El sindicato de Vox oculta sus cuentas incumpliendo la Ley de Transparencia

El brazo sindical de Vox, Solidaridad, no ha hecho públicas sus cuentas desde que se fundó, en 2020, incumpliendo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta ley de 2013 obliga a las organizaciones sindicales a publicar en su página web sus presupuestos y cuentas anuales, lo que Solidaridad no hizo en el ejercicio de 2021 ni tampoco en el de 2022. La obligación, aseguran fuentes jurídicas, es independiente de que el sindicato reciba o no subvenciones públicas, ya que sus afiliados pueden desgravarse la cuota sindical en la declaración de la renta, por lo que siempre existe una financiación pública, aunque sea indirecta.

La financiación del brazo sindical de Vox constituye un misterio. Cuando anunció su creación en un mitin de la campaña electoral al Parlamento gallego, en julio de 2020, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, aseguró que la nueva organización sindical se financiaría solo con las cuotas de sus afiliados.

Sin embargo, según fuentes próximas a Vox, el partido habría realizado el pasado año una importante donación económica al sindicato, aunque este trasvase no podrá confirmarse hasta que se conozcan sus cuentas de 2022, en la asamblea anual de primavera, si no se retrasa a causa de las elecciones.

Pero Vox también financia a Solidaridad por otras vías. El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, cobra como diputado del partido ultra en el Parlamento autonómico andaluz; y su cara visible en Valencia, David Gomis, ocupa un escaño en las Cortes valencianas. La opacidad de las cuentas del sindicato impide saber si también recibe financiación de particulares, asociaciones o empresas.

Cuando anunció su creación, Abascal presentó Solidaridad como la única organización sindical capaz de “proteger a los trabajadores de los sindicatos subvencionados, ideológicos y corruptos”, en alusión a Comisiones Obreras y UGT.

Solidaridad se presenta públicamente como el azote de la supuesta corrupción de los sindicatos de clase, que se han convertido en el principal objetivo de sus campañas, con acciones propagandísticas ante sus sedes, intentos de reventar sus actos y denuncias judiciales, incluida la personación como acusación popular en el caso por el desvío de fondos del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial).

El pasado viernes, el sindicato ultra llegó a pedir que el juicio por el fraude de los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en Andalucía culmine con la ilegalización de CC OO, UGT y del PSOE andaluz; lo que se sumaría a la ilegalización de los partidos nacionalistas (PNV, Bildu, ERC o Junts) que ya reclama Abascal.

Donaciones a Disenso

Vox respondió este sábado a la información de EL PAÍS que revelaba que su Comité Ejecutivo Nacional aprobó en febrero de 2022 el trasvase de dos millones de euros a la fundación Disenso, sin informar de esta decisión en la asamblea celebrada dos meses después, el 1 de abril, alegando, en comunicaciones internas a sus afiliados, que sí se había informado de este trasvase de fondos. Para ello, utilizó las referencias que hizo en la asamblea el tesorero Pablo Sáez a la donación de 2,5 millones realizada en 2021 a la misma fundación, obviando que se trata de un traspaso de fondos diferente del aprobado en febrero de 2022. Finalmente, Vox argumentó que de esta última decisión se informará en la próxima asamblea del partido; es decir, al menos 14 meses después de haberla adoptado.

Vox no respondió, en cambio, al hecho de que Abascal figure como patrono con carácter vitalicio de Disenso y que, según los estatutos de la fundación, no pueda ser destituido de su cúpula directiva cuando cese como presidente del partido, salvo que dimita voluntariamente. La formación se limitó a asegurar, a través de un tuit, que “Vox y su Fundación Disenso son el partido y la fundación más transparentes de España”. Sin embargo, Disenso no tiene sus estatutos accesibles en la web, como las fundaciones similares.

Vox defiende la supresión de las subvenciones públicas a los sindicatos y presume de haberlas recortado en Castilla y León —donde gobierna en coalición con el PP—, pero ya no defiende, como en 2018, que se eliminen las ayudas a fundaciones como Disenso.