Vox intenta morder al PP en el punto débil del aborto

Alberto Núñez Feijóo comenzó el martes huyendo de los micrófonos de los periodistas en un desayuno informativo que protagonizaba en Madrid su sucesor al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Le perseguía una pregunta que no quiso responder: “¿Es el aborto un derecho?”. Su portavoz de campaña, Borja Sémper, había sorprendido el día anterior afirmando que no lo es, lo que matizaba la posición del partido después de que Feijóo hubiera aceptado la ley de plazos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la norma. “¿Por qué no estamos tranquilos? Tenemos al presidente de Galicia aquí”, se escabulló el líder del PP, antes de emplazar a una “rueda de prensa” el miércoles en la que respondería sobre el asunto. Feijóo trató de ganar tiempo para perfilar una respuesta ante el morrocotudo lío que se le ha montado con la interrupción voluntaria del embarazo, con los obispos y los sectores más duros de la derecha arremetiendo contra el PP. En ese río revuelto para los populares ha entrado además a pescar Vox. El partido de Santiago Abascal ha llevado al Congreso su plan antiabortista para presionar a Feijóo, que sigue reculando ante los halcones.

Vox quiere aprovechar el flanco que se ha abierto en el PP con el giro de Feijóo sobre el aborto para atraerse a los sectores más integristas y ultraconservadores, que nutren el electorado de ambos partidos. Su grupo parlamentario presentó por sorpresa este martes una proposición no de ley en la que insta a derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, que el Constitucional acaba de avalar y Feijóo ha asumido. La iniciativa es puramente testimonial, no solo porque será rechazada con toda seguridad sino porque no tiene fuerza normativa, pero obligará al Grupo Popular a retratarse en un asunto delicado para muchos de sus miembros mientras se aproxima un nuevo ciclo electoral. Una de las proponentes de la iniciativa de Vox es Lourdes Méndez Monasterio, quien como diputada del PP entonces, firmó el recurso del Grupo Popular contra la ley del aborto que el Constitucional acaba de tumbar.

Además de pedir la derogación de la ley de 2010, a la que solo quedan unos días en vigor, la proposición de Vox pide extender a todas las comunidades autónomas las medidas que pactó con el PP en Castilla y León y de las que el presidente Alfonso Fernández Mañueco se echó luego atrás, ante el escándalo que levantó: asistencia psicológica, posibilidad de escuchar el latido fetal y ecografías 4D. De manera confusa, el texto dice que estos servicios serán un “ofrecimiento, para las mujeres embarazadas que lo soliciten”. No se aclara si el ofrecimiento es previo a la solicitud.

Además, pretende “garantizar el derecho fundamental a la objeción de conciencia de todos los profesionales que en cualquier manera tengan relación con la práctica del aborto, sin condicionar dicho ejercicio a la inscripción previa en un registro”. Esta cláusula implica extender el derecho a la objeción de conciencia a cualquier personal sanitario (médicos, anestesistas, enfermeros, celadores, etcétera) y permitir su ejercicio sin previo aviso; lo que supone someter a la incertidumbre la realización de estas intervenciones.

Lo que Vox quiere es la ilegalización del aborto y la eutanasia (“la protección de la vida desde la concepción hasta su extinción natural”) pero, mientras no tenga mayoría para hacerlo, trata de poner trabas a su ejercicio, como han reconocido destacados miembros del partido. Preguntado por si Vox volvería a tipificar el aborto como delito, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, respondió este martes: “Jamás se ha hablado de la barbaridad de meter a mujeres en la cárcel”. Sin embargo, su vicepresidente político, Jorge Buxadé, ha calificado el aborto como el “homicidio planificado de un ser humano en el seno materno”; es decir, un crimen.

En realidad, la iniciativa de Vox no pretende que las medidas que propone se lleven a la práctica. Si así fuera, las habría presentado como enmiendas a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que desde septiembre pasado se debate en el Parlamento y este jueves pasará su último trámite en el Congreso antes de publicarse en el BOE. Pero ni en la Cámara baja ni en la alta ha propuesto Vox estas medidas para reforzar el “consentimiento informado” de la mujer: se ha limitado a formular propuestas de veto que, pese a su extensión, no hablaban de escuchar el latido del fecho o verlo en 4D.

Vox quiere aprovechar el aborto para poner al PP ante sus contradicciones y marcar territorio a poco más de tres meses de unas elecciones autonómicas y municipales en las que parte de su electorado podría darle la espalda. El pasado domingo, en el mitin con el que abrió su precampaña electoral, en la plaza de toros de Murcia, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Feijóo de echarse en manos de la izquierda por asumir la ley del aborto de 2010. “El PP es el PSOE con diez años de retraso”, dijo Abascal. Y añadió, en un guiño a quienes homologan al cigoto con el ser humano: “Ya solo queda Vox para defender a los más indefensos”.

Entre estos últimos figura Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior con Aznar y presidente de One of Us, que el pasado día 8 participó en una conferencia en Bruselas de medio centenar de organizaciones antiabortistas que se oponen a que el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo figure en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La propuesta de incluir el derecho a un aborto “seguro y legal” en dicha carta, respaldada por el presidente francés Emmanuel Macron y el Parlamento Europeo, busca evitar que regímenes ultraconservadores como los de Polonia y Hungría lo prohíban en la práctica.

El PP, en paralelo, se despierta cada día con nuevas arremetidas de los sectores más conservadores de la derecha y de la Iglesia. El último ha sido el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha disparado directamente contra Feijóo, de quien ha llegado a decir que “está sobrando” en el PP, y que nadie con “recta conciencia” debería votar a los populares si comparte la postura del presidente del PP. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Feijóo reconoció que “una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales” y que por tanto la norma “merece su respeto”.

Consciente de la oposición de esos círculos de su electorado, el PP arrancó la semana modulando el giro de Feijóo, ahora sin considerar el aborto un derecho, el nuevo anatema para los populares. Tras Borja Sémper el lunes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, evitó este martes calificar el aborto como un derecho ante las reiteradas preguntas que se le formularon en rueda de prensa en el Congreso. “El aborto es un fracaso, es un drama para toda mujer que tiene que acudir a él”, repuso la número dos de Feijóo. La portavoz parlamentaria reconoció que en el PP coexisten “muchas sensibilidades” y evitó responder a si personalmente ella creía que el aborto era un derecho. “Nunca juzgaré a una mujer que toma esa decisión, pero trabajaré para que no tenga que hacerlo”, contestó, después de insistir en que “hay una ley de plazos en vigor que está asumida por la sociedad española”.

Además de la presión de los sectores duros, el PP se enfrenta ahora también al acoso de Vox, mientras en el equipo directo de Feijóo reconocen dudas sobre si considerar o no el aborto como un derecho de las mujeres. En principio, el líder del PP marcará su posición este miércoles. En plena vorágine, Feijóo medita cómo recoser las costuras de una derecha que ha implosionado.