El PP cierra la puerta a negociar la renovación del CGPJ: “No vamos a colaborar. Sánchez quiere controlar el Poder Judicial”

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantendrá su actual composición, de mayoría conservadora, al menos a medio plazo. El mandato de esos vocales lleva caducado casi cinco años, ante la negativa de PP a alcanzar un acuerdo con el PSOE. La renovación, que implica al Parlamento, requiere una mayoría de tres quintos de los escaños; por tanto, es imprescindible el acuerdo entre los dos principales partidos para sacarla adelante. Pero el PP lleva cinco años eludiendo cerrar ese pacto. Y este viernes ha vuelto a dejar claro que no es su prioridad.

“Pedro Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, como ha hecho con el Tribunal Constitucional, como pretende hacer con todas las instancias. Para eso, que no cuenten con nosotros”, ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a preguntas de los periodistas sobre si su partido aceptará la renovación del CGPJ. “Pedro Sánchez es marioneta del independentismo, y para hacer todo lo que le pide el independentismo necesita tener el control judicial, pero nosotros desde luego no vamos a colaborar en eso”, ha insistido durante la primera de las jornadas de puertas abiertas en la Cámara baja y un día después de que el presidente del Gobierno instara al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a llegar a un acuerdo ante el “absurdo e intolerable bloqueo” del órgano.

Horas después de las palabras de Sánchez, pronunciadas durante una entrevista en TVE a primera hora del jueves, dos decisiones judiciales golpearon con dureza a La Moncloa. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, al sostener que carece del “reconocido prestigio” jurídico que exige la ley para presidir el máximo órgano consultivo del Gobierno. Por otro, el CGPJ consideró “no idóneo” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que acababa de ser renovado en el cargo por el Ejecutivo. Ese pronunciamiento del Consejo contra un fiscal general, emitido con ocho votos de vocales conservadores frente a siete de vocales progresistas, no tiene precedentes.

A ambas resoluciones contra nombramientos del Gobierno se ha referido la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, poco antes de dar la bienvenida a los ciudadanos que han acudido a la Cámara baja. “Para consolidar nuestra democracia, hacerla más fuerte, es necesario que la ciudadanía se sienta muy cerca de sus instituciones, también del Poder Judicial. Sin que la ciudadanía sienta que el Poder Judicial es independiente, es una democracia que tiene peligros”, ha expresado la tercera autoridad del Estado en una entrevista en RNE.

Las autoridades de la UE han reiterado en varias ocasiones la necesidad de que España renueve el Consejo General del Poder Judicial, algo a lo que obliga la Constitución. Pero el PP, que a lo largo de estos cinco años ha ido alegando distintos motivos para no cerrar la renovación, insiste sobre todo en que no dará su brazo a torcer mientras no se cambie el método de elección de los miembros del CGPJ. Los populares defienden que los 12 vocales jueces —de los 20 que componen el órgano, los 8 restantes son juristas de reconocido prestigio— sean elegidos directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole todo poder decisorio al Parlamento. Y en esa línea de cerrar cualquier puerta a la negociación con el PSOE en este momento se ha mostrado rotundo Tellado este viernes en el Congreso: “Nosotros no vamos a ser marionetas de Pedro Sánchez”.

Al acto de puertas abiertas en la Cámara baja ha acudido también el portavoz del PSOE, Patxi López, que escuchaba a Tellado a pocos metros y ha cargado contra la resistencia de los populares a sellar un pacto, así como contra la resolución del CGPJ contra el fiscal general de Estado. “Que alguien dé lecciones de constitucionalismo cuando llevan cinco años sin cumplir la Constitución... Y que además ese órgano emita autos diciendo que un fiscal general del Estado no cumple ¿qué?”, ha criticado López. “Solo hay dos requisitos legales, que [Álvaro García] cumple extraordinariamente bien: 15 años de experiencia y reconocido prestigio en la judicatura. Cualquier otra decisión sobre cualquier otra cosa está fuera de la ley y eso es lo que acaba de hacer el Consejo General del Poder Judicial, que está fuera de la ley por llevar cinco años caducado”, ha remachado el portavoz socialista.

Feijóo, sobre el verificador: “Lo oculta porque está avergonzado”

La relación entre el Gobierno de Sánchez y el PP de Núñez Feijóo es en estos momentos de máxima frialdad y enfrentamiento, no solo en el ámbito del Poder Judicial. El líder de los populares ha arremetido este viernes contra La Moncloa por negarse a desvelar el nombre del verificador que el sábado mediará en la reunión prevista entre el PSOE y Junts per Catalunya en Ginebra (Suiza). “El Gobierno lo sigue ocultando. Entiendo que está avergonzado por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España”, ha sostenido Feijóo en declaraciones a los medios durante su visita a la Fundación ONCE del Perro Guía. “¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué acuerdan?”, se ha preguntado el jefe de los conservadores.

El Gobierno ha hecho oídos sordos y ha persistido en mantener la opacidad sobre la cita en Ginebra y sobre la figura del verificador. Ni Patxi López ni Félix Bolaños, este último ministro de la Presidencia y de Justicia, han dado ningún dato sobre una reunión que se producirá fuera de España porque el líder de Junts, Carles Puigdemont, está huido de la justicia y no puede pisar España sin ser detenido. “Seremos discretos en las conversaciones y, cuando haya acuerdos, los haremos públicos”, se ha limitado a responder Bolaños, también en el Congreso, a la pregunta de si la Fundación Henry Dunant, especializada en conflictos internacionales y que medió, por ejemplo, en las conversaciones para el desarme de ETA, es o no el verificador designado en los encuentros entre el PSOE y el partido independentista catalán.