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Solidaridad, el sindicato de Vox, convoca una huelga general pese a no tener ni el 0,1% de los delegados sindicales

Abascal pedirá al Supremo que suspenda la investidura de Sánchez y amenaza con querellarse contra los senadores del PP si tramitan la ley de amnistía

Santiago Abascal, con su sindicato contra los sindicatos
El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al secretario general de Solidaridad, Rodrigo Alonso, en la celebración del Primero de Mayo del año pasado en el barrio de Chamberí, Madrid.A. Pérez Meca (Europa Press)
Miguel González

Solidaridad, el brazo sindical de Vox, lleva desde la semana pasada recogiendo firmas para convocar una huelga general “ante la traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal y el resto de actores [sic]”. Las huelgas no se convocan en España presentando firmas, así que la recolecta no ha servido a Solidaridad con ese objetivo, pero sí para engordar una valiosa base de datos con números de teléfono, direcciones de correo e identidades de potenciales seguidores.

Finalmente, Solidaridad ha anunciado la presentación esta misma mañana, en el Ministerio de Trabajo, de la correspondiente convocaría de huelga general para el 24 de noviembre. Se cumpliría así con la exigencia de que el preaviso se presente, al menos, con diez días naturales de antelación. Es mucho más dudoso, sin embargo, que cumpla los restantes requisitos legales; entre otros, que los sindicatos convocantes tengan implantación en las empresas o sectores donde se realizará el paro.

Solo Comisiones Obreras y UGT tienen, a nivel de toda España, el carácter de sindicatos más representativos, al contar con al menos el 10% de los representantes de los trabajadores. En 2021, Vox intentó rebajar este listón al 5% ante la escasa presencia de Solidaridad en los comités de empresa, pero no lo consiguió.

Aunque lo hubiera logrado, no le habría servido de mucho: el sindicato ultra asegura tener 250 delegados en toda España,. Es decir, no llega, según sus propios datos, al 0,1% de los representantes de los trabajadores, mientras que los dos sindicatos mayoritarios tienen unos 100.000 cada uno.

El segundo obstáculo es cualitativo, pues la huelga general solo puede hacerse “en el ámbito de las relaciones laborales” y están expresamente prohibidas las de carácter político. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intentado este lunes sortear ese obstáculo alegando que los pactos de Pedro Sánchez con los partidos independentistas incluyen la condonación de la deuda a algunas comunidades autónomas y la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Tras mostrar el respaldo de su partido a la huelga general, ha hecho un llamamiento a otras organizaciones sindicales y sociales para que la secunden. De momento, lo único seguro es el respaldo de grupúsculos neonazis y de extrema derecha que han protagonizado los disturbios junto a las sedes del PSOE.

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Miguel Tellado, vicesecretario general del PP, ha recordado a Vox que las huelgas en España las convocan los sindicatos, no los partidos. El hecho de que Solidaridad es solo una pantalla de Vox —como la supuesta asociación juvenil Revuelta, utilizada para convocar las protestas en la madrileña calle Ferraz— no es solo una sospecha: su secretario general, Rodrigo Alonso, es diputado del grupo ultra en el Congreso y antes lo fue en el Parlamento andaluz. También, ha sido concejal del PP y empresario, pero no asalariado. Quien sí lo ha sido es David García, el “diputado obrero” de Vox como se autodenomina —su esposa es amiga personal de la actual esposa de Abascal, Lidia Bedman— que se sienta en el Parlamento valenciano. El desembarco de Alonso y García en el Congreso en las últimas elecciones generales (aunque el segundo se quedó finalmente sin escaño) fue un síntoma del giro nacional-sindicalista de Vox que concluyó con la purga del sector ultraliberal y la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros.

A pesar de que la ley de Transparencia le obliga a ello, Solidaridad no ha hecho públicas sus cuentas ni fuentes de financiación desde que se fundó en 2020. El sindicato está estrechamente vinculado a Tizona Comunicación, la empresa de Gabriel Ariza (hijo de Julio Ariza, patrono de la televisión oficiosa de Vox) y Kiko Méndez-Monasterio, gurú de Abascal, que habría recibido casi cuatro millones de euros de fondos públicos del partido según ha denunciado su exdirigente Macarena Olona. La sede del sindicato está en el antiguo domicilio social de Tizona y su dominio en Internet es del hijo de Ariza.

La huelga general no es la única iniciativa de Vox para intentar parar el “golpe de Estado” de Sánchez, como lo denomina. Abascal ha anunciado este lunes que mañana por la mañana presentará una querella contra Pedro Sánchez en el Supremo por tres delitos que no ha querido detallar en la que pedirá, como medida cautelar, la suspensión de la sesión de investidura convocada para el miércoles y jueves. Vox ya ha denunciado a Sánchez en ocasiones anteriores, la última en diciembre pasado, y los jueces siempre han rechazado sus querellas por falta de fundamento.

Además, mientras urgía al PP a convocar esta misma semana “manifestaciones institucionales” por parte de los gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos donde gobierna, el líder ultra ha amenazado con denunciar a la Mesa del Senado, que controla el Grupo Popular, si admite a trámite la ley de Amnistía cuando se la remita el Congreso.

Abascal ha mostrado su “respeto, respaldo y admiración” por los manifestantes que protestan cada noche ante las sedes del PSOE, obviado los incidentes violentos y la participación de grupos neonazis, y ha advertido de que, si se produce la investidura de Sánchez, “no va a haber vuelta a la normalidad” en España.

Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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