Vox, a la caza del voto conservador del “partido agrario español”

El Movimiento Campesino Ciudadano (BBB, por sus siglas en neerlandés), con un solo escaño en el Parlamento de Países Bajos, el de su fundadora Caroline van der Plas, ganó por sorpresa las elecciones provinciales y al Senado del pasado 15 de marzo. Según los sondeos, puede convertirse en la segunda fuerza del país en las elecciones generales previstas para noviembre, tras la dimisión del primer ministro de centroderecha, Mark Rutte, que ha gobernado durante 13 años.

Este partido de corte populista se presenta como defensor de los agricultores y ganaderos, denunciando las medidas draconianas supuestamente tomadas desde sus despachos por las élites urbanas para luchar contra el calentamiento global, como el adelanto a 2030 de la reducción del 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero; lo que podría obligar a recortar en casi un tercio la cabaña ganadera del país.

Aunque sea un fenómeno nuevo en Holanda, los partidos agrarios tienen una larga tradición en los Estados nórdicos y del Este de Europa, como Polonia, donde el Partido Campesino (PSL) gobernó con la izquierda tras la caída del comunismo. Lo que les ha revitalizado ahora son las tractoradas y manifestaciones que se han multiplicado por el continente durante la pasada primavera hasta llegar a Bruselas, la capital de las instituciones comunitarias.

El Pacto Verde europeo, que prevé alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono en 2050, y la ley de restauración de la naturaleza, actualmente en negociación entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que ambiciona proteger el 20% de los espacios marítimos y terrestres de la UE al final de esta década, se han convertido en las bestias negras de un movimiento que acusa a los burócratas de Bruselas de actuar de espaldas a quienes viven del campo.

La entrada masiva del cereal ucranio, que ha inundado los mercados del este de Europa, la subida de los precios de los insumos (combustibles, fertilizantes), la devastadora sequía en el sur del continente o la protección de depredadores en peligro de extinción, como el lobo, han espoleado un malestar rural a cuyos lomos se han subido populistas de derechas y ultraderechistas de distinta procedencia.

Santiago Abascal fue el único líder de un partido nacional al que se vio en la gran manifestación en defensa del mundo rural celebrada en Madrid en marzo de 2022, a la que acudieron 150.000 personas, según la Delegación del Gobierno, convocadas por las principales organizaciones de agricultores y ganaderos, pero también por la Federación Española de Caza y la de Criadores del Toro de Lidia. A través de estos dos últimos colectivos, a los que desde sus inicios ha mimado fichando a cazadores y toreros en sus listas electorales —como el diputado por Guadalajara Ángel López Maraver o el vicepresidente del Gobierno autonómico valenciano,Vicente Barrera— , Vox ha buscado penetrar en la España rural para hacerse con un granero estable de votos que sobreviva a las cambiantes coyunturas políticas.

Fue en las autonómicas de Castilla y León, en febrero de 2022, donde Vox obtuvo su mejor resultado en unas elecciones independientes, el 17,6%. Y lo consiguió en un momento en que la tensión en torno al procés, en ebullición durante el ciclo electoral de 2019, había remitido; y en una comunidad donde la inmigración irregular, otra de sus banderas electorales, brilla por su ausencia. Pero logró conectar con el sentimiento de abandono de una región gobernada desde hacía 35 años por el PP. El partido ultra solo pinchó (se quedó en el 11,5% de los votos) en la única provincia en la que tuvo un rival, Soria Ya, capaz de capitalizar mejor este malestar.

El resultado castellanoleonés le permitió a Vox entrar por primera vez en un Gobierno autonómico y desde entonces lo ha hecho en tres más. Con una constante: siempre ha reclamado a su socio, el PP, consejerías relacionadas con el campo. Ha asumido la cartera de Agricultura y Ganadería en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón; y la de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura. Estas consejerías, según fuentes del sector, suponen una importante palanca para atraerse a las organizaciones de agricultores y ganaderos. Y Vox tiene clara su preferencia: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), con más de 200.000 afiliados.

El nuevo consejero de Agricultura de Aragón, Ángel Samper, era secretario general de Asaja en la provincia de Huesca desde 2007 y en la comunidad autónoma desde 2012. En varios artículos se ha hecho eco de algunos de los bulos y obsesiones de Vox, como la supuesta demolición de cientos de presas que son en realidad barreras fluviales; o la polémica ley de bienestar animal, de la que ha llegado a escribir que quiere “convertir a los animales en humanos y a los humanos en bestias”.

Su homólogo castellanoleonés, Gerardo Dueñas, fue gerente regional de Asaja y, en representación de la misma, ha ocupado distintos cargos en organismos autonómicos como el Consejo Económico y Social. La asociación de la que procede le respaldó en su pugna con el Gobierno central por flexibilizar los movimientos del ganado afectado por la tuberculosis bovina en mayo pasado, pero en agosto criticó su inacción ante la rápida expansión de otra enfermedad, la hemorrágica epizoótica (EHE).

En algunas comunidades, como Castilla y León o Andalucía, donde el Parlamento regional aprobó una iniciativa de Vox para regularizar regadíos ilegales en Doñana, los populares se han subido al carro de las propuestas del partido ultra, enfrentándose a la propia Comisión Europea. En otras, como Murcia, Vox se ha puesto al frente de los regantes que rechazan las restricciones con las que se quiere evitar el colapso definitivo del mar Menor, frente a un presidente regional, el popular Fernando López Miras, que se presenta como el baluarte de su protección.

Un nicho electoral

“Tenemos muchos simpatizantes en Asaja, pero el PP tiene más, porque lleva más tiempo trabajando sobre el terreno”, reconocen fuentes de Vox. Precisamente, una de las caras nuevas del Grupo Popular en el Congreso es el diputado Pedro Gallardo, hasta ahora presidente de Asaja en Cádiz. La batalla entre los dos partidos de la derecha por hacerse con un nicho electoral formado por cientos de miles de pequeños y medianos propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas, en su mayoría conservadores, está abierta.

“Yo soy de derechas, pero en 20 años que he estado afiliado al PP nunca nos ha dado nada. Ni a mí, ni a mi explotación, ni a mi pueblo. ¿Quién es Vox? Vox somos los que nos hemos ido del PP porque estamos hartos de que nos maltraten”, afirma Francisco García Peinado, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara. “Lo que el campo quiere de los políticos es cariño y que, cuando haya problemas, no se escondan y den la cara”, añade.

Mientras el PP ha cedido las consejerías de Agricultura como si fueran una pieza menor en la negociación de los gobiernos autonómicos, el partido ultra se ha marcado como prioridad hacerse con los instrumentos de que dispone la Administración para ganarse al mundo rural. Algunos agricultores, sin embargo, acarician la idea de resucitar el viejo Partido Agrario Español, el precedente durante la Segunda República de la fuerza política que hoy está de moda en Países Bajos. No quieren dejarle el campo libre ni al PP ni a Vox.