El Gobierno escenifica una alianza con el presidente del Poder Judicial en busca de su renovación

A 10 días de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumpla cinco años con el mandato caducado, el Gobierno ha empezado a agitar el árbol. Y en ese empeño se ha encontrado con un aliado, el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, que este viernes, utilizó esa misma expresión, “agitar el árbol”, para expresar que todo su esfuerzo está centrado en conseguir la renovación y que incluso aspira a lograrlo en lo que queda de año. Cómo se va a conseguir no está claro porque la renovación sigue precisando un acuerdo con el PP, que este viernes invocó las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo del PSOE con Junts para alejar la posibilidad de un pacto con los socialistas.

La mañana del viernes comenzó con Guilarte y el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentados hombro con hombro en un desayuno informativo en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Para entonces, entre los asistentes, la mayoría vinculados al sector de la justicia, ya había dos temas de conversación: las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la noche del jueves en Israel, con las que descartó cambiar las mayorías parlamentarias para renovar el Poder Judicial y se mostró confiado en llegar a un acuerdo con el PP; y la querella por prevaricación anunciada por Sumar contra los 10 vocales conservadores del CGPJ, incluido el presidente suplente.

Guilarte, abordado por los medios de comunicación, intentó restarle importancia a la denuncia —”si me condenan tendré que cumplir”, afirmó—, pero se mostró molesto con el socio de Gobierno del PSOE porque, dijo, este movimiento va en la línea contraria a lo que él pretende, que es rebajar la tensión para favorecer la renovación. “Creo que estas actitudes no van a ningún sitio y es lo mismo que ha hecho desde el otro lado, con querellas y señalando. Si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación y de renovación y de consensos, pues no empezamos bien, creo. No me gusta”. Bolaños se desmarcó de la iniciativa de sus socios de gobierno. “Es una decisión que ha tomado una fuerza política” que “no es el PSOE”, aseguró, e insistió en que su objetivo es “tender puentes de entendimiento con el CGPJ”.

Terminado el desayuno, Guilarte y Bolaños se despidieron para encontrarse, de nuevo, minutos después. Esta vez, en la sede del CGPJ, donde se habían citado para su primera reunión oficial. Ambas partes han querido encuadrar el encuentro dentro de la ronda de contactos que el ministro ha iniciado tras asumir la cartera de Justicia y explicaron que responde a la costumbre de que la primera visita institucional que realizan los nuevos titulares del cargo sea a la sede del Poder Judicial. Pero a nadie se le escapa que este día coincidían varias circunstancias que agrandaban el foco sobre esta cita. “Se ha abierto una nueva etapa después de la investidura. Estamos en una nueva etapa y un nuevo Gobierno y un nuevo ministro de Justicia”, resumió Bolaños a los medios de comunicación a la salida del Real Casino. Después de meses de parálisis absoluta, estas palabras, unidas a las pronunciadas por Sánchez en Israel, suponen siquiera un mínimo indicio de que algo puede moverse.

La reunión entre Bolaños y Guilarte transcurrió en tono amistoso, pero ninguno de los dos quiso hacer declaraciones al término del encuentro, aunque ambas instituciones enviaron sendas notas a los medios de comunicación en las que destacan que han coincidido en la necesidad de renovar el Consejo. “Cuanto antes”, precisa el comunicado del ministerio, que hace también referencia a las palabras pronunciadas por Bolaños antes de la reunión, cuando aseguró que dedicará todo su esfuerzo a tender “puentes de entendimiento para que el Poder Judicial recupere la normalidad institucional”. Guilarte, por su parte, destacó la necesidad de buscar fórmulas alternativas que eviten “la situación de enquistamiento actual”.

Esas fórmulas por las que aboga el presidente suplente desde que llegó al cargo, en julio pasado, no son posibles reformas legales en la línea de la manejada por el PSOE hace dos años, sino cambios en los procedimientos de nombramientos discrecionales que realiza el órgano y que, en opinión de Guilarte, llevarían a que el CGPJ perdiera atractivo para los partidos. Estos nombramientos son los que están ahora suspendidos por un cambio legal aprobado en marzo de 2021 que veta estas designaciones mientras el CGPJ esté, como ahora, en funciones.

Aunque la renovación del órgano es solo cosa, en principio, del PSOE y el PP (y de otros grupos que puedan sumarse), el presidente suplente del órgano se ha ofrecido para hacer de mediador. Guilarte fue propuesto en 2013 como vocal por el PP, pero no pertenece al núcleo duro de vocales conservadores que hace un año se conjuraron para bloquear la renovación del Constitucional o que han liderado sucesivas iniciativas para expresar su crítica al Gobierno de Sánchez. El actual presidente suplente lleva años abogando por la renovación del órgano y por hacer cambios que eviten futuros bloqueos, y en ello insistió en la reunión con Bolaños.

Dentro de poco más de una semana, el 4 de diciembre, se da una efeméride insólita: el CGPJ cumple cinco años con el mandato caducado, una prórroga que implica que los vocales duplican el tiempo de mandato para el que fueron elegidos (cinco años). El nuevo titular de Justicia ya dijo el día que tomó posesión que renovar el órgano de gobierno de los jueces no era una “opción”, sino una “obligación”. En esa misma línea se había expresado Sánchez el jueves por la noche, cuando dijo que volverían a intentar un pacto con el PP, después de que el partido de Alberto Núñez Feijóo se bajara hace un año de un acuerdo que ya se daba por cerrado. Si esta vez tampoco se consigue, los socialistas buscarán salidas, pero descartan recuperar la reforma legal que plantearon hace tres años para cambiar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar y precipitar la renovación sin contar con el PP.

Los populares, de momento, no tienden la mano. Preguntada por las palabras del presidente del Gobierno, la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, emplazó a los socialistas a “abandonar todas esas comisiones de investigación” pactadas con los partidos independentistas catalanes y que, según Gamarra, “solo tienen un objetivo: cumplir la exigencia de sus socios”. “Lo primero que tienen que hacer es respetar la separación de poderes y por supuesto respetar la independencia del Poder Judicial”, dijo Gamarra.

En esta línea de crítica dura al Gobierno han vuelto a situarse los vocales conservadores del CGPJ, que han enviado una carta a varias instituciones europeas, incluido el comisario de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a la querella por prevaricación presentada por Sumar. El escrito, enviado por el consejero José María Macías, uno de los más activos del núcleo duro del órgano, define la iniciativa del grupo de Yolanda Díaz como un intento de “aniquilación personal y moral” de los vocales afectados y sostiene que hay una campaña de “desacreditación y linchamiento personal” para impedir a estos vocales ejercer su función de protección de la independencia de los tribunales.