Rajoy, y María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, designados por el de Pedro Sánchez). Y en todas estas ocasiones el órgano ha sostenido “un criterio constante de enjuiciamiento limitado de la idoneidad de las personas candidatas (...) acotando el examen al cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos”. Prueba de ello, recuerda el texto, es que en el pleno de 27 de octubre de 2016, en el debate sobre el nombramiento de Maza, algunos vocales pidieron que el informe incluyera una valoración sobre las cualidades del candidato, reseñando su trayectoria profesional y otros méritos, pero el pleno se opuso.

El informe del pleno sobre el nombramiento del fiscal general no es vinculante, pero ha levantado gran polvareda por tratarse de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces rechaza la propuesta formulada por el Gobierno. El acuerdo del pleno, que salió adelante con ocho votos a favor (todos de vocales propuestos por el PP para formar parte del órgano) y siete en contra, basa el rechazo a la renovación de García Ortiz en la labor que este ha realizado al frente de la Fiscalía desde que llegó al cargo, en julio de 2022. Los vocales conservadores admiten que en otras ocasiones solo se ha examinado que el candidato cumple los requisitos legales, pero sostienen que, al tratarse de una renovación, se puede valorar también la trayectoria al frente del Ministerio Público, y concluyen que episodios como la sentencia del Supremo que consideró que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” al ascender a Delgado y su negativa a criticar públicamente la proposición de ley de amnistía son razones suficientes para considerar que no es idóneo para ese puesto.