El presidente del Poder Judicial propone retirar competencias al órgano para facilitar su renovación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple el lunes cinco años con el mandato caducado, una prórroga insólita que duplica el tiempo para el que los vocales que lo forman fueron elegidos. El Gobierno ha avanzado en los últimos días que intentará de nuevo llegar a un acuerdo para la renovación con el PP, que se ha desmarcado de las últimas negociaciones, con excusas cambiantes, cuando ya estaban prácticamente cerradas. Con las relaciones entre los dos partidos casi rotas y en medio de uno de los escenarios políticos más broncos de los últimos años, los populares están ahora cerrando la puerta a las conversaciones antes de que se inicien. “Pedro Sánchez es marioneta del independentismo, y para hacer todo lo que le pide el independentismo necesita tener el control judicial, pero nosotros desde luego no vamos a colaborar en eso”, aseguró el viernes el nuevo portavoz del popular en el Congreso, Miguel Tellado.

En este contexto, el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces, el vocal Vicente Guilarte, profundiza, en un artículo que publica EL PAÍS, en la propuesta que viene haciendo desde que accedió al cargo en julio, que pasa por una reforma que reste atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos. Frente al choque de modelos entre el PSOE (que apuesta por mantener el actual sistema de elección parlamentaria) y el PP (que quiere que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo), el presidente del órgano aboga por retirarle a este su principal competencia, que son los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial. En su opinión, esto ayudaría a renovar el CGPJ y a zanjar definitivamente los pulsos entre los partidos para futuras renovaciones.

Una reforma legal aprobada en marzo de 2021 vetó estos nombramientos cuando, como ahora, el CGPJ tenga el mandato caducado, lo que ha llevado a que se acumulen más de 80 vacantes, designaciones que, con el modelo actual, les tocará decidir a los vocales del próximo Consejo. Guilarte, propuesto por el PP en 2013 para formar parte del órgano, pretende un cambio de sistema de forma que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas sean elegidos directamente por sus miembros (como se elige a los jueces decanos de cada partido judicial), mientras que a los del Supremo los elegiría un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, catedráticos, abogados del Estado, registradores, notarios y otros altos funcionarios. El presidente del Consejo insiste en la necesidad de “objetivar” los nombramientos en el alto tribunal para que no queden “al albur de los veinte vocales del CGPJ”, que se limitan a hacer una valoración del mérito y la capacidad del candidato pese a no estar, en muchas ocasiones, cualificados para ello “por ser a menudo totalmente ajenos a la disciplina de los elegibles”. “Lo digo siempre: en mi Facultad nunca me dejarían impartir una clase de Derecho Penal, a pesar de lo cual he intervenido en la designación de numerosos miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

“Si esto se lograra, la apetencia de unos y otros por la designación de sus vocales se diluiría”, advierte Guilarte, que cree que este sistema ayudaría también a que “el nuevo CGPJ pueda tener un discurrir apacible sin verse eternamente acosado por el debate político”. “Hay que mover el árbol y hacerlo de forma que se restaure la hoy muy maliciada independencia que debe predicarse del órgano encargado de preservarla”, señala el presidente, quien asume “la percepción de fracaso de funcionamiento del Consejo, especialmente en materia de nombramientos, mediáticamente maliciados —no tanto en su realidad— por la corrosiva adscripción a los primarios bloques que de forma maniquea se enuncian”, en referencia a los grupos políticos que propusieron a los vocales actuales del órgano.

Renovación

Guilarte insiste en la necesidad de renovar el Consejo y, aunque considera que con el modelo actual de elección parlamentaria se constituiría un órgano “con caras nuevas pero, en función de su designación militante, con los mismos problemas que se han manifestado en anteriores y sobre todo en éste último mandato”, sostiene que “al día de hoy”, facilitaría las cosas el mantener el procedimiento de designación ya iniciado “aunque con alguna actualización, ya que la lista de candidatos a vocales del turno judicial” fue enviada a las Cortes “el ya lejano 27 de septiembre de 2018″. “Uno tiene la sensación de que seguimos siendo objeto de un debate, ajeno al interés de la carrera judicial, donde los agentes del sistema tratan de obtener un rédito político de la renovación/no renovación y no tanto de solventar la angustia del oficio y la defensa de su independencia”, lamenta.