El alquiler de un piso turístico para cuestionar a la alcaldesa de Valencia: “Ni son mil ni están cerrados”

“Ni son mil ni están cerrados”, ha asegurado este jueves Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, desde el interior de un apartamento turístico en el barrio de la Malva-rosa supuestamente clausurado pero que sigue anunciándose en las plataformas del alquiler. El grupo de la oposición ha denunciado la falta de celo del gobierno local, de PP y Vox, en la persecución de los alojamientos turísticos en situación irregular que proliferan por toda la capital. En un bajo de unos 30 metros cuadrados, que Compromís ha alquilado dos noches por 177 euros, Robles ha explicado que sobre el inmueble pesaba una orden cierre de hace dos años y, sin embargo, seguía en el mercado. Por eso han podido alquilarlo. Prácticamente a la vez que el grupo de la oposición denunciaba la situación, la alcaldesa María José Catalá, del PP, ha presumido de que ha cerrado un 14% de pisos turísticos en dos años y medio de mandato.

Papi Robles, rodeada de dirigentes vecinales de los barrios del marítimo, ha explicado el periplo de su grupo para seguirle la pista a este y otros inmuebles similares. “Estamos dentro de uno de los 1.000 apartamentos turísticos que [la alcaldesa María José] Catalá dice que ha cerrado”, ha apuntado la portavoz valencianista a pie de cama. Su formación, nada más conocer el anuncio de la alcaldesa en octubre de 2025 de que había “clausurado” más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad —concretamente desde que dictó una moratoria de aperturas en mayo de 2024— pidió al gobierno local un listado para comprobarlo. No le dieron los datos y tuvieron que acudir al Síndic de Greuges (defensor del pueblo autonómico) pidiendo amparo. Después de pelearlo, al final, Urbanismo les remitió un pdf con “800 direcciones” sometidas a la inspección municipal.

“Nos han enviado un pdf en el que prácticamente no se podía comprobar la información. Pero hemos hecho un trabajo meticuloso y hemos detectado las direcciones de los apartamentos, que no son 1.000 sino 800 los inspeccionados y solo ”algunos de estos han acabado en cierre”, ha detallado la concejala, que acusa a Catalá de “mentir”. “Hemos identificado algunos de esos pisos, hemos entrado en una plataforma y contratado este apartamento en el que estamos”, ha explicado.

La alcaldesa, según Robles, “se ha enterado de que íbamos a hacer este acto y esta mañana a las ocho ha notificado a la asociación de vecinos del Cabanyal, que ha denunciado la actividad supuestamente irregular, que este apartamento tiene licencia. Pero hasta la fecha, lo único que sabía el grupo municipal es que desde hace dos años pesaba una orden de cierre, “por tanto debería de haber hecho un seguimiento”. La portavoz ha advertido que Compromís ”no va a parar de perseguir esta actividad ilegal que está destruyendo nuestra ciudad. Si mañana tenemos que alquilar otro piso más para demostrar otra mentira, lo haremos”.

La portavoz acusa a la alcaldesa de “vender” la ciudad por la puerta de atrás”. Esta coalición, cuyo alcalde Joan Ribó gobernó la capital durante ocho años, ha cursado más de 5.000 denuncias, con direcciones concretas, de apartamentos ilegales que los ciudadanos les han ido comunicando a través de una web que crearon bajo el nombre de Quenotetiren.com. “Queremos construir la ciudad para la gente que vive en ella, no para la gente que vienen a hacer negocio a costa de nuestro derecho a tener una vivienda digna”. Según Compromís, en 2024 hubo una intervención de la Policía Local sobre ese piso turístico y días después se emitió una orden de cierre. “Desde ese momento, este apartamento ha estado disponible”, ha reiterado Robles.

Daniel Adell, presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, ha descrito la labor desplegada por su entidad para frenar la apertura indiscriminada de apartamentos en un barrio muy goloso para los visitantes, pues dista apenas unos cientos de metros de las playas urbanas de València. “La ley obliga al Ayuntamiento a hacer pública la lista de pisos legales en la ciudad pero no nos la han dado. Así que lo que hacemos es pedir explicaciones a cada obra que vemos, a cada apartamento turísticos que detectamos que se abre, al que aparece en una segunda o tercera planta. Tenemos más de 450 comunicaciones al Ayuntamiento para que ponga remedio a este tsunami que está acabando con los residentes de la Malva-rosa, el Cabanyal, el Grau, o la Illa Perduda. Nos da mucha pena que un gobierno municipal no ayude a los vecinos de un barrio porque estamos en medio de una crisis de vivienda asoladora y pedimos a los poderes públicos que paren esta locura", ha dicho Adell.

Julián Mascaró, secretario de la misma asociación, explica cómo el Ayuntamiento les ha notificado esta misma mañana que el expediente sobre el piso visitado, que ellos denunciaron como supuestamente irregular, se ha cerrado porque tiene un título habilitante anterior a la moratoria municipal de 2024. “Es la respuesta que estamos recibiendo a la mayoría de las denuncias que estamos poniendo”, aduce Mascaró. A lo que Adell apostilla: “Este modelo nos está arrasando”.

Vicente Gallart, otro de los dirigentes vecinales del Cabanyal, cita la memoria de la modificación de la ordenanza de apartamentos turísticos de Valencia sobre la moratoria de nuevas aperturas. “Ahí aparece que en la ciudad de València había a principios de 2025 un total de 11.612 apartamentos turísticos ofrecidos por las plataformas. De esos, solo había 5.848 pisos que aparecían en el registro de la Generalitat, luego hay 6.000 “manifiestamente ilegales”.

El gobierno local de Valencia ha aprovechado la denuncia del grupo de la oposición y de los vecinos para ofrecer una nueva entrega de datos: en dos años y medio de mandato han reducido el número de apartamentos turísticos en un 14%. “Desde que el Ayuntamiento aprobó la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos, en mayo de 2024, el número de alojamientos registrados en la base de datos municipal se ha reducido de 10.516 a 9.057″, apuntan.

Y en respuesta a la portavoz Papi Robles, el PP atribuye la situación creada con las viviendas turísticas a la “barra libre que PSPV y Compromís impusieron en la ciudad durante sus ocho años de gobierno”. “Si hubieran contado la verdad, habrían explicado que la petición de licencia de apartamento turístico que hoy han puesto de ejemplo es de 2022, cuando gobernaba Compromís”. “Había una denuncia de la asociación de vecinos y esta mañana se les ha comunicado a la asociación de vecinos que el apartamento dispone de licencia y es legal”, han concluido.

Los socialistas añaden que la Generalitat “desmiente” los datos ofrecidos por Catalá. “Indican que, desde la entrada en vigor de la moratoria en la ciudad de València, hay un 30% más de pisos turísticos registrados”. Para el concejal socialista Javier Mateo, “la obligación de la alcaldesa es afrontar el problema con transparencia y verdad”. Por ello, le ha exigido que sea “realista, que se enfrente a los problemas y que los reconozca, no que mienta a la ciudadanía”.