Vox no logra el apoyo a su huelga general de las grandes organizaciones de masas conservadoras

La huelga general convocada para este viernes por Solidaridad, el brazo sindical de Vox, contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas, ha obtenido el respaldo de Denaes, la fundación afín a Vox; Revuelta, la sección juvenil de Vox, y el propio Vox. Casi nadie más. En declaraciones a Canal Sur, Rodrigo Alonso, secretario general de Solidaridad y diputado de Vox en el Congreso, ha asegurado este jueves que su organización ha hablado con numerosas asociaciones de la sociedad civil, organizaciones agrarias y sindicatos minoritarios y, “en lo personal, en privado, tenemos un respaldo unánime; lo que ocurre es que, por miedo a la represión o a ser señalados, no lo quieren hacer públicamente”. Entre los sindicatos que, según Alonso, coinciden con el manifiesto de la huelga general, pero no han querido señalarse públicamente estaría la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ganadora de las elecciones sindicales en la Administración central, por lo que el diputado de Vox está convencido de que el paro será seguido mayoritariamente en el sector público.

Sin embargo, un portavoz del CSIF ha asegurado a EL PAÍS que lo único que ha hecho Solidaridad es enviarles un correo electrónico para que se sumara al paro, sin que haya existido ninguna conversación entre ambas organizaciones. “Somos un sindicato independiente. No tenemos nada que ver con una huelga política para defender las posiciones de Vox. Hemos sido críticos con los pactos de investidura de Pedro Sánchez, pero no coincidimos en absoluto con ellos”, ha subrayado.

Por su parte, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que apoyó la manifestación contra la amnistía del pasado 18 de noviembre en Madrid, reconoce que han existido contactos con Vox sobre la convocatoria de huelga, pero “no se ha tomado ninguna decisión a nivel nacional”, según fuentes de la organización. CSIF y Asaja pasan por ser las dos grandes organizaciones conservadoras de masas, con unos 200.000 afiliados cada una.

Vox se enfrenta a la tarea de intentar paralizar este viernes España con sus propias fuerzas. Solidaridad asegura contar con 250 delegados sindicales, aunque al Ministerio de Trabajo solo le constan 170; en cualquier caso, menos del 0,1% de los casi 300.000 que hay en España. En Baleares, por ejemplo, el sindicato ultra tiene solo tres delegados de los 7.769 que hay en las islas.

Más difícil es saber con cuántos afiliados cuenta. Solidaridad asegura que son más de 16.000. Sin embargo, en su asamblea anual del año pasado solo votaron 140, a pesar de que podían hacerlo telemáticamente. En la de este año el sindicato ya no ha informado de cuántos afiliados han participado.

Solidaridad es la más opaca de las organizaciones que conforman el entramado de Vox. Al contrario que UGT y Comisiones Obreras, a los que continuamente acusa de corrupción, el sindicato de Vox no ha hecho públicas sus cuentas desde que se creó en 2020, a pesar de que su secretario general se comprometió a auditarlas, ponerlas en el portal de transparencia y a disposición del Tribunal de Cuentas.

En realidad, ni siquiera los afiliados al sindicato tienen a su disposición las cuentas, sino que deben solicitarlas por escrito al secretario general, personalmente o por correo certificado, antes de la asamblea en la que se aprueban. EL PAÍS ha pedido formalmente las cuentas de los ejercicios económicos ya cerrados sin obtener hasta ahora respuesta.

Aunque inicialmente hubo dudas sobre la legalidad de la huelga general —dado su carácter político y la falta de representatividad del sindicato convocante—, el Ministerio de Trabajo la ha dado por buena, tras pedir que se corrigieran defectos formales del escrito inicial. El departamento que dirige Yolanda Díaz alega que “en España las organizaciones sindicales legalmente constituidas pueden convocar huelga”, aunque sean minoritarias, “porque la regulación es muy respetuosa con ese derecho”. Entre otros precedentes, se cita la huelga feminista convocada por la CNT el 8 de marzo de 2018.

Ministerios como el de Transición Ecológica (para el sector de hidrocarburos) o Transportes (para el aéreo) han dictado ya servicios mínimos, igual que la mayoría de las comunidades autónomas. Desde la Secretaría General de Asuntos Sociales del Govern balear —en manos del PP, pero apoyado por Vox— se ha ido más lejos y se ha llegado a enviar una circular a los funcionarios incitándoles hacer huelga, según ha informado el Diario de Mallorca.

La relación de Vox con Solidaridad no se limita a la figura de Rodrigo Alonso, un empresario de telecomunicaciones y marketing digital reconvertido en sindicalista, que fue durante ocho años concejal de Hacienda del PP en Antas (Almería) antes de ocupar un escaño en el Parlamento andaluz, primero, y en el Congreso de Diputados, ahora, con el grupo ultra. Además, la sede del sindicato, en el madrileño barrio de Chamberí, fue antes domicilio social de una empresa de Gabriel Ariza, propietario también de su dominio en Internet. Ariza es hijo del exdueño del grupo Intereconomía, Julio Ariza, y socio de Kiko Méndez-Monasterio, gurú de Abascal. Vox ha desviado casi cuatro millones de euros a la sociedad mercantil de ambos, Tizona Comunicación, según ha denunciado la exdirigente del partido ultra Macarena Olona. En dos sentencias sucesivas, el juzgado número 11 de lo Mercantil de Madrid ha condenado en las últimas semanas a Julio Ariza al pago de más de 15,6 millones de euros (4,4 en una y 11,1 en otra) por “concurso culpable” en la quiebra de su imperio mediático, cuya televisión sigue controlando tras cambiarle el nombre.

Además de la huelga general, Solidaridad ha convocado para este viernes manifestaciones ante las sedes del PSOE en toda España, en línea con las protestas supuestamente espontáneas que se vienen produciendo desde el pasado 3 de noviembre; mientras que Revuelta, la marca blanca de Vox para los jóvenes, con el apoyo de Alternativa Estudiantil, una asociación de estudiantes que utiliza simbología neofascista, ha llamado a la huelga en institutos y universidades.