La justicia se cruza con estrépito en la bronca política tras la investidura

La ofensiva de las cúpulas de distintos tribunales de justicia contra el Gobierno por impulsar la amnistía para los encausados del ilegal proceso independentista catalán se ha cruzado en los últimos días con la bronca política en las instituciones y con las protestas en la calle azuzadas por la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox).

En ese ambiente de violenta polarización, el Gobierno (PSOE y Sumar) recibió ayer dos importantes varapalos a nombramientos muy sensibles de la estructura institucional. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por carecer del suficiente prestigio jurídico. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró “no idóneo” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ocho votos de vocales conservadores frente a siete de vocales progresistas.

El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace casi cinco años y desde hace dos tiene prohibidos los nombramientos. Pero ayer opinaron, porque es preceptivo, según la ley, sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, al que un año y medio antes habían considerado “idóneo” para el puesto por 12 votos frente a siete.

El PP aprovechó estos pronunciamientos para denunciar “un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial”. Una visión muy distinta a la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien viajó ayer a Bruselas para tratar con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, sobre la ley de amnistía. El ministro aseguró que la Comisión Europea tiene “cero preocupación” por la salud del Estado de derecho en España.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional continuaba ayer una batalla jurídica mayor entre la Fiscalía y el instructor del caso Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, a cuenta de la posible imputación del expresidente Carles Puigdemont por terrorismo. El auto del juez García-Castellón, que llevaba cuatro años investigando las movilizaciones de Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés, llegó unos días antes de que el PSOE y Junts cerraran su acuerdo para una ley de amnistía cuyo objetivo es perdonar a cientos de personas, entre ellas Puigdemont, los delitos relacionados con el desafío independentista catalán.

Aviso del fiscal al juez del ‘caso Tsunami’ por dilaciones indebidas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el auto del juez ante la sala de lo Penal al considerar que no existía un delito de terrorismo en los hechos investigados sino de desórdenes públicos, por lo que el caso debía devolverse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que tampoco existían suficientes indicios para imputar a Puigdemont.

El juez García Castellón optó entonces por pedir la imputación de Puigdemont al Tribunal Supremo a través de una exposición razonada, dado que el expresidente catalán, huido de la justicia desde 2017, estaba aforado en ese tribunal, según argumentó entonces el instructor.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reaccionó ayer cuestionando estas maniobras del juez García-Castellón, al que atribuyó dilaciones indebidas al no trasladar todavía su recurso, presentado el pasado 10 de noviembre, a la Sala de lo Penal del Supremo.

Querella contra García-Castellón. Podemos presentó la semana pasada una querella contra el juez Manuel García Castellón por prevaricación judicial y revelación de secretos en la causa que reabrió este magistrado en 2021 por supuesta financiación ilegal de la formación política que dirigió hasta hace dos años Pablo Iglesias. El magistrado García-Castellón intentó imputar a Iglesias en el caso Dina por un delito de revelación de secretos cuando era vicepresidente del Gobierno, pero el Supremo lo rechazó.

Mientras se resuelve ahora la querella contra el magistrado, la Audiencia Nacional ha remitido al juzgado de García-Castellón otra denuncia de Podemos para que se investigue la supuesta persecución policial sin amparo judicial que el Ministerio del Interior puso en marcha entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Hay múltiples pruebas en los sumarios que instruye García-Castellón de esa persecución policial que, de momento, sigue impune.

La investigación del lawfare policial. Podemos ha recurrido esta decisión por entender que el juez García-Castellón tiene animadversión hacia esa formación política y, por tanto, no puede decidir sobre la denuncia que han presentado. García Castellón instruye desde hace años el caso Tándem, donde se acumulan cientos de pruebas de actuaciones ilegales de la policía contra adversarios políticos del PP o para proteger al Gobierno de Mariano Rajoy, destruyendo pruebas de la supuesta financiación ilegal de la formación conservadora. Solo este último caso ha tenido consecuencias judiciales: el magistrado ha procesado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exsecretario de Estado, Francisco Martínez, junto a media docena de comisarios.