La victoria de un partido que representa al sector agrario revoluciona el escenario político en Países Bajos

El Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB, en sus siglas neerlandesas), un partido de centroderecha que representa sobre todo los intereses del sector agrícola en Países Bajos, ha logrado una victoria histórica en los comicios provinciales, celebrados este miércoles, de los que depende también la composición del Senado. Con el escrutinio muy avanzado, al BBB se le adjudican de golpe hasta 15 senadores del total de 75 ―serán nombrados en mayo por los nuevos consejos provinciales―. Un estreno en la Cámara alta que altera los actuales equilibrios y puede comprometer los pactos del Gobierno de centroderecha que encabeza Mark Rutte. La única representante de la formación en el Congreso hasta ahora era la diputada y fundadora del BBB, Caroline van der Plas.

En estas elecciones, marcadas por las medidas contra el cambio climático y el debate del cierre de granjas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el BBB ha conseguido vincular la preocupación por el futuro del mundo rural ante estas demandas con una insatisfacción más amplia de la ciudadanía con la política. Con una participación estimada del 57,5% (de 13,1 millones de electores), el partido ha obtenido votos tanto en el campo como en la ciudad, y ha calado la descripción de su ideario: “De derecha en asilo y migración; de izquierda en lo económico”.

El apoyo logrado ha sorprendido al propio BBB: “¿Qué está pasando?”, exclamaba la propia Van der Plas en la noche del miércoles, a medida que avanzaba el escrutinio. Otros partidos que en el pasado han registrado crecimientos espectaculares, como el Foro para la Democracia, del líder de extrema derecha Thierry Baudet, han recorrido ya el camino inverso: este último ha pasado de 12 senadores en 2019 a solo 2. Lo que está claro es que el BBB ha revolucionado el escenario político con sus resultados.

La actual coalición holandesa en el poder está formada por liberales de derecha y de izquierda, cristianodemócratas y Christen Unie, un partido de inspiración protestante. Según el escrutinio, sumarán juntos 24 de los 75 escaños del Senado. El Ejecutivo no tiene mayoría de senadores (fijada en 38), pero suele apoyarse en los socialdemócratas y en GroenLinks, el partido ecologista. Estos dos grupos se han asociado en estas elecciones y pueden llegar a tener 15 senadores en total. Dado que ya han anunciado que esperan “asegurarse de que los gobernantes se inclinen hacia la izquierda”, el Gobierno tiene básicamente dos opciones: inclinarse hacia la derecha, con los 15 senadores del BBB, o apoyarse en los 15 de la socialdemocracia y los ecologistas. Sobre el papel, las cuentas cuadran: con cualquiera de los dos bloques sumaría 39 escaños. En la realidad, son extremos que no comparten el enfoque en temas importantes como el asilo o el clima. El Senado, además, tiene la capacidad de bloquear legislación aprobada por la Cámara baja, lo que augura dificultades para el Gobierno a la hora de impulsar sus proyectos.

Los ganaderos holandeses protestan desde 2020 contra la reducción de las emisiones de nitrógeno en un 50% hasta 2030. Las medidas para luchar contra el cambio climático suponen un ajuste de hasta el 30% de la cabaña ganadera, objetivo contra el que se han manifestado con caravanas de tractores y cortes de carreteras. En 2021, Van der Plas, que también es periodista, logró un escaño en el Congreso en las elecciones generales. Había fundado el partido en 2019 y todo era nuevo para ella, pero no se resistió a dar un golpe de efecto. Acudió a bordo de uno de esos tractores a las puertas del Congreso, atendió exultante a los medios y se presentó como “una ciudadana normal y corriente”.

Este jueves, ha calificado de “basura” que no se puedan modificar las medidas del Gobierno sobre el nitrógeno. Respondía así a las declaraciones de Christianne van der Wal, ministra de Naturaleza y Nitrógeno, que ha recordado las obligaciones del Gobierno en virtud de los tratados internacionales y las sentencias de los tribunales. “Todo puede cambiar si te lo propones”, ha replicado Van der Plas, que ha remitido ya un mensaje al primer ministro, el liberal de derecha Mark Rutte, diciendo que deberían hablar pronto.

Mientras los partidos políticos tradicionales analizan los resultados, la agrupación holandesa Farmers Defense Force (FDF), que ha elegido llamarse así, en inglés, ha advertido ya de que “nadie puede ignorar el deslizamiento de tierra que ha teñido de verde el mapa nacional”. Verde es el color del partido BBB, y su líder se lo puso hasta en las uñas para la jornada electoral. También lució una vistosa cadena con un colgante en forma de vaca. Los votos obtenidos “son el reconocimiento a todos los que han estado luchando por su futuro, su familia y empresa”, ha afirmado Sieta van Keimpema, portavoz de FDF.

La mayoría de las emisiones de amoniaco proceden de la actividad ganadera, del estiércol de los establos, su uso como fertilizante y de los fertilizantes artificiales. Ello afecta al estado de las reservas naturales y a la calidad de las aguas, pero los granjeros rechazan que se les señale como los principales causantes de la contaminación. Apuntan a la industria, la construcción o el tráfico aéreo, mientras exhiben pancartas con el mensaje: “Sin granjeros no hay comida”.

Caroline van der Plas ya ha recalcado que no piensa apoyar las expropiaciones forzosas de granjas situadas junto a reservas naturales —extremo contemplado por el Gobierno—. “La ley dice que la reducción a la mitad de las emisiones de nitrógeno sería en 2035, no lo vamos a adelantar a 2030″, ha asegurado. Por su parte, la Organización Agrícola y Hortícola holandesa (LTO) ha pedido que el “Gobierno y las provincias ajusten el enfoque acerca de estas emisiones con objetivos realistas”.

En la provincia de Groningen, en el norte del país, el BBB va camino de ser también mayoritario, pero en esta zona el voto de protesta se ha dirigido contra la política de extracción de gas natural. La zona tiene el mayor yacimiento europeo y la explotación empezó en 1963. Desde 1986, ha habido más de 1.600 sacudidas de tierra de hasta magnitud 3,6. Este febrero, una comisión parlamentaria concluyó que el Gobierno y las compañías petroleras Shell y ExxonMobil “antepusieron los intereses económicos a las necesidades de los habitantes, en un fallo sin precedentes del sistema”.

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